*Dr. Leonardo J. Salas Quirós 

La inminencia de las elecciones de Costa Rica en febrero de 2026 pone sobre la mesa una serie de desafíos en materia de política pública, donde la agenda fiscal emerge como un eje determinante para el futuro desarrollo económico y social.

El país enfrenta tensiones estructurales en su aparato estatal, producto de un déficit financiero elevado, un gasto rígido con predominio de remuneraciones e intereses y una recaudación tributaria que no ha mantenido el paso del crecimiento económico. 

Al mismo tiempo, se han identificado mejoras relativas en la disciplina fiscal, como la reducción de la relación deuda/PIB (producto interno bruto) y la existencia de un superávit primario por tercer año consecutivo.

Este contexto, paradójico y repleto de matices, impulsa debates sobre el rumbo de la política pública para los próximos años, en aspectos  esenciales como la inversión en infraestructura, la modernización del Estado y la legitimidad de eventuales reformas tributarias. 

Todo ello converge en un entorno electoral de alta competitividad, donde los partidos políticos deberán articular propuestas que equilibren la disciplina fiscal con el imperativo de crear oportunidades laborales, mejorar los servicios básicos y fomentar el crecimiento inclusivo. La tarea de conciliar la sostenibilidad financiera con un proyecto de desarrollo socialmente justo, destaca como el principal reto para la futura administración.

Panorama fiscal 2024: luces y sombras

Según el último informe del Ministerio de Hacienda sobre las cifras fiscales 2024, el retroceso de la deuda pública hasta el 59.8% del PIB y la obtención de un superávit primario cercano al 1.1% son hechos destacables. En principio, implican un cierto grado de disciplina fiscal y un crecimiento económico que supera el aumento de la deuda. Este logro se suma a la mejora en la confianza de los mercados (índice EMBI) y al canje de ¢1.38 billones en deuda, acciones que han contribuido a estabilizar la percepción de riesgo país.

Pese a ello, el déficit financiero alcanzó el 3.8% del PIB, impulsado por un pago de intereses, que absorbe más del 30% de los ingresos totales. Además, la recaudación tributaria subió apenas un 2.4%, por debajo del crecimiento nominal de la economía (4.4%). La caída en los ingresos por renta de personas jurídicas y el impuesto a la propiedad de vehículos revela la necesidad de reformas que fortalezcan la base impositiva y reduzcan la dependencia en gravámenes sensibles a ciclos económicos o modificaciones reglamentarias.

El gasto total del Gobierno creció un 6.3%, concentrado en remuneraciones, transferencias corrientes y pago de intereses. Esta estructura limita la inversión en infraestructura y desarrollo social, pese a una expansión de 17.1% en el gasto de capital. Paradójicamente, la inversión en infraestructura cayó un 0.3% y la construcción de vías de comunicación terrestre se contrajo un 12.7%, lo que afectan la competitividad a mediano plazo.

Más de la mitad de la deuda vence en los próximos cinco años, lo que compromete a la siguiente administración a diseñar esquemas de refinanciamiento y canje muy agresivos por esta alta concentración de deuda en el corto plazo. La alta recurrencia a financiamiento externo (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) introduce vulnerabilidades en el panorama ante fluctuaciones en las condiciones de préstamo y los tipos de interés y la geopolítica mundial.

Desafíos de cara a las elecciones de 2026

Las candidaturas a la presidencia de la República y sus equipos deberán plantear estrategias que racionalicen el gasto rígido y fortalezcan la recaudación. Un sistema tributario con bases más amplias y mayor fiscalización se vuelve imperativo para cerrar las brechas en rubros como renta de personas jurídicas e impuestos patrimoniales.

Ante la concentración de vencimientos en el corto plazo, impulsar estrategias de refinanciamiento y canjes de deuda con mayor alcance se torna esencial para contener el riesgo fiscal inmediato. Sin embargo, la gran oportunidad para generar crecimiento y competitividad radica en reforzar la inversión en infraestructura y capital humano. 

Las agendas de campaña deberían centrarse en estos temas relevantes de iniciativas que fomenten el desarrollo de proyectos de obra pública y la formación de talento, con el propósito de estimular el empleo y consolidar una base productiva sólida que contribuya a la estabilidad económica de mediano y largo plazo.

Las medidas de austeridad y las posibles revisiones tributarias requerirán una negociación activa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Con un electorado sensible a costos de vida y servicios, la calidad de la justificación pública de las políticas podría determinar el margen de maniobra política de la futura administración.

Perspectivas y conclusiones

El panorama fiscal de 2024 deja entrever el equilibrio frágil entre resultados favorables—menor deuda/PIB y superávit primario—y una realidad donde el déficit financiero se mantiene elevado, la base tributaria flaquea y la inversión pública transforma los recursos en crecimiento sostenido. En este contexto, los partidos políticos que aspiran a dirigir el país tras las elecciones de 2026 deberán diseñar hojas de ruta claras, combinando rigor presupuestario con impulso económico.

Si bien la prioridad será corregir las inequidades estructurales en la recaudación, también resulta esencial reorientar el gasto, de manera que la inversión pública tome un rol protagónico. Ello requerirá voluntad política para reformar estructuras salariales, consolidar la gestión de la deuda y legitimar ante la ciudadanía cualquier ajuste fiscal.

En última instancia, la viabilidad de la próxima administración dependerá de su capacidad para armonizar las demandas ciudadanas —empleo, infraestructura y desarrollo social— con la sostenibilidad de las finanzas públicas y apoyarse en una alta capacidad de negociación política propia de una administración pública relacional, más que confrontativa. Así, el voto de 2026 debería erigirse como un referéndum sobre quién presenta la visión más convincente para un país que requiere retomar la senda del crecimiento inclusivo y la solidez fiscal.

*El autor es coordinador del área de administración de la Escuela de Secretariado Profesional de la Universidad Nacional (UNA).