*El siguiente es un pronunciamiento oficial del Instituto de Estudios de la Mujer con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. 

Cada 8 de marzo, en todo el mundo, conmemoramos la lucha de las mujeres por la igualdad, la justicia y el respeto de nuestros derechos. No es una celebración, sino una jornada de memoria, resistencia y reivindicación, donde recordamos a las miles de mujeres que han luchado antes que nosotras y a aquellas que hoy continúan exigiendo un mundo más justo y libre de violencia.  Es una fecha propicia que nos convoca a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad. 

Este Día Internacional de la Mujer 2025, nos encuentra en un contexto alarmante. En Costa Rica, hemos vivido, en los últimos años, un retroceso en los derechos de las mujeres. A pesar de los avances logrados en décadas de lucha feminista, el debilitamiento de la institucionalidad, la violencia contra las mujeres, los recortes en inversión social y los discursos misóginos desde el poder ponen en peligro las conquistas alcanzadas.  

Violencia contra las mujeres: un problema estructural ignorado por el Estado  

El aumento de la violencia contra las mujeres es una de las realidades más preocupantes que enfrentamos en la actualidad. Según datos oficiales:  

• El número de femicidios en Costa Rica ha aumentado en los últimos tres años, con una tasa total de femicidios que muestra un incremento sostenido entre los años 2022 y 2024, pasando del 0.97 al 0.99. Y el femicidio de pareja pasa de una tasa del 0.59 a una de 1.00, esto según datos de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres (2025). La falta de políticas de prevención y atención efectiva ha permitido que la violencia continúe escalando, cobrando la vida de mujeres en todo el país. 
• Cada día, 106 mujeres solicitan medidas de protección en Costa Rica, según el Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres y Acceso a la Justicia (2023). Sin embargo, estas solicitudes se enfrentan a un sistema judicial lento y poco efectivo, que muchas veces deja en impunidad a los agresores. 
• El discurso de odio contra las mujeres en redes sociales ha aumentado en un 67% en el último año, según estudios de Naciones Unidas. Las agresiones no solo se limitan al ámbito digital, sino que fomentan una cultura que legitima la violencia en todos los espacios. 
• La violencia política contra las mujeres ha sido promovida desde los más altos niveles del poder, con ataques constantes a las mujeres que ocupan cargos públicos y la ausencia de acciones concretas para garantizar su participación libre de violencia.  

Ante este panorama, denunciamos la inacción del Estado y exigimos medidas urgentes para frenar la violencia estructural contra las mujeres. La lucha contra el femicidio, la violencia doméstica, la violencia simbólica y la violencia política no puede ser un tema secundario en la agenda nacional.  

Desmantelamiento de la institucionalidad y recortes en políticas de igualdad

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), que por ley debe ser el ente rector en la defensa de los derechos de las mujeres, ha sido debilitado y utilizado como herramienta para justificar la inacción del gobierno.  

• Los programas de prevención de violencia han sido reducidos drásticamente.
• Las instituciones encargadas de garantizar derechos han sido desfinanciadas y precarizadas, limitando su capacidad de acción y dejando a miles de mujeres sin acceso a servicios esenciales. 
• La reducción de cupos en la Red de Cuido afecta directamente a mujeres trabajadoras y madres en situación de pobreza, lo que aumenta la brecha de desigualdad y dificulta el acceso al empleo.  

Esta situación evidencia una estrategia de desmantelamiento de las políticas de igualdad de género, lo que constituye un grave retroceso en los derechos de las mujeres en Costa Rica.  

