*M.Sc. Marjorie Harley Ballestero
Desde hace algunos años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales han advertido sobre los efectos sociales y fiscales que implica el envejecimiento de la población en América Latina.
En comparación con Europa, que tuvo un largo periodo para experimentar esta condición, la región latinoamericana está triplicando su población mayor de 65 años mucho más rápido, lo cual implica que los países no tendrán el mismo tiempo para ajustar sus políticas fiscales y sociales al crecimiento de la población adulta mayor. En consecuencia, la política pública en la región debe empezar de inmediato a realizar los ajustes que demandan las nuevas características de su población.
La transición demográfica en América Latina duraría aproximadamente 15 años, hasta el 2040, con un espacio para que las políticas públicas y las instituciones tomen las previsiones hacia la atención adecuada de esta población en términos de salud, cuido y pensiones.
Costa Rica ha experimentado la misma tendencia regional. El grupo de edad entre los 15 y 34 años, que se considera en edad de trabajar, pasó de representar el 37.3% de la población total, en 1980, a un estimado de 28.1% en 2030, con lo cual se observa una disminución en la cantidad de personas activas que contribuyen con la seguridad social y la recaudación fiscal.
Por su parte, el grupo de edad de 65 y más pasó de 3.8% de la población total a un estimado de 15.5% para el periodo 1980-2030. Con este comportamiento se comprueba el cambio demográfico experimentado por el país desde hace décadas, con un crecimiento de la población inactiva que no contribuye con la seguridad social ni la recaudación de ingresos fiscales.
Lo anterior conduce al análisis del porcentaje de dependencia demográfica de Costa Rica, una medida que establece cuantas personas inactivas en el mercado laboral dependen económicamente de las que están activas (trabajan). Normalmente se utilizan tres medidas: la relación de dependencia total, la infantil y la de adultos mayores. El resultado arroja que la dependencia demográfica pasó de 6.6%, en 1980, hacia una proyección estimada de 22.6% en el 2023.
Cuando se analiza el porcentaje de dependencia demográfica por sexo, las mujeres están en una condición de dependencia mayor que los hombres. Para 1980 la dependencia de hombres inactivos en relación con los activos fue de 5.9% y se estima que para el 2030 haya crecido al 20.5%. Por su parte, la dependencia de mujeres pasivas en relación con las activas pasó de 7,1% en 1980 a un estimado de 24.7% para el 2030.
Estos datos obligan a reflexionar sobre los ajustes de la política pública para atender las necesidades de la creciente población de 65 años y más, particularmente en servicios de salud y las estrategias de incremento en los ingresos fiscales.
Al analizar los ingresos tributarios que provienen de los impuestos, según los tipos de actividad gravados de manera directa e indirecta, se tiene que para el periodo 2000-2022 Costa Rica presentó un porcentaje promedio de impuestos en relación con el producto interno bruto (PIB) del 22%, con altos y bajos sin mostrar tendencias al incremento.
En relación con el gasto público en salud, en los últimos 21 años Costa Rica mantuvo una tendencia al incremento entre el 2000 y el 2011, periodo en el cual paso de gastar 6.6% del PIB a un 8.1% del PIB.
Para el 2012 y siguientes, la tendencia se revirtió paulatinamente hasta llegar al punto más bajo en el 2017 cuando se gastó en salud un 7% del PIB. Para el año 2021 se registra un gasto en salud del 7.6% del PIB, que no alcanza los niveles del inicio del nuevo siglo.
Se puede concluir que Costa Rica ya está experimentando los efectos del cambio demográfico y el reto que significa en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los datos indican que los ingresos tributarios necesarios para hacer frente a las necesidades de la población adulta mayor no están creciendo y muestran el efecto del crecimiento de la población inactiva que no paga impuestos. Pero además, los indicadores advierten que el gasto público en salud tampoco está creciendo, de manera que las demandas relacionadas con la salud de la población de 65 años y más no se están atendiendo o se hace parcialmente.
Con el crecimiento de la población adulta mayor y del porcentaje de dependencia demográfica, se presiona fuertemente la capacidad de las finanzas públicas y en consecuencia estas deben reajustarse para la necesaria atención de las nuevas condiciones de un importante porcentaje de la población costarricense.
El reto para Costa Rica es mayor cuando se sabe que la pobreza y la pobreza extrema no han mejorado y la desigualdad se incrementa. Se tiene así que las variables de envejecimiento, distribución del ingreso y género, están relacionadas y por ende es necesario abordarlas de manera integral, para identificar políticas que conlleven a contrarrestar el bono fiscal negativo.
*La autora es coordinadora del proyecto “Sostenibilidad de las finanzas públicas: el reto de la transición demográfica y la desigualdad en Costa Rica” y académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
