La trata de personas hace escala en Costa Rica, país de tránsito de víctimas, quienes son utilizadas con fines de explotación, especialmente sexual y laboral, en Norteamérica y Europa. Esta realidad justifica un proyecto conjunto Universidad Pablo de Olavide, España-IDESPO-UNA.
“El concepto trata de personas dificulta entender a qué nos estamos refiriendo; la palabra claramente es esclavitud, independientemente de si ésta es sexual, laboral o de otra índole”, subraya la investigadora española Inmaculada Sánchez, integrante del equipo del proyecto “Trata de personas, dignidad y derechos humanos: experiencias y perspectivas de investigación en Costa Rica”, desarrollado en conjunto por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de España y el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA).
Y es que por medio del engaño, las víctimas de trata son utilizadas para la explotación laboral (doméstica, en fábricas, industria pesquera, construcción, trabajos agrícolas), sexual (prostitución, pornografía, pedofilia, turismo sexual) o en prácticas diversas (mendicidad, venta de órganos, embarazos forzados con fines de adopción).
No por casualidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF-por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), también califican la trata de personas como un tipo de “esclavitud moderna”, cuya huella destructora se ha imprimido fuertemente en Costa Rica en la última década, conforme ha crecido el turismo, principal fuente de divisas.
De hecho, en esta materia, a Costa Rica se le conoce como un país de tránsito de víctimas con destino a Estados Unidos, México, Canadá y Europa. También se sabe que mujeres y niñas procedentes de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Panamá, Rusia, Uzbekistán y Filipinas son trasladadas al país para la explotación sexual, y que mujeres y menores costarricenses son víctimas de la trata interna o son llevados a El Salvador, Guatemala, Japón y Estados Unidos con el mismo fin.
Esta realidad -oculta de la vista del público dada la índole ilegal e inhumana de este lucrativo negocio-, es la que justifica el desarrollo de este proyecto conjunto UPO-UNA, el cual no solo pretende visibilizar las situaciones de vulnerabilidad que padecen las personas sometidas a la trata, sino contribuir a potenciar los esfuerzos por combatirla mediante un abordaje interdisciplinario y cimentado en el respeto por la dignidad y los derechos humanos.
Como parte del proyecto, el equipo investigador se dio a la tarea de hacer un diagnóstico de de las acciones desplegadas por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en materia de trata de personas en el país.
Según el diagnóstico realizado por el equipo interuniversitario, en Costa Rica hay una búsqueda de coordinación entre instituciones y organizaciones no gubernamentales.
El IDESPO, desde el trabajo investigativo, había incursionado en el tema en dos encuestas de opinión pública en 2009 y 2010, cuyos resultados muestran que la población costarricense percibe que es urgente atender la trata de personas, pero que el país no tiene los mecanismos para enfrentarla.
El proyecto “Trata de personas, dignidad y derechos humanos: experiencias y perspectivas de investigación en Costa Rica” –financiado por el Plan de Cooperación de la UPO-, es desarrollado por las y los académicos Nuria Cordero, Pilar Cruz e Inmaculada Sánchez, de la universidad española, y María de los Ángeles Carrillo, Ana María Hernández, Norman Solórzano y Guillermo Acuña, del IDESPO-UNA.
