*María José Herrera Madrigal y Mariela Campos Lizano 

El envejecimiento de la población es un proceso que ocurre de manera acelerada en Costa Rica, impulsado por dos factores clave: el aumento de la esperanza de vida, lo que permite que cada vez más personas lleguen a edades avanzadas, y la disminución de la fecundidad. 

Este panorama exige un enfoque integral para abordar no solo los retos del envejecimiento, sino también la equidad de género, si se consideran las particularidades de las mujeres adultas mayores, en cuanto a su acceso a recursos y condiciones de vida.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho, 2023), la población adulta mayor en el país está feminizada: las mujeres representan el 56.28%, frente al 43.72% de los hombres. Este fenómeno refleja la mayor longevidad de las mujeres, cuya edad promedio es de 74 años, en comparación con la población no adulta mayor. Esta diferencia en la esperanza de vida resalta la importancia de abordar las necesidades específicas de este grupo, que enfrenta mayores retos en términos de salud y bienestar social. 

Las mujeres adultas mayores, por lo general, provienen de sectores laborales informales, lo que ha limitado su acceso a pensiones y a sistemas de seguridad social. La falta de una red de protección sólida las coloca en una situación de vulnerabilidad en su tercera edad, en términos económicos y sociales. Sin una pensión adecuada, muchas de ellas enfrentan dificultades para mantener su independencia y calidad de vida, lo que subraya la necesidad de políticas públicas que garanticen un envejecimiento digno y autónomo.

Por tanto, la feminización de la pobreza en la vejez es una problemática creciente que afecta a las mujeres adultas mayores en Costa Rica. De las 414.053 mujeres mayores en el país, más de la mitad (54%) son jefas de hogar, y el 97% de ellas sostiene económicamente a sus familias, muchas veces con ingresos insuficientes. 

El acceso a pensiones es un factor clave en este contexto. El 95% de las mujeres adultas mayores están jubiladas, pero el tipo de pensión que reciben marca una gran diferencia en su calidad de vida. Mientras que el 64.12% percibe pensiones nacionales, el 35.88% depende de pensiones no contributivas, que promedian apenas ₡82,116.71 al mes. Esta cifra apenas cubre el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de 2023 (₡62.744), lo que limita la cobertura de otros gastos esenciales, como vivienda, salud y transporte.

La situación se agrava cuando se consideran las crecientes necesidades médicas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y artritis, entre otras. Estas condiciones requieren atención constante y tratamientos médicos costosos, lo que aumenta la presión sobre sus limitados ingresos. 

Frente a este panorama, un 73% de las mujeres adultas mayores está dispuesta a trabajar, aunque a costa de aceptar condiciones laborales aún más precarias. De las que logran conseguir empleo, un 79% lo hace en el sector informal, lo que perpetúa su exclusión y vulnerabilidad económica. Es fundamental destacar que, a esta edad, el deseo de seguir trabajando no solo responde a una necesidad económica inmediata, sino a la falta de una red de apoyo que les permita descansar y disfrutar de una vida plena.

Envejecimiento digno 

La gran mayoría de las mujeres adultas mayores en el país han dedicado su vida a cuidar a sus familias, al tiempo que se enfrentan a una doble vulnerabilidad: la falta de pensiones adecuadas y la dependencia económica de otros. Aunque este grupo poblacional suele ser visto como receptor de cuidados, en el caso de ellas, contribuyen al bienestar de sus hogares, transmiten valores y conocimientos, cuidan a niños y niñas, realizan tareas domésticas y hasta ofrecen aportes económicos. Sin embargo, su labor ha sido históricamente no remunerado ni reconocido en términos de pensiones.

Como resultado de tal invisibilidad, muchas de estas mujeres  solo cuentan con  pensiones mínimas otorgadas por el Estado (o no reciben ninguna y deben depender de otros familiares), situación que no les permiten vivir con dignidad. 

Es urgente entonces implementar reformas que fortalezcan el sistema de pensiones y que aseguren que las mujeres mayores tengan acceso a una jubilación digna. Este es un paso crucial para garantizar que puedan envejecer con autonomía, sin la carga de la pobreza ni la dependencia de otros. Además, las políticas públicas deben reconocer su rol como cuidadoras, y brindar apoyo que alivie la carga de cuidado y que les permita disfrutar de una vejez activa, saludable y respetuosa.

*Las autoras son bachilleres en Economía y son parte del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).