Miroslava Bonilla Cabañas*

Este año se conmemora el 36 aniversario de la aprobación de la Convención sobre los derechos del Niño y la Niña (CDN), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Costa Rica el 26 de enero de 1990. Es el tratado internacional más ampliamente ratificado en la historia, que establece el reconocimiento de las niñeces y adolescencias como sujetos plenos de derechos, con voz, dignidad y capacidad de participar en todos los asuntos que les conciernen.

En el transcurso de estas tres década y media, Costa Rica ha avanzado en la creación de marcos legales, políticas públicas y programas orientados a garantizar, proteger y restituir derechos. Sin embargo, la aprobación de la Convención no solo implica un cambio jurídico, sino el imperativo ético y cultural para transformar las practicas, valores y estructuras sociales que históricamente han subordinado a las niñeces y adolescencias, obstaculizándoles el ejercicio pleno de sus derechos. 

Actualmente, las violencias contra las niñeces y adolescencias se han convertido en un reto alarmante, según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el año 2024 se atendieron 11,768 personas menores de edad víctimas de abuso sexual, lo que representa un aumento del 50% respecto al año 2022 (Semanario Universidad,2025).

Así mismo, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Planificación del Poder Judicial (2025), los registros de personas adolescentes en conflicto con la ley en Costa Rica muestran una tendencia general al aumento. En el año 2021 se reportaron 6.078 casos, mientras que para el 2024 la cifra ascendió a 12,751, lo que refleja un aumento significativo en ese período. Estos datos evidencian la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención, detección y atención integral de esta población.

La violencia de género es otro de los grandes problemas, según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial citado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI,2024), entre el 2020 y el 2023 se han registrado 47 femicidios de mujeres, que eran madres de 89 niños, niñas y adolescentes, quienes no solo están expuestas a este hecho traumático, sino que vienen, sistemáticamente, recibiendo agresión directa o indirectamente.

La problemática sobre salud mental y las adicciones en las niñeces y adolescencias también van en aumento, según el proyecto EDNA de la Universidad de Costa Rica (2024), el suicidio, la depresión y ansiedad ha aumentado en esta población, así como el consumo de alcohol y tabaco, más el riesgo creciente de nuevas drogas como el fentanilo.

La pobreza y desigualdad social que afecta especialmente a las niñeces y adolescencias que residen en zonas costeras, urbanos marginales o fronterizas, así como a los pueblos indígenas, afrodescendientes, población en condición de discapacidad y la población LGTBQ+ constituyen uno de los mayores retos del Estado Costarricense para diseñar e implementar políticas públicas integrales, sostenibles y con enfoque de derechos que aseguren condiciones reales de igualdad, protección y oportunidades para todas las niñeces y adolescencias del país. 

Hoy, en la conmemoración de los 36 años de la Convención, hacemos un llamado a las instituciones, comunidades, familias y medios de comunicación a unir esfuerzos para garantizar los derechos de las niñeces y adolescencias en Costa Rica. Proteger esta población es una labor compartida, cada acción cuenta para hacer realidad el derecho de esta población a una vida plena y digna.

*Académica e investigadora INEINA.