Especialistas de la Maestría en Planificación de la UNA proponen el relanzamiento de la demanda nacional, como parte de una amplia iniciativa dirigida a impedir que el desempleo y la pobreza se profundicen como consecuencia de la pandemia del covid-19.
Un relanzamiento de la demanda nacional proponen académicos de la Maestría en Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional (EPPS), para sostener la liquidez en el mercado y disminuir las previsiones de desempleo.
Este planteamiento forma parte de la “Propuesta para la atención de los efectos inmediatos y posteriores a la emergencia nacional que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus covid-19 en Costa Rica- Aportes desde la planificación”, que ya fue entregada a autoridades gubernamentales del país.
Elaborada por los planificadores Gonzalo Ramírez, Ángel Ortega, Giovanni Rodríguez, Alejandra Ávila, Juan Carlos Mora y José Ángel Castro Granados, la iniciativa tiene como objetivo evitar que los peores rasgos de nuestro modelo de desarrollo, como son la pobreza, el deterioro de la distribución del ingreso y las desigualdades regionales, se profundicen como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.
Uno de los planteamientos que resalta en el documento es el relanzamiento de la demanda nacional, para lo cual los proponentes consideran que es preciso tomar las siguientes acciones:
a) Promover desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que las empresas del sector público, de zona franca, empresas transnacionales, grandes empresas nacionales y empresas de mediano tamaño no despidan a sus trabajadores. Por el contrario, debe promoverse que se les asegure al menos parte de su salario durante el periodo de crisis sanitaria por Covid-19 y durante 12 meses después de esta.
Esto permitirá contribuir con el sostenimiento de la liquidez en el mercado y la disminución en las previsiones de desempleo en el país.
Para lograr este propósito, se debe hacer un balance de los estímulos crediticios fiscales y de precios de servicios que se le puedan otorgar a esas empresas.
b) Mejorar los procesos de la administración pública eliminando tramitología que no añade valor al servicio público, encarece la gestión y ralentiza el acceso a los recursos de emergencia.
c) Considerando el poco espacio de maniobra fiscal para hacer política anti-cíclica y la aparente ineficacia de los estímulos monetarios normalmente usados en Costa Rica (tasa de política monetaria, encajes), así como la importancia y al mismo tiempo la enorme dificultad actual de emplear instrumentos de estímulo fiscal se hacen evidentes, se proponen los siguientes aspectos a tomar en cuenta:
- Iniciar las negociaciones de los proyectos de ley necesarios para gravar a las empresas de zona franca.
- Ampliar la base y aumentar los impuestos sobre ganancias de capital.
- Gravar por un período fijo y limitado (dos o tres años) los ingresos brutos de las empresas emisoras de tarjetas de crédito, en un 0,5%.
- Apoyar la contribución solidaria sobre los salarios superiores a 1,5 millones de colones durante los siguientes seis meses, con un aporte base de 10.000 colones y gravando 10.000 mil colones adicionales por cada tramo de 100 mil colones de incremento en la escala salarial.
- Posponer por un período limitado de tiempo las medidas planeadas de ajuste del gasto en remuneraciones del sector público, excepto las medidas destinadas a eliminar el crecimiento exponencial resultante de la aplicación de anualidades y de otras formas de remuneración.
- En relación con el tema de deuda pública y gasto, es indispensable congelar la aplicación de la Regla Fiscal por el tiempo que sea necesario. La realidad de la presente crisis hace casi inevitable que se supere el límite del 60% sobre el PIB de endeudamiento.
- Debemos buscar activamente operaciones de Swap de deuda interna con el propósito de aplanar y prolongar la curva de pagos de amortizaciones.
- Se hace indispensable en estas circunstancias la total movilización de los superávits de las instituciones autónomas y semiautónomas no financieras, así como las de los órganos desconcentrados.
- Canalizar totalmente los recursos disponibles del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para atender a las familias del sector agrícola afectadas de manera directa por la epidemia.
- Autorizar el retiro de los recursos de las cesantías a los empleados, sobre todo para aquellas personas que pierden sus empleos. No así de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones, pues ello afectará la sostenibilidad del sistema de pensiones y la estabilidad futura de las personas adultas mayores.
- Utilizar los recursos del diferencial de precios de los combustibles, resultantes de la disminución de precios del petróleo, para fortalecer la liquidez del gobierno en la atención de los efectos sociales de la crisis.
- Los recursos no indispensables del sector público y entidades autónomas destinados a viajes al exterior y sus viáticos, de los meses de marzo, abril mayo y todos los meses que se tengan activas las medidas tomadas ante la crisis, se reorienten a este fondo nacional de emergencias.
- Grabar con el 0.5% todas las transacciones financieras no salariales. Estos fondos solo podrán ser utilizados para dar apoyo a mipymes o nuevas iniciativas de emprendedurismo.
- Emitir lineamientos para los bancos públicos para que los préstamos personales y de la micro y mediana empresa, no sean cobrados por los siguientes 4 meses y que estas cuotas sean diluidas en el resto del plazo de la deuda. Esto aplicaría únicamente para aquellas empresas y familias con afectación directa provocada por la crisis.
Además del relanzamiento de la demanda, la iniciativa completa de los especialistas de la Maestría en Planificación incluye el relanzamiento de la oferta interna y recomendaciones sobre sector externo, política monetaria y crediticia, y políticas social.
La propuesta está construida desde una perspectiva multidisciplinaria, propia del ejercicio de la planificación.
