Aislados políticamente y dispersos geográficamente -a más de 500 años de la conquista de América- los indígenas costarricenses se encuentran a merced de situaciones que atentan contra sus derechos básicos, entre ellos el acceso a la educación.
Aislados políticamente y dispersos geográficamente, la lucha cotidiana de los indígenas costarricenses se limita a la satisfacción de sus necesidades de sobrevivencia.
Carentes de una verdadera resistencia organizada, estas poblaciones se encuentran todavía hoy –a más de 500 años de la conquista de América-, a merced de situaciones que atentan contra sus derechos económicos, sociales y culturales, como la interminable invasión de sus territorios, la expansión de comercios y fincas no indígenas, el desarrollo de actividades extractivas de sus recursos naturales, así como el difícil acceso a servicios básicos como la educación y la salud.
Así lo confirmó la académica Deborah Leal Rodrígues, quien presentó el “Informe de base de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas de Costa Rica”, durante la Semana de Humanidades, organizada recientemente por el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional (UNA).
“Sin tener los recursos para resistir las adversidades, los indígenas son la población más vulnerable de Costa Rica y visiblemente la más afectada por los modelos de desarrollo económicos impuestos, y por la negación de su existencia como culturas autodeterminadas en sus pueblos originarios”, subraya Leal.
De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2011, 78.073 habitantes del país se autoidentificaron como pertenecientes a pueblos indígenas. De éstos, la mayoría afirmaron pertenecer a los pueblos bribi (18.198) y cabécar (16.985). Les siguen los chorotegas (11.442), los nögbes o guaymíes (9.543), bruncas o borucas (5.555), huetares (3.461, terires o térrabas (2.665) y malekus o guatusos (1780). Además, 8.444 personas se identificaron como pertenecientes a pueblos indígenas de otro país.
Reconocidos por el Estado costarricense, los territorios ancestrales de estos pueblos indígenas se distribuyen en el país de la siguiente manera: bribris y cabécares, en Talamanca en la provincia de Limón; chorotegas, en Hojancha, Guanacaste; nögbes o guaymíes, en la zona sur; bruncas o borucas y terires o térrabas, en el Pacífico Sur; huetares, en Zapatón y Quitirrisí en los cantones de Mora y Puriscal; y malekus, en la zona norte.
En lo que se refiere al ámbito educativo, el “Informe de base de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas de Costa Rica” señala que nueve de cada diez estudiantes indígenas no terminan la enseñanza secundaria en el país, lo que aleja a esta población de posibilidades de empleo de calidad.
Y es que acceder a la educación –principal factor de movilidad social- es toda una odisea para los habitantes de los territorios indígenas costarricenses. No solo las largas distancias los separan de esa oportunidad, sino también la falta de recursos.
En el campo de la salud a los indígenas no se les atiende en igualdad de condiciones. Es común que los partos se produzcan en las propias casas. Además, indígenas comentan que han sufrido maltratos en el EBAIS, donde hay días de atención para blancos y días de atención para indígenas. Una vez al mes, personal de este centro de salud va a las comunidades. Aunque cada comunidad representa un mundo indígena distinto, lo cierto es que las poblaciones ubicadas en otras áreas del territorio nacional, presentan situaciones similares de aislamiento e invisibilización.
A partir del trabajo desarrollado con poblaciones indígenas costarricenses, la académica Deborah Leal asegura que los pueblos indígenas en Costa Rica buscan un espacio de inclusión que les permita la reproducción de sus estructuras culturales ancestrales y, a la vez, alcanzar un nivel de vida coherente con el patrón nacional.
Para lograrlo, es preciso, entre otras cosas, el desarrollo de una educación propia, que integre el género y los distintos grupos etarios y que además considere y respete las estructuras sociales y organizativas propias como los clanes o familias extendidas.
Es por eso que mediante la Plataforma DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales)-ARUANDA, no solo se pretende que se visibilicen las denuncias y problemáticas de las comunidades indígenas, sino que se capacite a los actores locales en la elaboración de proyectos para que, a mediano plazo, los lleven adelante y sean así protagonistas de su propio desarrollo en sosteniblidad.
La iniciativa empezó en el Centro de Estudios Generales (CEG), en 2008, al arrancar el diagnóstico de la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica y de las posibilidades de acción de la UNA en esas comunidades.