Retrocesos en derechos sexuales y reproductivos

El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos ha sido una de las luchas más largas y difíciles en la historia de las mujeres. Sin embargo, en Costa Rica enfrentamos graves amenazas en materia de derechos sexuales y reproductivos:  

• El intento de eliminar la anticoncepción de emergencia del protocolo para víctimas de violación, promovido por sectores conservadores en la Asamblea Legislativa, representa un atentado contra los derechos de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual. 
• El proyecto de ley para endurecer las penas por aborto, presentado en enero de 2025, constituye un grave retroceso en los derechos humanos de las mujeres y una violación a los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales. Al criminalizar aún más una decisión que, en muchos casos, es cuestión de vida o muerte, esta medida pone en riesgo la vida y la salud de mujeres que enfrentan embarazos de alto riesgo, vulnerando su derecho fundamental a la salud y a la asistencia médica, al restringir el acceso a procedimientos médicos esenciales.
• La educación sexual integral ha sido eliminada de los programas educativos, dejando a las niñas y adolescentes sin información vital para el ejercicio de sus derechos, la prevención de embarazos y de relaciones violentas, tales como las relaciones impropias y violencias en el noviazgo.  

El Estado costarricense tiene el deber de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sin restricciones ideológicas ni políticas. Exigimos el respeto irrestricto a los derechos reproductivos y el acceso universal a servicios de salud sexual y anticoncepción.  

Crisis de inversión social: la pobreza tiene rostro de mujer

La desigualdad de género se agrava con la crisis económica y la reducción de la inversión social. Datos recientes revelan que:  

• El 50.3% de los hogares en pobreza tienen jefatura femenina, lo que evidencia que la precarización de la economía impacta desproporcionadamente a las mujeres. (Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de junio del 2022) 
• La reducción del presupuesto en educación y becas ha afectado principalmente a niñas y jóvenes, con 110.000 becas menos en el programa Avancemos. (Instituto Mixto de Ayuda Social, 2024).
• El recorte de presupuesto en vivienda ha impedido la construcción de 1.000 viviendas para familias en pobreza extrema, dejando a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad. (BANHVI, 2023)
• El Estado adeuda más de 4,1 billones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), afectando gravemente la atención en salud, un servicio fundamental para miles de mujeres en el país. (Dirección de Presupuesto de la CCSS,2025)

El empobrecimiento de las mujeres es una forma de violencia estructural que el Estado no solo no combate, sino que fomenta con sus políticas neoliberales y su indiferencia ante la crisis social.  

Exigimos un compromiso real por la igualdad y la justicia  

Frente a esta realidad, el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) levanta su voz y exige:  

1. Acciones inmediatas y concretas para frenar la violencia contra las mujeres, que incluya el fortalecimiento de la institucionalidad de género, la asignación de un presupuesto adecuado y sostenido para garantizar la implementación efectiva de políticas públicas y programas de prevención, atención y protección. La lucha contra la violencia de género no puede depender de recursos insuficientes o recortes arbitrarios, sino que debe ser una prioridad en la agenda estatal con financiamiento robusto y mecanismos de rendición de cuentas. Sin inversión real, los compromisos en materia de derechos humanos quedan en el discurso, mientras las mujeres continúan expuestas a la violencia y la impunidad.

2. Garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que aseguren el acceso a la anticoncepción de emergencia, la educación sexual integral y la interrupción terapéutica del embarazo.  

3. Reversión de los recortes en inversión social, que prioricen programas de vivienda, educación, salud y protección social para mujeres en situación de pobreza.  

4. Fin a la impunidad en casos de violencia política y digital contra las mujeres, que aseguren un entorno libre de agresiones y discriminación.  

5. Un compromiso real del Estado costarricense con la igualdad de género, que garantice la rectoría efectiva del INAMU y la protección de los derechos humanos de todas las mujeres.  

El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha por la igualdad de género y la justicia social) desde la investigación, la docencia y la extensión. A través de la generación de conocimiento crítico, la formación académica y el trabajo colaborativo con comunidades y movimientos sociales, continuaremos promoviendo espacios de reflexión y acción que contribuyan a derribar las barreras de la desigualdad y garantizar el acceso a una vida libre de violencia y discriminación. En este 8 de marzo, ratificamos nuestra responsabilidad como centro de pensamiento y transformación, convencidas de que la investigación feminista, la educación critica y el activismo son herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.  

¡Por las que lucharon antes, por las que estamos hoy y por las que vendrán!