Rectores de universidades públicas y economistas de la UNA piden profundizar medidas de protección para los más vulnerables y garantizar contribución de todos los sectores en función de sus posibilidades.
Un enorme espíritu de solidaridad colectiva, responsabilidad individual y grupal, y la colaboración entre todos los sectores se requieren para que Costa Rica adopte medidas inmediatas que garanticen el bienestar de sus habitantes y la democracia nacional, ante la crisis sanitaria y económica generada por la propagación del covid-19.
Así lo expresan los rectores de las universidades públicas, reunidos en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en un pronunciamiento, donde resaltan la necesidad de profundizar las medidas de protección a los segmentos de la población más vulnerables y los que se encuentran en condición de extrema pobreza.
Los rectores subrayaron que las propuestas deben incluir medidas sociales, laborales y económicas sensatas y prudentes.
El Consejo Nacional de Rectores hizo un llamado al debate racional de forma constructiva y equilibrada, preservando el Estado Social y el compromiso con la Patria, que permita una recuperación económica, mediante un plan que integre diferentes acciones, sin menoscabar la estabilidad de las familias y el bienestar de la ciudadanía.
“Es inaceptable que se pida austeridad para un sector de la población y no para todos los sectores, en medio de una grave emergencia sanitaria que requiere inversiones adicionales y un mayor gasto corriente para garantizar la salud de la población. También es inaceptable que se trate de debilitar y vulnerar la institucionalidad en la coyuntura de esta pandemia. Todos los sectores sociales deben contribuir con el bienestar de toda la sociedad, en función de sus posibilidades”, dice el pronunciamiento de Conare.
En ese sentido, Conare destacó las recomendaciones que han sugerido economistas de las universidades públicas que se han pronunciado sobre el tema.
Entre las sugerencias de los especialistas universitarios citadas por los rectores, resaltan: fortalecer las plataformas y medios que promuevan la economía digital, utilizando para ello los recursos de FONATEL; un paquete económico de apoyo a los y las emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas costarricenses, utilizando para ello recursos del sistema de Banca para el Desarrollo; profundizar las medidas de protección a los segmentos de la población más vulnerables y los que se encuentran en condición de extrema pobreza; intensificar las acciones legales y las medidas administrativas para enfrentar la alta elusión y evasión fiscal que enfrenta el país; e instar a la Asamblea Legislativa a aprobar la Ley contra la usura, utilizando para ello, el promedio de la tasa de interés máxima que se propone en los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional.
Por medidas progresivas y solidarias
Por su parte, los economistas Fernando Rodríguez, Roxana Morales Ramos, Henry Mora Jiménez y Greivin Salazar Álvarez del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, el 27 de marzo pasado, ante la medida anunciada por el Gobierno de la República relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, la cual –estiman- abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19.
“Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis”, afirman los economistas de la UNA.
En ese sentido, propusieron lo siguiente:
1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.
2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.
3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.
4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.
5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.
6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.
Los economistas del programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reiteraron su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.
Fotos ilustrativas: Joaquín Salazar.
