Ante la emergencia por el Covid-19, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), propone una serie de medidas de política económica de mediano, corto y plazo urgentes, que acompañen las acciones que ya se han venido discutiendo en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, para mitigar los efectos económicos de la crisis.
Olman Segura Bonilla, director del Cinpe, y varios académicos de la institución se dieron a la tarea de estudiar y redactar 18 propuestas, algunas ya encaminadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo y otras que generarían un empuje en la economía nacional para afrontar la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus que apenas inicia. Acá les presentamos un extracto de ellas. Otras propuestas se encuentran en el documento completo (www.cinpe.una.ac.cr).
Urgente inmediato:
Cadenas cortas de bienes básicos durante y después de la emergencia: Las cadenas cortas son aquellas que acercan al productor con el consumidor en espacios locales y son mecanismos de desarrollo productivo. En Costa Rica hay institucionalidad que las ha promovido, en especial las ferias del agricultor, con 76 operando a lo largo del país, los Centros Agrícolas Cantonales (CAC), Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos (Ceproma), los nuevos diseños de los mercados mayoristas, como el Mercado Regional Chorotega, en Carrillo de Guanacaste. Banca para el Desarrollo debe invertir en este campo.
Plan de Salvamento: Crear un fondo para un programa inmediato y solidario de salvamento para las personas trabajadoras del sector no público (sector privado, cooperativo, asociativo, etc) de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para el pago parcial de los salarios, condicionado a no despedir a los trabajadores. Varias fuentes de financiamiento se enumeran en el documento de propuestas.
Potenciar el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI): El empleo rural es fundamental, por lo que se deber replantear el PAI como un organismo independiente del CNP y establecer alianzas con el Programa de Incremento de Mercadeo Agropecuario (Pima), para vincularlo con la filosofía de mercados de circuitos cortos que el Pima está desarrollando a nivel regional. La banca pública debe capitalizar el PAI para apoyarle.
Corto plazo (Año 2020)
Robustecer los mecanismos de Defensa Comercial: Para fomentar las economías rurales en tiempo de crisis del covid-19 y desde la arista de defensa comercial, sin que esto signifique el retorno al proteccionismo, sino el cumplimiento de los compromisos pactados.
Regulación económica: Implementar un fuerte control de precios de oligopolios en el sector de medicinas, sector construcción (cemento y materiales de construcción), bancario, entre otros, como una medida por mantener precios justos, contribuyendo a abaratar los costos en el país.
Renta básica universal: Pasar del actual esquema de transferencias condicionadas que no ha logrado reducir la pobreza del 20% en los últimos 25 años, a uno de renta universal mínima, transfiriendo a las familias pobres, desempleados y personas excluidas del sistema económico, un equivalente a lo requerido para vivir dignamente. El financiamiento se explica en el documento.
Mediano plazo (2020-2023):
Moratoria de la deuda pública internacional. El Gobierno debe solicitar la moratoria de tres años del servicio de la deuda externa a los organismos financieros internacionales, igual que lo están haciendo otros países.
Utilizar parte de las Reservas Monetarias Internacionales. El país tiene depositadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) suficientes reservas internacionales ($8.000 millones) para respaldar las transacciones internacionales que se realizan, por lo tanto, apoyamos la propuesta del Sr. William Hyden, de considerar el uso de una parte menor de las mismas para inyectar liquidez al mercado local, y brindar apoyo transitorio a la emergencia del covid-19. Debe ponerse especial cuidado en el uso de los recursos para que se utilicen prioritariamente en la emergencia hospitalaria y de los ingresos de los trabajadores del sector no público.
Empresas de servicios públicos. Es importante estar atento y vigilante de las condiciones productivas y garantía de continuidad de las empresas de servicios públicos, aunque realicen una moratoria de tres meses para el pago de sus servicios a la ciudadanía. La electricidad, telefonía, internet, servicios de agua, recolección de basura, provisión de combustible y otros no deben detenerse, menos por desatención de potenciales vacíos en la cadena de abastecimiento o cambios en el consumo, derivados de los cambios en las costumbres de los hogares.
