Estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Nacional (UNA), preocupadas por las inconsistencias en la puesta en práctica de las normas que regulan la atención de estudiantes con trastorno del espectro autista, impulsan un proyecto de ley que intentará reformar artículos de dos leyes para subsanar vacíos en esta materia.
Para lograr este cambio paradigmático educativo fundamentado en la inclusividad, recurrieron a la diputada Rosaura Méndez, del partido Liberación Nacional (PLN), quien presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N.º 25.119. El texto propone una reforma al artículo 15 de la Ley 9940, que protege los derechos de las personas con esta condición, así como la adición al artículo 57 (bis) del Estatuto de Servicio Civil, con el propósito de garantizar capacitación obligatoria en estrategias pedagógicas inclusivas para el personal docente del sistema educativo costarricense.
La propuesta nació en las aulas universitarias como parte del curso Incidencias Políticas, en el que se busca que el proceso formativo articule la teoría con la práctica. Bajo la guía del académico Ronald Rivera, las estudiantes trabajaron en el análisis del corpus iuris de la educación y redacción de la exposición de motivos, para la formulación de los dos artículos. El resultado fue un proyecto que responde a una necesidad concreta: la preparación del personal docente para atender la diversidad en el aula.
Según explicó el profesor Rivera, “este proyecto tiene un fundamento empírico, donde docentes en todo el país manifiestan, en distintos medios, dificultades para diferenciar entre actitudes disruptivas y condiciones de discapacidad. La capacitación inclusiva busca que la mediación pedagógica se ajuste a la diversidad en las aulas y prevenga la exclusión escolar”.
La reforma planteada establece que el Estado, a través del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec) y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, imparta formación permanente al personal docente, dentro del calendario lectivo. Al mismo tiempo, obliga a los educadores a recibir esa capacitación como requisito para su contratación en el Ministerio de Educación Pública (MEP), y establece que durante el primer año de servicio cada docente complete al menos 40 horas de formación en estrategias pedagógicas inclusivas.
La iniciativa no surgió como un ejercicio académico aislado, sino como un esfuerzo de incidencia política que busca mejorar, directamente, la aplicación de la legislación nacional en el contexto de mediación educativa.
Para las estudiantes, la experiencia fue transformadora. Según Sullyns Ross Espinales Martínez, una de las estudiante proponentes: “participar en la construcción de este proyecto ha sido una vivencia profundamente significativa. Cada reunión reafirmaba la importancia de que la ley no solo refleje necesidades, sino que impulse soluciones: una formación docente robusta, capacitación inclusiva obligatoria y compromiso estatal para garantizar recursos”.
El contexto en que se enmarca este proyecto es clave para comprender su alcance. Desde 2018, el MEP impulsó la operacionalización del modelo de educación inclusiva, que determinó la integración de estudiantes con discapacidad en aulas regulares. Esta política supuso un avance en términos de derechos, pero también trajo consigo nuevos desafíos. El personal docente comenzó a enfrentarse a grupos más diversos y complejos, lo que demandó estrategias de mediación pedagógica distintas a las tradicionales. La falta de formación suficiente se convirtió en una barrera constante, pues muchos educadores reconocen que carecen de herramientas para diferenciar conductas asociadas a condiciones de discapacidad de actitudes disruptivas, lo que repercute en la calidad del proceso educativo.
En este escenario, la Ley 9940 aprobada en 2021 reconoció los derechos de las personas con TEA y estableció lineamientos para su inclusión social, laboral y educativa. Sin embargo, no definió de manera precisa cómo garantizar la formación docente necesaria para atender a esta población. El vacío legal es el que pretende llenar el proyecto de ley 25.119, al obligar al Estado a brindar capacitación y al docente a recibirla.
El docente recalca que las cifras ayudan a dimensionar la necesidad. “Según estimaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud (Minsa), entre 1% y 1,5% de la población infantil presenta trastorno del espectro autista. Aunque no existe un censo exacto, estos porcentajes se traducen en miles de estudiantes dentro del sistema educativo que requieren apoyos diferenciados. Junto a ellos, también conviven en las aulas escolares con otras condiciones de discapacidad o con necesidades educativas específicas. De ahí que la formación inclusiva de los docentes se convierta en una tarea impostergable”.
La experiencia de Costa Rica no es aislada. Países como Chile, Colombia y México ya avanzaron en reformas similares. En Chile, la Ley de Inclusión Escolar de 2015 estableció la obligación de capacitar al personal docente en atención a la diversidad. En Colombia, el Decreto 1421 de 2017 reguló la educación inclusiva y dispuso formación obligatoria en el magisterio. México, por su parte, incluyó en su modelo educativo la preparación docente para responder a diferentes tipos de discapacidad. El proyecto costarricense se enmarca en esa misma tendencia, con la particularidad de que surge directamente desde un proceso universitario y se convierte en propuesta legislativa gracias a la colaboración de la diputada Méndez.
La discusión parlamentaria definirá los alcances finales de la propuesta. El texto fue presentado a la corriente legislativa y será remitido a comisión, donde se escucharán los criterios del MEP, el Cenarec, el Servicio Civil y organizaciones de la sociedad civil. Posteriormente, deberá ser debatido en el plenario legislativo. El trámite podría modificar algunos de sus artículos, pero la iniciativa ya abrió un espacio de debate en torno a la obligación estatal y docente de asegurar la capacitación en inclusión.
Para la UNA, el impacto es doble: por un lado, reafirma su compromiso con la sociedad costarricense al contribuir de manera directa en la formulación de políticas públicas que atienden necesidades reales; por otro, fortalece la formación profesional de sus estudiantes, quienes aprendieron en la práctica cómo se construye un proyecto de ley, cómo se redacta una exposición de motivos y cómo se articulan los aspectos jurídicos de una reforma. En palabras de Rivera, “más allá de su aprobación o no en la Asamblea, la iniciativa demuestra que la universidad pública no se queda en el escritorio, sino que aporta a la construcción de soluciones para la educación nacional”.
El proyecto plantea un impacto directo en tres niveles. En el ámbito estatal, el MEP y las instancias especializadas deberán organizar programas de capacitación ajustados a la realidad nacional. En el plano docente, cada educador en servicio tendrá la obligación de cumplir al menos 40 horas de formación inclusiva durante su primer año, lo que implicará una transformación en la cultura profesional. En el plano estudiantil, se espera que la medida se traduzca en una mejora en la atención a la diversidad, con beneficios para quienes presentan condiciones de discapacidad y también para el resto del alumnado, al propiciar entornos educativos más respetuosos e inclusivos.
La discusión sobre la educación inclusiva en nuestro país ha estado presente desde hace años, pero este proyecto de ley coloca en el centro la formación docente como requisito indispensable. No basta con establecer derechos en el papel, se requiere dotar a los responsables de la enseñanza de herramientas prácticas que hagan posible su cumplimiento. La iniciativa elaborada en la UNA y presentada en la Asamblea Legislativa es, en ese sentido, un paso concreto hacia una política más coherente y efectiva.
La aprobación o rechazo de la propuesta quedará en manos del Poder Legislativo, pero el aporte ya está hecho: se abrió el debate, se presentó un camino posible y se puso en evidencia la importancia de preparar a los docentes para enfrentar los retos de la educación inclusiva.
El académico de la UNA recordó que el proyecto de ley 25.119 ahora recorrerá los pasillos legislativos, pero su origen quedará marcado como un ejemplo del compromiso universitario con la sociedad costarricense.
Fotografías tomadas de las redes sociales de la diputada Rosaura Méndez G
