Estrategia de reactivación económica, equidad, ataque a la elusión y evasión fiscal, y reingeniería financiera y política para la administración de la deuda, son los grandes ausentes en la propuesta del gobierno ante el FMI, según pronunciamiento de la Escuela de Economía de la UNA.
En un pronunciamiento emitido el 25 de setiembre pasado, la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (ESEUNA) señala serias carencias en la propuesta del gobierno para negociar nuevos empréstitos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la pandemia por la covid-19.
En el documento suscrito por la directora de ESEUNA, Shirley Benavides -que fue enviado a las autoridades gubernamentales- se destaca como grandes ausentes en la propuesta gubernamental los siguientes elementos: estrategia de reactivación económica, equidad, ataque a la elusión y evasión fiscal, y reingeniería financiera y política para la administración de la deuda.
En relación con estas carencias en la propuesta del gobierno, el pronunciamiento de especialistas de ESEUNA establece lo siguiente:
Elementos ausentes en la propuesta gubernamental:
1. Estrategia de reactivación económica.
No habrá consolidación fiscal sin una estrategia firme y sostenida de reactivación económica. El gobierno ha hecho esfuerzos por bajar la tasa de interés y asegurar la liquidez al sector financiero, pero eso es tan solo el primer paso.
La estrategia requiere de la implementación de un agresivo programa de desarrollo de obra pública, con proyectos de amplio impacto, tales como el proyecto del tren metropolitano, obras de infraestructura del Ministerio de Educación Pública (MEP), aligerar los proyectos de carreteras nacionales que tienen años en proceso con muy poco avance, un programa de desarrollo de caminos vecinales y obras públicas regionales, en coordinación de las municipalidades. Además de la implementación de un agresivo programa de vivienda, accesible a la clase baja y media.
La estrategia debe venir de la identificación y definición de sectores y actividades productivas con una gran capacidad de crecimiento, articulación y encadenamientos productivos. Es impostergable que el gobierno impulse actividades productivas con un importante efecto multiplicador y acelerador sobre los sectores productivos, para que a su vez generen los empleos en calidad y cantidad que el país requiere, disminuyendo la informalidad desde una estrategia mucho más integrada y oportuna, que lo planteado por el Gobierno y articulado de manera directa con la oferta educativa que responda a los requerimientos del mercado laboral en los que participa dichos sectores y actividades económicas.
La política pública de reactivación debe procurar mantener y mejorar la capacidad de consumo de los hogares (bajar salarios e imponer más impuestos a los ingresos de los hogares de clase media y baja es la peor política en una coyuntura de recesión).
En materia aeroportuaria para el desarrollo, es importante retomar la idea de los aeropuertos regionales, como puntos de conexión entre las regiones periféricas con el centro del país y con los puertos y aeropuertos vinculados con la economía internacional (aeropuerto en la región Huetar Caribe (Matina), aeropuerto en la región Brunca y en la región Huetar Norte).
Pensar en la reactivación económica, debe responder a la aspiración por un crecimiento inclusivo, no sólo en términos de incorporar a los distintos sectores productivos, sino también, en cuanto a la incorporación de los distintos territorios, en las regiones del país.
Debe apostarse además por una transición hacia una economía verde, que contribuya con una reactivación con enfoque sostenible, enfatizando en las estrategias en materia de descarbonización de la economía,con inversión en I+D, innovación y una economía basada en el conocimiento, resiliente y competitiva.
2. Equidad.
La propuesta no refleja una estrategia para que el sistema fiscal contribuya a reducir la desigualdad de los ingresos, excepto por las reformas propuestas en el impuesto sobre la renta.
Este es un reto pendiente, según ha señalado la OCDE (2020), por la ausencia de los principios de justicia tributaria que debe contemplar toda propuesta de mejora fiscal. La propuesta debe contemplar principios claros de progresividad.
3. Ataque a la elusión y evasión fiscal.
La estrategia gubernamental en este sentido se centra en el programa de Hacienda Digital que, si bien es importante, resulta a todas luces insuficiente. Se requiere de una estrategia integral, más agresiva y efectiva para reducir los niveles de evasión y elusión fiscal que tiene el país. Este tema en la propuesta se aborda de una manera marginal, sin especificar medidas concretas y efectivas que durante años se han discutido como lo han puntualizado diferentes informes de la Contraloría General de la República.
El Ministerio de Hacienda ha realizado estudios donde se ha descrito que el incumplimiento tributario es de aproximadamente un 8,2% del PIB. Esto hace necesario un plan y una acción efectiva de modernización de la gestión tributaria acorde a las nuevas condiciones de la economía tradicional y digital.
4. Reingeniería financiera y política para la administración de la deuda.
La mayor parte de la deuda del gobierno central es interna, la cual en un alto porcentaje está en manos de los mismos entes públicos. El gobierno reconoce tasas de interés injustificadamente altas en este rubro; razón por la cual, es urgente un replanteamiento en esta dirección para reducir de manera significativa el pago de intereses que el gobierno hace a sus propias instituciones.
