Con la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, este país ha desplegado una serie de acciones que atentan contra los tratados internacionales que protegen a las personas necesitadas de refugio, asilo y víctimas de migración forzada.
Los medios de comunicación internacionales han dado a conocer las redadas en distintos lugares de los Estados Unidos, incluyendo centros educativos y lugares de trabajo; deportaciones masivas; la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados; junto con el anuncio de la posible reactivación del Título 42, que permite la expulsión exprés de personas migrantes en la frontera por motivos de “salud pública”. Estas acciones se han acompañado de una narrativa violenta que ha llamado “animales”, “depredadores” o “delincuentes” a las personas migrantes. Esto ha promovido un ambiente hostil hacia esta población en los Estados Unidos y un ambiente de miedo entre la población de origen extranjero.
Recordando viejas prácticas de la política exterior estadounidense, el secretario de Estado de ese país impuso, en su reciente visita a los países de la región, una serie de condiciones entre las que se destaca la participación activa de Costa Rica como receptor de personas deportadas desde aquel país, bajo la ficticia figura de “tercer país seguro”. No sabemos si el gobierno de Costa Rica adoptó dócilmente esas medidas o si estas fueron el resultado de alguna negociación de la cual no se ha informado al país.
Nuestro país recibió ya el segundo vuelo con personas migrantes deportadas en medio de un mar de dudas debido a la opacidad con la cual el Gobierno costarricense ha manejado este tema, transgrediendo la tradición de respeto a los derechos humanos que nos había caracterizado internacionalmente.
El primer ingreso a Costa Rica de personas migrantes deportadas se llevó a cabo el jueves 20 de febrero del 2025. Ese día llegaron al país 135 personas, de las cuales 65 eran niñas y niños, 2 mujeres embarazadas y 1 persona adulta mayor. Muchas de ellas requieren una atención especial.
La administración Chaves Robles no ha brindado información sobre los compromisos asumidos por el país para la recepción de las personas deportadas. De facto, las autoridades costarricenses han convertido un centro de atención a personas migrantes en una cárcel, dando a las personas un trato similar al de delincuentes. Si bien cualquier país tiene la soberanía para determinar su política migratoria, esta encuentra sus límites en el respeto pleno de los derechos humanos de las personas sujetas de dicha política.
Como parte de la comunidad académica nacional y de la sociedad civil, expresamos nuestra preocupación por una serie de factores que se desprenden de las acciones ejecutadas por nuestro país:
• La amenaza de devolución a sus países de origen por parte del gobierno estadounidense pone en riesgo el principio de non-refoulement (no devolución), que ha sido reconocido ampliamente por el derecho internacional consagrado en diversos instrumentos ratificados por Costa Rica. Este principio prohíbe la expulsión, devolución o extradición de una persona a un país donde su vida o libertad corran peligro. Nuestro país al participar de esta cadena de acciones contribuye a poner en riesgo la vida de estas personas que llegaron a los Estados Unidos en búsqueda de protección internacional.
• No están claros los procedimientos migratorios que la administración costarricense está aplicando a estas personas, aún menos cómo está cumpliendo o dejando de cumplir la legislación migratoria nacional. Esto puede crear precedentes negativos para el futuro.
• Lo apresurado de la llegada de estos grupos de personas migrantes deportadas ha demostrado que no hubo ninguna consulta o coordinación con instituciones encargadas de supervisar el resguardo de los derechos de poblaciones específicas como niñez y adolescencia, mujeres, personas adultas mayores o con discapacidad. Lo atropellado del proceso y la ausencia de mecanismos de coordinación interinstitucional pueden crear las condiciones para que se incumplan los derechos de estas personas.
• Más aún, la heterogeneidad del grupo de personas migrantes que han llegado (diversas nacionalidades, género, edades), requieren abordajes que atiendan a estas diversidades.
• La desinformación oficial respecto de la llegada de estas personas está dando lugar a brotes de xenofobia que ya se expresan a través de las redes sociales.
• Mas grave aún es que nuestro país, rompiendo con los paradigmas históricos del respeto al derecho, del refugio, el asilo y la acogida de migrantes, se convierta en un enclave carcelario de la política migratoria de un país extranjero.
Nos unimos a las diversas voces y el sentir de muchos compatriotas que denuncian el maltrato, el abuso e irrespeto a los derechos humanos de las personas migrantes y exigimos al Gobierno de la República de Costa Rica detener estas flagrantes violaciones.
Suscriben,
Nelise Wielewski Narloch. Docente, Universidad Nacional (UNA) y miembro de OISTMO. Abelardo Morales Gamboa, Profesor, Escuela de Sociología, Universidad Nacional (UNA) Guillermo Antonio Navarro Alvarado, Profesor Universidad de Costa Rica (UCR) Gustavo Gatica López, Investigador, Universidad Estatal a Distancia (UNED) Magaly Zúñiga Céspedes, Investigadora independiente Guillermo Acuña González, Investigador, Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales (UNA) Harold Villegas Romános, Profesor, Universidad de Costa Rica (UCR), ex Presidente de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de Costa Rica Koen Voorend, Director, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica (UCR) Alberto Gutiérrez Arguedas, Profesor e investigador, Universidad de Costa Rica (UCR) Silvia Azofeifa Ramos, Docente e Investigadora, Universidad de Costa Rica (UCR) Ana Lucía Fernández F. Investigadora, Universidad Estatal a Distancia (UNED)/ Premio Nacional Angela Acuña Braun, edición 2022-2024 Jenyel Contreras Guzmán, Docente Universidad de Costa Rica (UCR) Dr. Juan José Romero Zúñiga, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional (UNA) Pablo Chaverri Chaves, Académico INEINA-Universidad Nacional (UNA) Daniel Alvarado Abarca, Docente e Investigador, Universidad de Costa Rica (UCR) Backtori Golen Zúñiga, Investigadora, Universidad Estatal a Distancia (UNED) Valeria Solano Chavarría, docente e investigadora, Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad de Costa Rica (UCR) Alberto Cortés Ramos, Académico, Universidad de Costa Rica (UCR) Fidelina Mena Corrales, Directora, Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras Raúl García Fernández, Investigador, Universidad Estatal a Distancia (UNED) Génesis R. Cruz. Coordinadora Nacional del Monitoreo Global de Medios de Comunicación (GMMP) Sharo Rosales Arce 106920853 por GEMA Observatorio Medios de comunicación y Género Jeannette Soto Rodríguez cédula 203300616 Nidia Victoria Fonseca Rivera C 104510485 Elisabeth M. Cook por Universidad Bíblica Latinoamericana José Amesty Rivera, 186201861514. Mario Méndez Méndez. Universidad Nacional (UNA) Hanzel José Zúñiga Valerio, Docente Universidad Nacional (UNA) Rocío Alfaro Molina, Diputada de la República 108280886 Ana Leonor Ramírez, Investigadora independiente Rosa María Soto Quesada, cédula 601860041 Marta González Madrid, pensionada Milagro Solís, Investigadora independiente
