*Fiorella Salas Pinel

**Tracy Ramírez Coto 

En Costa Rica los rellenos sanitarios representan la principal estrategia utilizada para la disposición final de los residuos sólidos generados por la mayoría de la población. En octubre de 2024, el Ministerio de Salud (en su calidad de rector) informó que el país, y especialmente la gran área metropolitana (GAM), está enfrentando una crisis relacionada con el agotamiento de la vida útil de estos rellenos y el consecuente riesgo para la gestión integral de dichos residuos. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud, para finales de 2024 se estimaba que al Parque de Tecnología Ambiental (PTA) Aczarri, ubicado  en Aserrí, le restaban solo 3,5 años de vida útil y al PTA Ambiental Uruka, en La Carpio, solo tres meses. Esto generó una gran alerta, ya que ambos rellenos reciben los residuos trasladados por las municipalidades de la GAM. 

No obstante, tales problemas se vienen arrastrando desde hace muchos años. En 2022 la empresa Berthier EBI, encargada de manejar estos PTA, advirtió que el país requería un nuevo relleno sanitario, dado que los existentes ya estaban agotando su vida útil, una preocupación que habían tenido por al menos 10 años.

Este problema no se puede reducir únicamente al colapso de los rellenos sanitarios, sino que también se deben considerar las razones subyacentes. Desde 2010, la ley 8.839 sobre la gestión integral de residuos sólidos propuso objetivos como garantizar el derecho de las personas a gozar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como definir la responsabilidad de dicha gestión entre los diversos actores. 

Sin embargo, en 2019 un informe del Programa Estado de la Nación señaló que varias de las metas no se habían alcanzado, que aún se daba la quema de residuos y algunas instituciones del gobierno no eran capaces de cooperar entre ellas. 

Asimismo, nuestro país también enfrenta otra problemática de la cultura ciudadana: muchas personas no tienen el hábito de separar los residuos en sus hogares para reciclar y reutilizar, e incluso una parte de la población aún quema, entierra o lanza sus residuos en ríos o vertederos ilegales. El Ministerio de Salud indicó que en el 2023 un 6.9% de los residuos del país fueron dispuestos en sitios no controlados.  

Las municipalidades tienen un papel fundamental en este ecosistema, que plantea fuertes desafíos financieros para el tratamiento y valorización de los residuos. Estrategias como campañas de educación sobre estos temas o recolección diferenciada de materiales para reciclaje requieren ser fortalecidas. 

En 2025, el Ministerio de Salud implementó el Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos, ordinarios y orgánicos en Costa Rica, el cual señala que las municipalidades tienen tiempo hasta abril de 2026 para encontrar un lugar donde disponer lod residuos en su región de planificación y que no pueden trasladarlos a más de 80 kilómetros. 

Esto es un gran avance, ya que varias municipalidades de la GAM enviaban sus residuos a uno de los rellenos que se encuentran en Limón, una situación que provocó protestas de varios vecinos opuestos a recibir esta disposición en su comunidad. 

La gestión integral de residuos sólidos es necesaria para este país. Durante el 2023 se generaron 1.710.351 millones de toneladas de residuos, de los cuales se recuperó solamente alrededor del 20% para compostaje, coprocesamiento y reciclaje. Las actividades humanas generan residuos, que deben recibir un adecuado tratamiento para promover la salud, la productividad y el desarrollo sostenible. 

En este sentido, la innovación y competitividad de los sectores productivos es clave para liderar procesos de cambio ligados con la reinserción de los residuos tratados como materia prima para nuevos flujos de consumo y producción. La creación de nuevos rellenos sanitarios debe acompañarse de estrategias integrales para la reducción en fuente, valorización de residuos, educación ambiental y coordinación entre diversos sectores.

Debe considerarse, además, la resistencia social de las comunidades poco dispuestas a la instalación de un relleno en su territorio, al aducir la pérdida de plusvalía en sus propiedades, el paso constante de camiones recolectores en sus caminos, y los posibles malos olores, entre otras razones.

En vista de que todas las personas somos generadoras de residuos sólidos, Costa Rica requiere que se ejerza la responsabilidad compartida y diferenciada que establece la ley 8.839. Se hace necesario que, mediante la articulación intersectorial, el Ministerio de Salud y las municipalidades aumenten sus esfuerzos y los orienten al cumplimiento de las leyes y regulaciones existentes sobre la gestión integral de los residuos. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, requieren de esta atención urgente.

*Académica del Programa Sectores Productivos y Desarrollo (SEPRODES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

**Estudiante asistente de SEPRODES.