Un foro enfocado en comprender las conductas delictivas de menores de edad en Costa Rica se llevó a cabo el pasado 29 de mayo, en el auditorio Marco Tulio Salazar de la Universidad Nacional (UNA). Durante el Foro Interdisciplinario sobre Justicia Penal Juvenil varios expertos en el campo discutieron y analizaron la situación de la justicia penal juvenil en nuestro país.
En el evento expusieron los especialistas Luis Diego Conejo Bolaños y Fernanda Alvarado Leitón, académicos e investigadores del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), así como los invitados especiales Rafael Segura Bonilla, juez del Poder Judicial, y Luis Bonilla Bastos, estadístico de la misma institución.
El foro se centró en la presentación de un proyecto de investigación desarrollado por el INEINA, enfocado en comprender las conductas delictivas de menores de edad en Costa Rica. Entre los resultados del proyecto presentado, se destacó que en 2021 se recibieron 4.821 casos de delitos juveniles, cifra que aumentó a 8.607 en 2022 y a 9.804 en 2023. Los delitos más comunes fueron contravenciones (36.7%), delitos sexuales (25.8%) y delitos contra la propiedad (15.9%).
El juez Segura Bonilla abordó las generalidades del sistema penal juvenil en Costa Rica, y destacó que hay una diferenciación de grupos etarios para las sanciones. Los menores de 12 a 15 años enfrentan una sanción máxima de internamiento de 10 años, mientras que los de 15 a 18 años pueden recibir hasta 15 años de pena; en ambos casos independientemente de la cantidad de delitos que haya cometido la persona menor de edad.
Además, los representantes del INEINA explicaron que las manifestaciones de violencia juvenil no se distribuyen equitativamente en todo el territorio nacional, sino que están vinculadas con el índice de desarrollo humano y social de las regiones donde residen los menores.
Finalmente, se enfatizó en la importancia de desarrollar capacidades en los jóvenes para un adecuado proyecto de vida y crear un sentido de responsabilidad.
Actualmente hay 365 menores bajo sanciones no privativas de libertad, como amonestaciones, advertencias y libertad asistida, que consiste en mantener a la persona en libertad, pero con un tipo de asistencia por parte del órgano administrativo para asegurar que cumpla la sanción. También hay 207 personas en centros de internamiento especializados, que es cuando el menor de edad ingresa a prisión.
