Costa Rica ha sido un país tradicionalmente de puertas abiertas y de respeto a los derechos humanos. En consonancia con esa visión, la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional (UNA) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lideran una iniciativa para que, a partir del próximo año, las bibliotecas públicas, municipales y escolares brinden información y asistencia a personas solicitantes de asilo en el país.
Con ese objetivo, el pasado 8 de setiembre, personeros de Acnur brindaron una capacitación a funcionarios de instituciones públicas sobre el tema de las personas refugiadas, sus derechos y la forma en que pueden gestionar la solicitud de asilo en el país. La actividad se llevó a cabo en la Biblioteca Pública de San Joaquín de Flores, en Heredia.
Sharon Ugalde, coordinadora de la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez Brenes de la UNA, mejor conocida como el “Trencito”, destacó que desde el 2023 viene trabajando de la mano con Acnur y otras organizaciones como HIAS en visitas guiadas de jóvenes refugiados a la universidad o el proyecto dirigido a madres migrantes que se capacitan y gradúan en el manejo de redes sociales y mercadeo.
“Entonces, a partir de ahí, hemos reflexionado cuál debería ser el rol de las bibliotecas de carácter público, más allá de la labor que podamos hacer las universidades o los organismos internacionales. En estos espacios se atiende a públicos muy diferentes y la idea es que los bibliotecólogos seamos cada vez más dinámicos y saber que, además de los servicios de información que brindamos, podemos también ofrecer esta colaboración a quien la necesite”, manifestó Ugalde.
La académica utilizó el término de “bibliotecas humanas” como un espacio de encuentro donde, aparte de ir en la búsqueda de un libro, personas refugiadas y solicitantes de asilo cuenten también sus experiencias a otros.
De esta manera, se busca fortalecer las acciones para erradicar los estereotipos o el desconocimiento que pueda girar alrededor de las personas refugiadas y su situación humanitaria. Durante la actividad que se definió como un “plan piloto”, la asesora legal de Acnur, Alejandra Bogarín, compartió dinámicas para entender la perspectiva humana detrás de la persona que por alguna razón evidenciable tuvo que abandonar su país de origen.
La funcionaria de Acnur indicó que las razones por las cuales esa persona no puede regresar a su país son por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género, donde además sus vidas o las de sus allegados corren riesgo.
Sin embargo, en el proceso, las personas solicitantes de este estatus pueden tener dudas. Por ejemplo, ante cuál institución se debe hacer el trámite, cómo se obtiene una cita, qué tipo de documentación se deben aportar, cómo se atiende la entrevista e incluso cuál es el estatus migratorio que se tiene durante el procedimiento de solicitud y eventual aprobación o denegación.
De ahí la necesidad de contar con más espacios públicos donde se brinde esta información. Sharon Ugalde indicó que el siguiente paso será incorporar al Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi) y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en el proyecto.
Sensibilidad
Alison Garita es estudiante de cuarto nivel de la carrera de Bibliotecología. Esta vecina de San Rafael de Heredia recuerda que en sus tiempos de estudiante en el colegio Carlos Pascua Zúñiga, uno de sus compañeros y su mamá hicieron el viaje desde Venezuela para instalarse en el país y solicitar asilo.
“A él sí lo pudieron admitir en el colegio ese año y en la misma desesperación de ver cómo podía ayudar a la mamá, acudió a los orientadores de ese momento y ellos lo refirieron a la biblioteca del colegio. Había una bibliotecóloga muy buena que daba charlas sobre estos temas y le ayudó”, recordó Garita, quien asistió a la capacitación del plan piloto.
La realidad de las personas refugiadas es un tema de atención en el país y en todo el mundo. De acuerdo con datos oficiales de Acnur, hacia finales de 2024 había 42.7 millones de personas bajo este estatus en todo el mundo. Sumando a quienes son refugiados y desplazados la cifra alcanzó los 123 millones de personas.
En cuanto a las proyecciones, se estima que para el 2026, unos 2.5 millones de personas (la mitad de la población de Costa Rica) necesitarán ser reasentadas el próximo año. Las principales poblaciones que requerirán asistencia provendrán de Afganistán, Siria, Sudán del Sur y de la República Democrática del Congo, donde existen conflictos militares abiertos y persecución. Destaca en esa lista a la población de los rohinyás, que son musulmanes asentados en Myanmar y es considerado el grupo étnico más perseguido del mundo.
Costa Rica no es ajena a esta situación, aunque la población solicitante proviene en su mayoría de Nicaragua y Venezuela, cuyos países viven situaciones de represión por parte de sus gobiernos. La ONU contabiliza hasta 194 mil solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses, en un momento en que el país está bajo la lupa por la protección que se pueda brindar a refugiados tras el asesinato, este año, del exmilitar Roberto Samcam o los atentados contra el opositor político Joao Maldonado.
Aunado a esto, desde la propia Acnur se ha levantado la voz por la necesidad de presupuesto para atender las solicitudes de protección. Un comunicado de mayo anterior indicó que la organización necesita 40.4 millones de dólares para “continuar este año su labor crítica en el país”.