Golpe al bolsillo en el peor momento
Además, el documento de la Escuela de Economía reconoce que la propuesta del gobierno tiene la virtud de ser amplia, abarcando distintos aspectos tales como, ingresos, gastos, venta de activos y reestructuración de órganos públicos. Sin embargo, presenta algunas falencias en el ámbito de la concreción.
En ese sentido, el documento presenta el siguiente análisis:
Impuestos
Por el lado de los ingresos, si bien plantea opciones de impuestos progresivos, como el incremento de la tasa de impuesto sobre la renta tanto empresarial como salarial, la eliminación de algunas exoneraciones y un impuesto adicional a los bienes inmuebles, ello representa un duro impacto en el bolsillo de las familias y empresas, justo en el peor momento de la crisis económica.
Además, hace menos de dos años, con la aprobación de la Ley 9635, la sociedad costarricense experimentó un aumento de impuestos.
Impuesto a transacciones financieras
Mención aparte merece la propuesta de establecer un impuesto a las transacciones financieras, que tiene la virtud de generar recursos abundantes, en el corto plazo y de forma temporal. El problema es que se plantea como una tasa rasa confirmando su carácter recaudatorio, sin considerar los posibles efectos secundarios de su implementación; razón por la cual conviene repensar esta iniciativa tomando en consideración: una revisión del nivel de la tasa propuesta y áreas de exoneración que beneficie a los sectores más bajos (como exonerar los retiros por cajeros automáticos de bajo monto), así como acciones que favorezcan la actividad económica, como exonerar el pago de las planillas salariales.
Zonas francas y exoneraciones
El país está inmerso en una crisis, que exige un sacrificio adicional a la ciudadanía, donde todos deben aportar de acuerdo con sus posibilidades económicas. En momentos donde se plantea la necesidad de que todos los sectores asuman parte del costo del ajuste, no parece razonable dejar por fuera a los sectores más exitosos, como son las empresas en régimen de Zonas Francas.
Resguardando la seguridad jurídica de los compromisos adquiridos por el Gobierno con este régimen de producción, se hace ineludible la necesidad de discutir la conveniencia de que este sector aporte a la consolidación de las finanzas públicas.
Partiendo de esta premisa, es necesaria una revisión de las exoneraciones que han sido otorgadas durante años y en este momento es una oportunidad para ordenar estos esquemas de incentivos fiscales.
IVA
Intencionalmente, la propuesta del gobierno no toca el IVA que, si bien es un impuesto regresivo, un incremento de su tasa, con sectores y actividades exentas, podría ser una opción para valorar, en un momento en que no hay mucho margen para nuevos impuestos. De contemplarse un aumento de la tasa del IVA, esta debería de hacerse de manera progresiva y con un principio de equidad.
Una posible opción es el llamado IVA con devoluciones a los grupos de menos recursos, tal como se estuvo discutiendo en el pasado.
Gasto
Por el lado del gasto, si bien la Ley 9635 ya establece una clara restricción al crecimiento de este, sus efectos se verán a lo largo del tiempo.
A corto plazo se requieren esfuerzos adicionales. El gobierno en este sentido apuesta por la pronta aprobación de una ley de empleo público, que presenta dificultades para ello en la Asamblea Legislativa en el corto plazo, y en todo caso sus posibles efectos, también se verán en el largo plazo.
Llamado a construir
El pronunciamiento de la Escuela de Economía de la UNA se emite como respuesta a la situación económica y social que enfrenta actualmente el país, la cual se refleja en las cifras presentadas por el Banco Central de Costa Rica en la revisión del bienio 2020-2021, donde se proyecta un déficit financiero del Gobierno Central de 9,3 % y 8,1 %; una deuda del Gobierno Central de 70,2 % y 76,6 %, todo ello con respecto al PIB y con tasas de crecimiento económico real de - 5,0 % y 2,3 %.
“En este nuevo escenario de análisis se evidencia la profundización en el deterioro de las finanzas públicas y las limitaciones para el crecimiento de la producción, ambas situaciones ya se presentaban desde antes de la pandemia”, advierten economistas de ESEUNA.
Ante esta situación, la Escuela de Economía de la Universidad Nacional hace un llamado a los diversos actores políticos, económicos y sociales, para construir un acuerdo alrededor de la ruta que se debe seguir ante la crisis sin precedentes en la historia del país.
“La construcción de una ruta de estabilidad fiscal y social requiere de medidas graduales, integrales, que preserven el principio de justicia tributaria y equidad como preámbulo al modelo de desarrollo social y económico sostenible al que aspira la sociedad costarricense”, subraya el pronunciamiento.
Foto con fines ilustrativos. (Joaquín Salazar)
