La protección y el bienestar de las personas menores de edad deben ser una prioridad ineludible, una inversión en el futuro de nuestra nación. Foto Freepik, con fines ilustrativos
Rodolfo Vicente Salazar *
Costa Rica, un país que alguna vez fue estandarte en la defensa de los derechos de las personas menores de edad, parece hoy sumido en una preocupante indiferencia, un abandono consciente que golpea directamente a las personas menores de edad. La situación actual del país dista mucho de los ideales por los que lucharon figuras como Luis Felipe González Flores, cuya memoria, de seguir viva, sin duda se “revolvería en su tumba” ante el panorama desolador que enfrentan nuestras generaciones; como dijo: “una sociedad que desprecia y no protege a sus niños va directamente al despeñadero”, y ya comenzamos a rodar.
Es innegable la percepción de un abandono progresivo, tanto por parte del Poder Ejecutivo como de una porción de la ciudadanía en general, hacia el bienestar integral de las personas menores de edad. Este desinterés se manifiesta en múltiples frentes, socavando los cimientos de una sociedad que presume de ser garante de los derechos humanos.
La reciente burla sarcástica del señor presidente hacia los niños y niñas de Gaza no solo revela una alarmante falta de empatía, sino que también sienta un precedente peligroso. Un líder que trivializa el sufrimiento de las niñas, niños y personas adolescente, sin importar su origen o contexto, proyecta una imagen de insensibilidad que permea en la esfera pública y mina la moral de aquellos que luchan incansablemente por la protección de los más vulnerables.
Por otro lado, la presidencia ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ente rector en la materia, ha experimentado cambios casi ridículos en su dirección, lo que ha generado una inestabilidad institucional que repercute directamente en su capacidad de acción. La falta de continuidad y una visión estratégica clara en una institución tan crucial para defender y garantizar los derechos de la población menor de 18 año solo contribuye al debilitamiento de su rol y a la desprotección de quienes debería salvaguardar.
Aunado a esto, presenciamos un preocupante debilitamiento de pilares fundamentales como la educación y la salud pública. La desinversión, la falta de políticas claras y el deterioro de la infraestructura en estos sectores impactan desproporcionadamente a las personas menores de edad, lo cual limita sus oportunidades de desarrollo y compromete su futuro. Una educación de calidad y un acceso equitativo a servicios de salud son derechos inalienables que se ponen en entredicho y contravienen décadas de lucha por su consolidación.
Aquellos que, como Luis Felipe González Flores, dedicaron sus vidas a la defensa y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, hoy observarían con profunda tristeza cómo sus esfuerzos parecen desvanecerse. La indiferencia actual es un baldón para el legado de quienes forjaron una Costa Rica más justa y equitativa.
Es hora de que la sociedad costarricense y sus líderes políticos reflexionen profundamente sobre el camino que estamos tomando. La infancia no puede ser un asunto relegado ni objeto de burlas. La protección y el bienestar de las personas menores de edad deben ser una prioridad ineludible, una inversión en el futuro de nuestra nación.
*Abogado especialista en personas menores de edad
