Iniciativa popular propone reformas a la Ley de Vida Silvestre con el objetivo de mejorar las regulaciones en áreas como la cacería, reintroducción de especies y comercio ilegal, entre otras.
Costa Rica cuenta desde 1992 con una Ley de Vida Silvestre, sin embargo en el 2006 se aprueba por iniciativa popular una propuesta para fortalecer y mejorar regulaciones en aspectos como la caza de especies amenazadas, las colectas científicas, la reintroducción de especies y una mayor restricción en cuanto al comercio y tenencia de estas especies.
Organizado por la Escuela de Ciencias Biológicas la Universidad Nacional (UNA), el Programa UNA Vinculación y la Sociedad Mesoamericana para la Vida y la Conservación, se realizó el foro Alcances de la nueva Ley de vida silvestre, donde participaron como panelistas Gino Biamonte, de Apreflofas; Roberto Salom, de la Fundación Panthera-Costa Rica, Luis Diego Marín de Preserve Planet, Claudio Monge diputado del Partido Acción Ciudadana, José Joaquín Monge del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), Javier Rodríguez de la Fundación Promar y Laura Porras del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS) de la Universidad Nacional (UNA).
Salom destacó que en la propuesta se rescata la prohibición de la caza, cautiverio y posesión de pieles o partes de estas especies sin los permisos respectivos pero la mayor problemática se da por el conflicto entre felinos y el ganado, la ley actual contempla que se podrán capturar y reubicar, pero ni la actual ley ni la propuesta, abarcan aspectos genéticos, poblacionales y parasitarios que son elementales.
Luis Diego Marín, de Preserve Planet, afirma que las acciones no se pueden basar solo en la ley. Subrayó que la cacería, ya sea legal o ilegal, es el tercer negocio ilícito más grande del planeta. En su criterio, existe mucha impunidad hacia la gente que lo realiza y se apoya además de la venta en la tenencia de animales en cautiverio.
“Se sabe que la cacería es un juego, ya que ni las multas ni la legislación son tan fuertes, y con el precio de la venta ilícita, se paga la multa y se saca la ganancia. Con esta nueva propuesta de ley, se eliminan las multas ridículas y se logran equipar con los salarios base”.
De acuerdo con José Joaquín Monge del SINAC, uno de los mayores problemas es la falta de control de quién hace o no investigaciones en el país. “Uno de los mayores cambios en la ley es que se va a exigir un reporte final de las investigaciones y no solo avances como se hace actualmente. Esto permitirá conocer qué se hace en el país y para qué, además de tener control sobre lo que se colecta”.
Javier Rodríguez, de Promar, señaló que problemas serios como la tenencia y comercio de especies marinas y la caza ilegal de tortugas marinas y manatíes se podrían regular con esta propuesta.
Claudio Monge, diputado del PAC, consideró necesario hacer un llamado a la movilización de las partes interesadas para que apoyen el proyecto, porque “a pesar de que no tiene ambiente sabemos que es necesario”.
La propuesta para la reforma de ley se elaboró mediante talleres, reuniones con expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales, cuenta además con el apoyo de 117 mil firmas de ciudadanos costarricenses, lo que permitirá presentar a finales de este año, la propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa para su estudio, debate y eventual aprobación.
