*M.Sc. Marjorie Hartley Ballestero

Costa Rica ha venido disfrutando de un bono demográfico positivo para las finanzas públicas debido a que la cantidad de personas activas que contribuyen con ingresos fiscales ha sido mayor que la población inactiva y dependiente (niños y personas mayores). No obstante, el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR) estima que en el 2020 este bono expiró; en consecuencia, la base tributaria es cada vez menor y por tanto los ingresos tributarios también tienden a disminuir. Esta circunstancia amenaza la necesaria sostenibilidad de las finanzas públicas para hacer frente a las diversas demandas de la sociedad.

El envejecimiento de la población es un fenómeno demográfico que se explica a partir del incremento de la esperanza de vida, así como la reducción de la natalidad y la mortalidad. Sus efectos son amplios no solo desde el punto de vista de los cambios en la estructura demográfica sino sobre las condiciones de vida y la demanda por servicios de salud, transferencias, cuido, entre otros que debe proporcionar el Estado.

En este contexto, el proyecto Sostenibilidad de las finanzas públicas: el reto de la transición demográfica y la desigualdad en Costa Rica analiza diversos escenarios que potencien el crecimiento económico a través del incremento en el número de contribuyentes y la base tributaria. Uno de estos escenarios es el aprovechamiento del bono de género.

El bono de género es reducir el desempleo incorporando a las mujeres al mercado laboral. Históricamente las mujeres han participado en menor proporción que los hombres en el mercado de trabajo, por lo que se cuenta con un amplio margen para incrementar el empleo y con ello el número de personas contribuyentes con la seguridad social y los ingresos tributarios para financiar servicios como educación y salud, por mencionar solo dos importantes rubros del gasto público.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para los meses de diciembre de 2024 y los primeros dos meses del 2025, la tasa de desempleo nacional fue 7,4%. La de desempleo de hombres es de 6,4%, mientras que para las mujeres es de 9%.

El INEC estima que Costa Rica cuenta con 85 mil mujeres desempleadas, lo que representa 10 mil mujeres más que en el mismo período del año anterior. A este grupo de desempleadas hay que agregar 315 mil que laboran en la informalidad y, por tanto, no contribuyen con la seguridad social.

En total, aproximadamente 400 mil mujeres están esperando acciones concretas para ser incorporadas al mercado laboral con salarios dignos y competitivos y poder aportar así a la sostenibilidad de las finanzas públicas y compensar la pérdida de la base tributaria por el envejecimiento de la población costarricense.

Por su parte, la tasa neta de participación laboral fue para el mismo periodo de análisis de 56.5%, donde los hombres tienen una mayor participación con 68% y las mujeres con aproximadamente un 45%.  Este promedio está por debajo del que presentan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y América Latina, que ronda aproximadamente el 70%.

El INEC reportó, en 2023, que las mujeres son mayoría en graduaciones de educación superior, tanto para el grado de bachillerato (61.8%) como de licenciatura (62.5%). Es posible entonces indicar que Costa Rica cuenta con una grupo considerable de mujeres con formación académica, aptas para desempeñarse en el mercado laboral y, sin embargo, están desempleadas.

Si bien se han realizado esfuerzos (muchos o pocos) por reducir la pobreza, la desigualdad, la discriminación y el desempleo femenino, todavía queda mucho margen para modificar patrones culturales, crear las condiciones para incorporarlas en el mercado laboral, si se amplían y fortalecen las redes de cuido y se flexibilizan los horarios y espacios de trabajo, entre otras medidas. En esta trascendental tarea los acuerdos y alianzas público-privadas son fundamentales, así como una mayor inversión en educación y capacitación para mujeres. Estas tareas son además impostergables por el envejecimiento de la población, que ya nos está alcanzando.

El aprovechamiento del bono de genero se constituye así en un mecanismo social para la inclusión, y el reconocimiento de las capacidades de las mujeres, pero además en un mecanismo virtuoso para enfrentar desafíos persistentes (pobreza, desigualdad y discriminación) y que limitan el bienestar de una sociedad. 

*La autora es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) y coordinadora del proyecto Sostenibilidad de las finanzas públicas: el reto de la transición demográfica y la desigualdad en Costa Rica