Víctor J. Barrantes y Laura Ortiz C., UNA COMUNICA
En la quinta reunión de la Comisión de Enlace, el gobierno de la República y las cinco universidades públicas acordaron, este 8 de julio, un aumento del 1% para el Fondo Especial de la Educación Superior del 2026, que equivale a poco más de 5.900 millones, de los cuales el 50% está destinado a becas socioeconómicas y apoyos estudiantiles.
Tras una jornada de cinco horas los representantes de la Comisión de Enlace, Leonardo Sánchez Hernández, presidente del órgano y ministro de Educación, así como María Estrada Sánchez, presidenta del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rectora del TEC, anunciaron el acuerdo, durante una improvisada conferencia de prensa e la sede del MICIT.
El convenio establece, además, que si la inflación supera ese 1%, se hará un ajuste del 0.5% adicional en el presupuesto extraordinario, en julio del próximo año. De esta forma, ambas partes aseguran que se daría cumplimiento a la disposición constitucional de ajustar el monto de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
Tanto el ministro Sánchez, como la rectora Estrada externaron la satisfacción por haber construido este acuerdo, pues se llegó al consenso de que la educación es solo una y que los puntos críticos de la educación fueron los que tuvieron mayor preponderancia durante el diálogo. La rectora Estrada también destacó que de seis propuestas que se analizaron durante las cinco sesiones de negociación, siempre hubo apertura por ver los diferentes escenarios, pero al final primaron la competitividad y desarrollo del país.
De igual forma, la presidenta de Conare anunció que en relación con la transferencia de los fondos postergados de años anteriores a las universidades—otro de los puntos de la negociación—se conformará una comisión integrada por los vicerrectores de administración de las universidades y del Ministerio de Hacienda para analizar del presente a octubre la forma como se distribuirán tales recursos en el 2026. Al respecto, ya ha existido un acuerdo anterior entre las universidades, lo cual la hace pensar que el reparto se resolverá sin dificultad.
Ante el cuestionamiento de si se violenta la autonomía universitaria al acordar que parte del presupuesto aprobado sea para al estudiantado, Estrada negó que haya habido un condicionamiento por parte del gobierno, pues las universidades creen en los apoyos a la vida estudiantil, más allá de las becas.
“Estamos muy complacidos de que podamos haber llegado a un acuerdo que reconoce como base de partida el monto FEES asignado para el 2025, más un 1% de incremento, donde los rectores y la rectora tomamos el acuerdo de que el 0.5% de ese monto se destine a becas socioeconómicas y apoyos estudiantiles, lo que ratifica el compromiso de las universidades públicas con atender a la población estudiantil más vulnerable y se le faciliten las condiciones para poder aspirar a tener una educación que transforme su vida y pueda potenciar sus realidades”, dijo Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA).
Para la UNA, este aumento significa 1.175 millones adicionales al presupuesto, “que nos permitirá invertir en becas estudiantiles y seguir la tendencia de la administración anterior de poder aumentar gradualmente y en forma sostenida el fondo de becas, pero también para crear apoyos adicionales en materia de transporte, de compra de materiales para los estudiantes. Nos permite, como institución, seguir abriendo carrera académica para que las personas académicas puedan seguir ascendiendo en el régimen, y también para fortalecer la Junta de Becas, sobre todo lo que tiene que ver con los montos asignados para las becas que están resguardadas en el PFESA, porque para nosotros es fundamental asegurar la formación y la dotación de recurso altamente especializado.”
“Este es el primer acuerdo en donde se reconoce un incremento de un 0,5 % destinado exclusivamente para becas y servicios estudiantiles, y el otro 0,5 % únicamente para gastos de operación, cuando en acuerdos anteriores se veía que el incremento iba para gastos de operación y las universidades después hacían sus números y cálculos. Las representaciones estudiantiles creemos que esta es una herramienta que también podemos manejar, para llevar a lo interno de nuestras universidades, y no solamente cumplir un rol vigilante, sino también vinculado, involucrado en la toma de decisiones de hacia dónde se van a dirigir esos recursos”, concluyó Raquel Loría Quesada, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), y representante en Conare del movimiento estudiantil.
Una ruta más expedita
A diferencia de 2024, cuando el gobierno se retiró de la mesa de negociación el 16 de agosto, previo a la quinta sesión, y el FEES debió aprobarse en la Asamblea Legislativa, el 27 de noviembre, por primera vez en la historia, este año las partes alcanzaron el acuerdo en la quinta sesión. La negociación se resolvió en el lapso de seis semanas.
27 mayo: primera sesión de la Comisión de Enlace. Se revisaron los 22 indicadores que el gobierno y universidades habían acordado desde el año anterior y que incluye, entre otros, becas, ingreso de estudiantes de grupos vulnerables, investigación, actualización de planes de estudios, entre otros.
3 junio: el Gobierno propone un aumento del FEES del 0.5% sobre la base aprobada el año anterior. Las universidades la rechazan por insuficiente y cuestionan lo criterios técnicos empleados.
17 junio: Conare presenta propuesta de aumento de 2.5%.
24 junio: El Gobierno propone un 0.8 % de aumento, del cual un 0.5% corresponde a la base y un 0.3% debe ser destinado a becas. Además, se agregó una cláusula que permitiría, en caso de que la inflación de 2025 supere el 0.8%, realizar un ajuste por medio de un presupuesto extraordinario en junio de 2026, hasta un máximo del 1.5%.
8 julio: las partes acuerdan un aumento del 1%, con la posibilidad de un aumento adicional del 0.5% si la inflación anual supera tal porcentaje.
