El Tribunal Contencioso Administrativo anuló el 24 de noviembre la concesión al proyecto minero Crucitas. Esa misma tarde, expertos de universidades estatales debatieron sobre las consecuencias técnicas ambientales de la minería a cielo abierto, en un foro moderado por Jorge Vargas Cullel del Programa Estado de la Nación.
A las cuatro de la tarde del pasado 24 de noviembre, el juez Eduardo González del Tribunal Contencioso Administrativo, inició la lectura de la sentencia en que se anulaba la concesión al proyecto Minero Crucitas, ubicado en Cutris de San Carlos, debido a que se encontraron varias irregularidades en el otorgamiento de los permisos para la extracción de oro.
Además, los jueces argumentaron que no hubo suficiente fundamentación técnica para que se firmara, en octubre del 2008, el decreto que declaró el proyecto minero de conveniencia nacional y de interés público, y que permitió que se talaran 50 hectáreas de bosque donde crecían almendros amarillos, una especie cuya corta está vedada con el objetivo de preservar el hábitat de las lapas verdes.
Además, cita la resolución, se encontraron irregularidades en el permiso de viabilidad ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), quien a criterio de los jueces debió de exigir un nuevo estudio de impacto ambiental cuando la empresa minera incluyó cambios en el proyecto.
Además, notificó esta sentencia al Ministerio Público para que valore si corresponde abrir un procedimiento penal contra el expresidente Oscar Arias; el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, la exsecretaria de Setena, Sonia Espinosa, y cinco funcionarios más.
La demanda en este caso fue interpuesta por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), el Frente Norte por la Vida (Unovida) y el abogado ambientalista Álvaro Sagot, ellos argumentaron que los permisos se habían otorgado sin cumplir con los requisitos que establece la normativa vigente, además de cuestionar que el Estado apoyara un proyecto que pone en peligro especies la biodiversidad del país.
José Manuel Echandi, abogado de los trabajadores de la mina Crucitas, adelantó que impugnarán el fallo ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, las cuatro universidades públicas organizaron el Foro “Crucitas: minería metálica a cielo abierto”, donde Allan Astorga académico de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Clemens Ruepert, del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) y Jorge Lobo de la Escuela de Biología de la UCR, debatieron sobre el recurso hídrico, el potencial impacto de las sustancias peligrosas y la biodiversidad y los recursos forestales respectivamente.
Astorga mencionó que nunca se debió de dar la viabilidad ambiental porque se intercepta el acuífero inferior, que provocaría un daño irreversible y que la SETENA nunca se dio cuenta.
Con respecto a las sustancias peligrosas Ruepert menciona que no se habla del manejo de los químicos dentro del proceso. “Se habla mucho del cianuro pero hay otros químicos que pueden afectar a la fauna acuática y no se han tomado en cuenta”.
Por su parte, Lobo habló de la tala de árboles centenarios que se dio en la zona. “La empresa taló 100 hectáreas en dos días sin tomar ninguna consideración”.
