Con el foro “Ciudadanía inconclusa. Retos del siglo XXI”, la Escuela de Historia invita a las mujeres a alzar la voz para reclamar su derecho a ejercer plenamente su ciudadanía, en el Día Internacional de la Mujer.
“Ciudadanas de segundo nivel”… Así resume Margarita Torres, académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional (UNA) el estatus de las mujeres en el país, producto de la construcción “profundamente desigual” de la ciudadanía entre hombres y mujeres.
Esta Escuela decidió, este año, conmemorar el 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres, abriendo espacio para que voces femeninas de la academia pusieran el dedo en la llaga sobre hasta dónde se ha avanzado en los derechos femeninos.
“Pese a 60 años de luchas en la vida política, todavía estamos en un papel secundario, como muestra la recién pasada elección municipal, donde la mayoría de las mujeres participan en condición de vicealcaldesas, mientras los hombres en el primer puesto como alcaldes”, subrayó Torres.
“¿Hasta dónde cada mujer en este país tiene las mismas oportunidades que los varones de ser elegidas?”, cuestionó Patricia Mora, diputada de Frente Amplio, quien alza su voz desde la Asamblea Legislativa.
En primer lugar –explica- las reuniones para decidir los puestos de elección popular en los partidos políticos generalmente se han desarrollado en horarios en que las mujeres no pueden asistir, debido a la doble o triple jornada que deben asumir para atender las tareas de los niños y el trabajo del hogar.
A esto se suma que “en política a las mujeres se nos exige el doble para terminar reconociéndonos la mitad”, añade la legisladora, quien considera que a ellas se les pone en un lugar subordinado, lo que conlleva que su voz no tenga el mismo peso que la de los hombres.
En el ejercicio de la ciudadanía social también hay deudas pendientes. Es conocido que en Costa Rica -como en muchos países- la pobreza tiene rostro de mujer y la población laboral femenina gana menor salario que la masculina por un mismo trabajo. Esto, sin contar el trabajo doméstico, como la limpieza, el cuido de los niños y los adultos mayores y demás tareas, por las que no reciben remuneración alguna. “Si bien en un país como el nuestro jurídicamente podemos decir que gozamos de igualdad ante la ley, lo cierto es que en la vida del día a día eso no es así; seguimos viviendo en una sociedad cruzada por la masculinidad donde simbólicamente llevamos las de perder”, subraya Mora.
Por derechos plenos en salud reproductiva
Para Larissa Arroyo, académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA, la cuidadanía inconclusa se evidencia también en el campo de la salud sexual y reproductiva, donde no se consideran las necesidades específicas de las mujeres. Explicó que los hombres no tienen que preocuparse de atender a la familia ni de una doble o tercera jornada, de manera que si no se garantiza el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos y derechos relacionados con la maternidad, no solo se afecta la salud personal de las mujeres, sino también su desarrollo pleno en la familia y en el trabajo.
Y es que –según explica- todo lo que tiene que ver con la maternidad, los accesos a servicios de salud y a los métodos anticonceptivos tienen un impacto directo sobre la carrera laboral de las mujeres, tanto en lo que se refiere a contratación, como a permanencia en los cargos o a la posibilidad de acceder a puestos de decisión.
Por su parte, la académica Gabriela Arguedas, de la Maestría en Bioética UCR-UNA, alza su voz contra la violencia obstétrica, una forma de violencia contra las mujeres que se da en el campo institucional de la atención de la salud, la cual –asegura- tiene que ver con cómo la sociedad ha internalizado la lógica patriarcal dentro de las instituciones del estado.
“Uno de los reclamos fundamentales de ciudadanía es la autonomía, el derecho a gobernarnos a nosotras mismas; un ciudadano se da el derecho de decidir sobre asuntos económicos, políticos, entre otros, por eso se habla de un ejercicio de emancipación, de libertad fundamental, pero precisamente eso queda anulado o destruido con la violencia obstétrica”. Insistió en que este tipo de violencia refuerza simbólicamente la idea de que las mujeres no tienen propiedad o derecho sobre sus propios cuerpos.
Derechos, no flores
Ha habido avances, que parten del derecho al voto para las mujeres establecido en la Constitución Política de 1949, y pasando por la promulgación de una serie de leyes de igualdad y contra la violencia.
“El problema es que esas leyes básicamente han beneficiado a las mujeres de clase media a clase media alta, a las mujeres urbanas, quienes ya de por sí tenían más acceso a recursos, pero la gran mayoría de las mujeres terminan siendo excluidas”, recalca Monserrat Sagot, directora del Programa de Posgrado de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica.
Insistió en que mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y pobres no han sido beneficiadas o lo han sido muy poco de esas leyes. Aunque reconoce que es un avance que exista esta legislación, está convencida de que la exclusión de las mujeres de los procesos de ciudadanía tiene que ver con asuntos más profundos.
En este sentido, estima que se requiere una transformación económica que haga una redistribución de los recursos económicos y que las mujeres tengan mayor acceso al poder económico, político y simbólico. “Si únicamente nos enfocamos en cambiar leyes en el ámbito de lo público pero no transformamos la estructura económica de la sociedad ni la vida del hogar, la vida cotidiana y privada de las mujeres, poco se va a avanzar.
Por eso, la académica de la Escuela de Historia de la UNA, Margarita Torres nos recuerda que esta “es una lucha que debemos continuar para que las mujeres podamos gozar de los plenos derechos políticos, como nos corresponde”. No por casualidad, en el Día Internacional de las Mujeres, esta unidad académica reafirma a la sociedad que “Queremos derechos, no flores”, como reza el título de uno de los talleres del foro “Cuidadanía inconclusa. Retos del siglo XXI”.
