Dr. Roberto Jiménez Gómez
El informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025, presenta una serie de indicadores relevantes para el análisis comparativo de la competitividad del país. En prácticamente ninguno de ellos, con excepción del crecimiento, el país sale bien valorado de acuerdo con las buenas prácticas y los valores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según el informe, existe un dinamismo mayor de la economía nacional en los últimos cinco años con respecto a los países de la OCDE; pese a ello, la desigualdad, que se muestra por medio del coeficiente de Gini, muestra que en esta organización el valor promedio es de 0.315, mientras que en Costa Rica alcanza un 0.470 (entre más cercano a 0, es mejor). O sea, somos un país muy desigual.
El documento muestra algo que conocemos, pero que muchas veces dejamos de lado: el cambio estructural del sistema productivo del país, en especial el dirigido al mercado externo. El peso relativo del café, la piña y el banano, como porcentaje de las exportaciones, se ha reducido, mientras que productos médicos y farmacéuticos, pasaron a tener una mayor relevancia. Esto es algo positivo, con la observación de que la nueva economía requiere ofrecer una serie de beneficios arancelarios, calidad de infraestructura, servicios y condiciones de estabilidad, que nos permita competir por la atracción y permanencia de inversiones, algo que es cada vez más difícil de aportar y sostener a través de la economía tradicional.
Por otra parte, es interesante analizar la relevancia económica del gobierno general. La razón gasto/PIB para el 2022 indica que los gastos representaron un 43.9% del Producto Interno Bruto para la OCDE y un 27.6% para el caso de Costa Rica, una diferencia significativa.
De igual forma, la razón ingreso/PIB de la OCDE es de 39%, mientras que para el caso costarricense es de 26.7%. Es decir, hay más gasto y más ingreso en el PIB promedio de la OCDE que en Costa Rica, lo cual hace pensar en la necesidad de emprender acciones para una mayor reducción del gasto, sin perder efectividad, y de buscar más fuentes de ingresos, lo que plantea todo un reto de política y de equidad distributiva.
El informe plantea, además, que la informalidad laboral tiene que ver con altos costos que implica formalizarse. Una razón adicional que se deduce es la baja escolaridad de la población menor de 24 años. Costa Rica tiene, después de Turquía, la tasa más alta de jóvenes excluidos de la educación, sin empleo y sin formación para el trabajo, algo preocupante y lamentable.
El informe resalta que el país invierte mucho más que la mayoría de naciones en educación como proporción del gasto del gobierno general, pero obtiene malos resultados. Aquí hay que hacer una lectura cuidadosa: aunque el valor absoluto de gasto cuenta para estimar el aporte en educación (como vimos la mayoría de los países tiene mayor proporción de gasto con respecto al PIB), se debe analizar el resultado de dicha inversión. Lo cierto del caso, es que, pese a que el país sí hace un esfuerzo importante en asignar recursos en educación, la calidad no se están obteniendo.
Además, existe una serie de recomendaciones que generan una posible dicotomía entre el bienestar de la sociedad y los objetivos de la OCDE:
1. Transferir la responsabilidad de financiamiento del INA Y FODESAF al gobierno, lo que sería condenarlos a desaparecer, pues como se ha visto para el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otros entes, según cada coyuntura y gobiernos, se suprimen la asignación de recursos por la vía del presupuesto gubernamental. El objetivo de tal recomendación es reducir la carga que según ese organismo pesa sobre la planilla de los patronos. Aquí se percibe una contradicción entre ser competitivo con una planilla menos cara, pero a costa de instituciones de formación y programas sociales muy importantes para los sectores más vulnerables. Unido a ello, esta acción llevaría a aumentar impuestos, pero ¿a quién se cargaría estos nuevos impuestos: a las mismas empresas (algo poco factible), a la economía tradicional o a la clase media que ha asumido las reformas fiscales recientes en un alto porcentaje?
2. Imponer tributos a la educación privada y salud es seguramente necesario para esta organización. El problema es que el deterioro de la calidad de los servicios de la CCSS ha llevado a los sectores sociales de clase media a usar cada vez más los servicios privados, y que son de los afectados por las reformas fiscales anteriores. También suma el deterioro de la educación en primaria y secundaria, en un contexto donde las universidades públicas no han podido o han sido incapaces de ofrecer accesibilidad en horarios y otras condiciones para carreras que den opciones laborales atractivas, lo cual afecta a la clase media.
3. En la mayoría de los países de la OCDE se tienen programas de beneficio al sector de la economía social como las cooperativas; sin embargo, una de las recomendaciones es gravar con un impuesto sobre la renta a este sector. La necesidad fiscal seguramente lo justifique, pero esta decisión hará que posiblemente generemos más desigualdad.
4. Se indica que el gasto de la planilla para las empresas es alto y que hay gastos como los asignados al Banco Popular e INA que no corresponden con las remuneraciones y deberían disminuirse. Los cargos de planilla representan un 37% del costo salarial y, de ellos, los patronos cubren el 72%, según el informe, lo cual encarece los costos. Esta situación, según la OCDE, debe solucionarse.
¿Quién asume estos cambios?
Aquí hay una decisión fuerte para el país entre competitividad espuria, una igualación hacia abajo y una sociedad que ha aspirado al bienestar de su pueblo y por qué no al desarrollo.
*El autor es investigador del Programa Sectores Productivos y Desarrollo (Seprodes) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
