Costa Rica tiene una gran deuda con la niñez y la adolescencia, ya que son muy reducidas las acciones implementadas por los gobiernos en los últimos 22 años, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, según análisis realizado por el INEINA.
Aún cuando Costa Rica se comprometió en 1990 con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a convertir las normas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (a), en una realidad para la niñez y la adolescencia que se encuentre en territorio costarricense, poco o casi nada se ha hecho en esta materia, al punto que periódicamente esta organización mundial ha dirigido llamadas de atención en forma sostenida sobre la vulnerabilidad en que se encuentra la población de personas menores de edad de nuestro país.
Investigadores del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional (UNA) realizaron un análisis pormenorizado de cada uno de los informes rendidos por el Comité de los Derechos del Niño, para determinar cuáles han sido las recomendaciones realizadas, cuáles han sido las acciones impulsadas por Costa Rica y en términos generales cuál es el balance general en esta materia.
Rodolfo Vicente Salazar, investigador y director del INEINA, al dar a conocer el análisis efectuado por los académicos e investigadores de la UNA, aseguró que Costa Rica tiene una gran deuda con la niñez y la adolescencia del país, dado que son muy reducidas las acciones implementadas por el Gobierno en los últimos 22 años, desde que se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Vicente Salazar reconoció que una de las primeras acciones que adoptó el país en seguimiento de la Convención es la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998.
Los investigadores del INEINA, seleccionaron algunos temas que en forma sostenida el Comité, ha formulado a nuestro país, como son por ejemplo adopciones, poblaciones vulnerables (rurales, indígenas y migrantes), participación, educación, asociación y castigo físico.
En relación a las adopciones, Rodolfo Vicente, comentó que la el Comité, ha advertido sobre la necesidad de que se reforme la legislación de adopciones de acuerdo al Convenio de la Haya y que las prácticas de adopciones privadas o directas podrían encubrir casos de tratas de personas. Asimismo, al reconocer el Comité que existe un sistema paralelo de adopción privada, solicitó al país qué medidas están siendo tomadas al respecto.
Asimismo preocupa, la duración en la colocación provisional por más de 3 años, antes de que el Juez se pronuncie sobre la colocación definitiva de los niños y las niñas. En este sentido se considera que la colocación provisional dure el menos tiempo posible y que los jueces se pronuncien sobre la cuestión en la fase inicial de la separación del niño o la niña y adolescentes de sus padres.
Respecto al tema de protección de la vida, dijo Vicente Salazar, que en el tercer informe indica la preocupación por el acceso limitado de los niños indígenas, migrantes y los de zonas rurales, a la educación y servicios de salud básicos, así como su bajo nivel de vida. La necesidad de una mayor atención a las necesidades de los pueblos indígenas, hacer frente a la mortalidad infantil entre estas comunidades y procurar que aumente su nivel de educación y vida.
