El Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua de la (PRIGA) de la UNA realizó el debate “Agua y reforma constitucional en Costa Rica” para informar a la opinión pública sobre las iniciativas de ley que buscan garantizar el acceso de las personas al agua, así como darle rango constitucional.
Tres iniciativas de reforma constitucional se han presentado en la corriente legislativa en materia de aguas. La reforma del inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política, que busca que las aguas de dominio público y las fuerzas que puedan obtenerse no puedan salir del dominio del Estado; la reforma al artículo 21, que defiende el derecho de toda persona a la salud y acceder al agua de forma suficiente, segura, física y económicamente asequible en condiciones de calidad adecuadas para el consumo humano, tanto para uso personal como doméstico, y la reforma del artículo 50, que establece que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Agrega que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. De ahí que el acceso al agua es un derecho humano, el cual es Estado defenderá, garantizará, preservará y determinará responsabilidad y las sanciones correspondientes.
Precisamente, con el propósito de que la opinión pública se informe sobre estas iniciativas de ley en torno al futuro del recurso hídrico, el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua de la Universidad Nacional (PRIGA-UNA), realizó el debate “Agua y reforma constitucional en Costa Rica”, en el que participaron algunos legisladores interesados en la temática del agua.
Ana Barquero, coordinadora del PRIGRA, manifestó que parte de la labor del programa consiste en convocar a foros y debates para que la opinión pública a través de los actores sociales se entere de la importancia para el país de ratificar la resolución de la ONU A/64/L.63/Rev.1 del 28 de julio de 2010, que declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Ratificar dicha resolución garantiza el derecho de todo ser humano, sin discriminación, a disponer de agua potable y para el servicio de saneamiento de modo continuo y en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos.
El agua disponible ha de ser de calidad suficiente para sus fines esenciales. Esta será salubre, es decir, no ha de contener microorganismos, sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas, conforme a los mínimos estándares internacionales propugnados por la OMS que determinan la calidad del agua potable, entre otros.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio indicó que el principal beneficio de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, consistiría proteger el preciado líquido dentro de la norma fundamental, esto con el propósito de que el agua se considere un bien público que no se pueda privatizar y esté al servicio de las comunidades. Además, que sea un derecho humano que implique el derecho al acceso en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, así como al alcantarillado sanitario para todas las personas.
“Igualmente necesitamos reformar la ley de aguas de 1943, la cual permite que se den concesiones para explotar el líquido como si fuera un asunto comercial. No es una ley hecha a las necesidades de nuestros días”, destacó Villalta.
Yolanda Acuña, diputada del Partido Acción Ciudadana, manifestó que para aprobar estas iniciativas de ley, la principal herramienta está en el pueblo, en donde la sociedad debe reaccionar sobre un tema tan trascendental como lo es el agua. “En este momento el Movimiento Libertario se opone a la iniciativa porque ven el agua como una mercancía; sin embargo, no creo que pongan en juego el costo político”, subrayó Acuña.
Manuel Hernández, legislador del Movimiento Libertario, comentó que a como se plantea en el texto la reforma al artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, la fracción rojiblanca descartaría apoyar, dado que al final los perjudicados serán los que menos tienen. “Por ejemplo, los agricultores de la provincia de Limón tendrían que sacar una concesión y además no me imagino a los pobladores de Barra del Colorado, Tortuguero y Parismina, pagando un canon por trasladarse”, acotó Hernández.
El libertario señaló que sin embargo, el proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución, podría servir de base para lograr un texto consensuado por las demás fracciones políticas, siempre y cuando no se vea afectada la colectividad.
La reforma Constitucional que garantiza el agua como un derecho humano irá un mes a comisión y su aprobación requiere de tres legislaturas.
Precisamente, con el propósito de que la opinión pública se informe sobre estas iniciativas de ley en torno al futuro del recurso hídrico, el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua de la Universidad Nacional (PRIGA-UNA), realizó el debate “Agua y reforma constitucional en Costa Rica”, en el que participaron algunos legisladores interesados en la temática del agua.
Ana Barquero, coordinadora del PRIGRA, manifestó que parte de la labor del programa consiste en convocar a foros y debates para que la opinión pública a través de los actores sociales se entere de la importancia para el país de ratificar la resolución de la ONU A/64/L.63/Rev.1 del 28 de julio de 2010, que declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Ratificar dicha resolución garantiza el derecho de todo ser humano, sin discriminación, a disponer de agua potable y para el servicio de saneamiento de modo continuo y en cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos.
El agua disponible ha de ser de calidad suficiente para sus fines esenciales. Esta será salubre, es decir, no ha de contener microorganismos, sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas, conforme a los mínimos estándares internacionales propugnados por la OMS que determinan la calidad del agua potable, entre otros.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio indicó que el principal beneficio de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, consistiría proteger el preciado líquido dentro de la norma fundamental, esto con el propósito de que el agua se considere un bien público que no se pueda privatizar y esté al servicio de las comunidades. Además, que sea un derecho humano que implique el derecho al acceso en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, así como al alcantarillado sanitario para todas las personas.
“Igualmente necesitamos reformar la ley de aguas de 1943, la cual permite que se den concesiones para explotar el líquido como si fuera un asunto comercial. No es una ley hecha a las necesidades de nuestros días”, destacó Villalta.
Yolanda Acuña, diputada del Partido Acción Ciudadana, manifestó que para aprobar estas iniciativas de ley, la principal herramienta está en el pueblo, en donde la sociedad debe reaccionar sobre un tema tan trascendental como lo es el agua. “En este momento el Movimiento Libertario se opone a la iniciativa porque ven el agua como una mercancía; sin embargo, no creo que pongan en juego el costo político”, subrayó Acuña.
Manuel Hernández, legislador del Movimiento Libertario, comentó que a como se plantea en el texto la reforma al artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, la fracción rojiblanca descartaría apoyar, dado que al final los perjudicados serán los que menos tienen. “Por ejemplo, los agricultores de la provincia de Limón tendrían que sacar una concesión y además no me imagino a los pobladores de Barra del Colorado, Tortuguero y Parismina, pagando un canon por trasladarse”, acotó Hernández.
El libertario señaló que sin embargo, el proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución, podría servir de base para lograr un texto consensuado por las demás fracciones políticas, siempre y cuando no se vea afectada la colectividad.
La reforma Constitucional que garantiza el agua como un derecho humano irá un mes a comisión y su aprobación requiere de tres legislaturas.
