Tras las elecciones nacionales del pasado 1 de febrero, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera, hizo un llamado al respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas y a trabajar de manera conjunta en procura de alcanzar “grandes acuerdos nacionales” en materia educativa, ambiental, económica, social y de seguridad.
Al mismo tiempo, resaltó la labor del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la defensa democrática y en la necesidad de observar con criticidad el fenómeno del abstencionismo, así como el rol de la UNA frente a los desafíos que enfrenta el país.
“Estos acuerdos no pueden ser obra de un solo partido o de un solo gobierno. Requieren la participación de universidades, organizaciones sociales, sector privado, comunidades, y por supuesto, de la Asamblea Legislativa”, destacó el rector.
Herrera agregó que la UNA reafirma su compromiso histórico con Costa Rica. “Apoyaremos el proyecto país que convoque la nueva administración gubernamental, siempre y cuando esté orientado al bienestar de todas las personas habitantes del territorio nacional, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y al desarrollo sostenible e inclusivo.
Tres lecciones
Sobre el recién concluido proceso electoral, el rector Herrera identificó tres lecciones fundamentales:
La primera, asentada en que la participación ciudadana es el corazón mismo de una democracia. Para estas elecciones acudió a las urnas el 69% del padrón electoral, porcentaje superior a procesos anteriores. Sin embargo, llamó la atención sobre el 31% de abstencionismo, el cual representa un dato que debe interpelar a la sociedad y a las universidades mismas, para fomentar la formación cívica y el pensamiento crítico.
La segunda lección apunta a entender unas elecciones, no solo por la elección de la persona que ocupe la presidencia de la República, sino por la composición de la Asamblea Legislativa, que también es determinante para la gobernabilidad del país.
La tercera lección es un llamado para evitar que la polarización sea la norma en la política costarricense. “Los procesos electorales tienden a generar divisiones. Pero una vez que las urnas han hablado, la responsabilidad de toda la ciudadanía es reconocer la voluntad de la mayoría y trabajar por el bien común”, agregó Herrera.
En esa línea, señaló que Costa Rica no puede permitir que la fragmentación política se traduzca en parálisis institucional o en confrontación permanente. Desde su perspectiva, es tiempo que el país retome los valores costarricenses como el respeto a la diferencia, la construcción colectiva, el diálogo civilizado y el bienestar de las mayorías.
“La democracia no termina en las urnas: comienza ahí. El verdadero ejercicio democrático es la capacidad de convivir, colaborar y construir soluciones conjuntas a los problemas nacionales, aun cuando no compartamos las mismas visiones políticas”, detalló.
Con respecto a la labor del TSE, destacó su trabajo como “ejemplar”, pues demostró, una vez más, “la solidez, transparencia y profesionalismo de nuestro sistema electoral”, que reafirma a Costa Rica como uno de los sistemas electorales más reconocidos en América Latina.
El papel de la UNA
El rector de la UNA enfatizó que la función de las universidades públicas no es partidaria, sino que debe servir a Costa Rica mediante la generación de conocimeinto, la formación de profesionales éticos y competentes y la colaboración activa en la solución de los problemas nacionales.
Al tener presencia territorial en todo el país, la UNA debe asumir su responsabilidad con el diseño de políticas públicas que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad entre las zonas rurales y el centro del país.
Ante ello, enfatizó en el papel que debe asumir la institución en este nuevo ciclo de la historia patria, por medio de:
· La formación permanente, para estar a la altura de los desafíos del siglo XXI.
· La investigación con rigor de los problemas nacionales y proponer así soluciones basadas en evidencia.
· La construcción de capacidades y nuevos conocimientos en diálogo con otros saberes.
· La defensa de la institucionalidad democrática y de los valores de equidad, justicia y sostenibilidad.
· La colaboración con otros actores sociales en la búsqueda de soluciones colectivas.
