Escrito por: Ángel Herrera Ulloa
Catedrático
Escuela de Ciencias Biológicas
Costa Rica ha enfrentado en los últimos años problemas macroeconómicos que han dificultado su avance en diversas áreas, como la educación y la conservación. Un indicador que refleja de manera clara esta situación es la relación deuda/PIB, que superó el 60% a finales de 2021, una cifra exacerbada por decisiones poco acertadas de los gobiernos en turno. Este contexto fue fundamental para que el país optara por su actual gobernante. El perfil profesional de esta persona indicaba que implementaría las clásicas medidas de choque asociadas con políticas neoliberales, lo que implicaba un período de dos años de austeras medidas fiscales que impactarían directamente las estructuras sociales y, por supuesto, el medio ambiente. Según las proyecciones iniciales, tras este tiempo, los indicadores macroeconómicos deberían haber mostrado mejorías, ya que esa es la única preocupación desde esta perspectiva; lo que se afecta se considera “daño colateral”. Esta receta ortodoxa aboga por austeridad fiscal, liberalización del mercado, privatización, reformas financieras, devaluación de la moneda y flexibilización del mercado laboral.
Este conjunto de medidas de choque debió generar resultados concretos al final del año pasado, pero no ocurrió así. El gobernante cometió el error de no considerar, e incluso menospreciar, que en una democracia consolidada existe un equilibrio de poderes. En el caso del poder ejecutivo, su representación en la Asamblea Legislativa, es claramente minoritaria, lo que significa que debió haber negociado con los distintos actores involucrados. Sobreestimó la situación y, con seguridad, aplicó de manera errónea el concepto económico ceteris paribus (todo lo demás permanece igual). En varias ocasiones, “quemó sus naves”, lo que resultó ser un grave error. Con el tiempo, se hizo evidente que sus aspiraciones de implementar políticas de choque fracasaron: no logró reducir la relación deuda/PIB a menos del 60% y tuvo dificultades en el manejo del tipo de cambio. En lugar de optar por seguir con el sistema de tipo de cambio, realizó artificialmente una revalorización para ocultar los indicadores de deuda ante los organismos internacionales, lo que condenó a un número indeterminado de empresas agropecuarias a la quiebra y, por ende, generó más desempleo.
Le quedan menos de dos años de mandato, pero su poder político real podría ser incluso menor a 12 meses, ya que la sociedad comienza a mostrar claros signos de agotamiento frente a su actuación, desempeño y tendencia a realizar discursos de confrontación. Desde el inicio, se vislumbraba el botín que algunos de los financistas de campaña de este gobierno, autodenominado “incorruptible”, buscaban explotar, como se ha evidenciado en Manuel Antonio, Gandoca-Manzanillo, Místico en Jacó, y el Parque Ecológico de Santa Ana.
Con la presentación de un nuevo presupuesto para 2025, el sector educativo será el siguiente en sufrir las consecuencias de las decisiones del gobernante. El ministro de Hacienda, autoproclamado magistrado constitucional, ha señalado que el 8% del PIB destinado a la educación, según lo estipulado en la Constitución, no es más que una aspiración y no una obligación.
El presupuesto del 2025 contempla una reducción para todo el sistema educativo. Hablando en términos porcentuales –pues las cifras absolutas son tan elevadas que resultan abstractas–, se asignó un 4.9% menos para educación primaria y secundaria respecto al presupuesto de 2024, que ya era inferior al de 2023; las universidades también se verán afectadas con medidas similares. CONARE había solicitado un aumento del 4.06% en el presupuesto destinado a la educación pública, pero el gobierno decidió mantenerlo igual al del año actual, lo que obligaría a las universidades a hacer ajustes, como si eso no hipotecara el futuro de la nación. La negociación, que resultó infructuosa, parece haber sido deliberadamente diseñada para ganar tiempo y evitar acuerdos, un acto de mala fe sin precedentes. En lugar de vernos como socios, el gobierno nos considera enemigos, seguramente debido a los traumas académicos no resueltos del gobernante actual.
Las universidades públicas recibimos a más de 120.000 estudiantes, con una representación femenina cercana al 60%. En la UNA hay cerca de 20.000 estudiantes, y más del 60% proviene fuera de la GAM. Ofrecemos una amplia gama de formación académica integral, que incluye las artes, las letras y las ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias, ingenierías y matemáticas, conocidas como áreas STEM, representamos, en 2023, un 26% de la matrícula de la UNA, con 13 carreras ofrecidas en todos los campus, de las cuales la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) ofrece cinco, incluyendo distintos énfasis, en disciplinas como Matemática, Topografía, Química, Física, Informática y Ciencias Biológicas.
El apagón educativo que hemos sufrido desde hace varios años, agudizado por la pandemia de covid-19 y la falta de una ruta educativa por parte del gobierno actual, llevó a un descenso crónico en la matrícula de la FCEN desde 2016; hay fuertes medidas implementadas para abordar este grave problema, como el programa Éxito Académico, de la Vicerrectoría de Docencia, que trabaja de forma efectiva en coordinación con las unidades para mejorar las deficiencias académicas de un buen porcentaje de estudiantes de primer ingreso. Somos conscientes de que existe una creciente demanda de empleabilidad en temas tecnológicos y ciencias de la vida; por ello, las diversas unidades de la FCEN han estudiado opciones. Para 2024, ya hemos revertido la tendencia decreciente y las perspectivas son optimistas en términos de matrícula y de graduaciones. Tanto la FCEN como la UNA debemos enfrentar los desafíos de 2025 y parte de 2026, con la esperanza de que en las próximas elecciones el pueblo actúe con sabiduría y reflexione cuidadosamente sobre el tipo de gobierno que deseamos para 2026.
