La incertidumbre rodea el proceso electoral en Venezuela, que, al día de hoy, aún carece de condiciones de transparencia para asegurar una participación libre y democrática por parte de sus ciudadanos.
El grado de indefinición es tal que no existe aún una fecha para que se lleven a cabo las elecciones. Además, está en entredicho la posible participación de la principal candidata opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada por 15 años por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras haber solicitado sanciones contra el país y el despojo de activos en el exterior.
En opinión del experto Alejandro Barahona, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), “esa inhabilitación no tiene ningún fundamento jurídico. Ella no ha sido acusada, no ha sido procesada, simplemente hay una sentencia de un tribunal que no ha respetado ni siquiera las garantías mínimas de un debido proceso”.
Este hecho genera una similitud con el proceso electoral que en Nicaragua determinó la reelección—por cuarta ocasión consecutiva—de Daniel Ortega: la anulación de candidatos opositores con posibilidades reales de ganarle a quien ocupa la Presidencia y la realización de comicios, en apariencia democráticos, que permiten la participación de figuras de poco arrastre y que no representan una amenaza de triunfo en las urnas.
En noviembre del 2021, Ortega arrasó con el 75% de los votos (con una abstención del 80%) y con una participación de otros cinco candidatos opositores sin peso político, luego de que el régimen encarcelara hasta ocho adversarios que no lograron postular su nombre para las elecciones presidenciales, incluyendo a Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios y quien, en sondeos previos, tenía todas las posibilidades de derrotar al exguerrillero sandinista.
La realidad venezolana podría seguir ese guion. Descalificar a la candidata que lograría hasta duplicar la cantidad de votos que podría obtener frente a Nicolás Maduro (en caso de que opte por una tercera reelección), dividir a la oposición, permitirle participar con nombres de poco arrastre y disfrazar de democracia la elección, sería uno de los escenarios por los que opte el régimen chavista.
“Vamos a ponerlo de esta manera: si no hay receta, al menos, si es mucha la coincidencia entre lo que ocurrió en Nicaragua y lo que se ve en Venezuela. Ambos son países cercanos, con importantes lazos no solo históricos e ideológicos, sino también de cooperación”, indicó el experto.
Para Barahona, la candidata opositora está frente a una gran oportunidad luego de aglutinar el apoyo de la masa opositora en torno a su figura. “Yo creo que ella va a hacer todo lo posible por mantenerse y aquí también va a pesar mucho el apoyo que le otorgue la comunidad internacional para acompañarla y que se revalide su aspiración”.
Intereses por el poder
En paralelo a la decisión de evitar la participación de Machado, del lado del oficialismo ha aumentado la presión para que las elecciones presidenciales se realicen en el primer semestre del año.
Este elemento podría, de acuerdo con Alejandro Barahona, ser parte de una estrategia de “manipulación electoral”, para tomar desprevenida a la oposición y también a la comunidad internacional… imagínese, ¿cómo se va a organizar una misión de observadores extranjeros con plazos tan cortos, si es que la hubiera?”.
Estas insinuaciones, que han tenido eco en la Asamblea Nacional Venezolana, darían al traste con lo pactado en el acuerdo suscrito en Barbados, que contó con la mediación de Noruega y que se fundamentó en la promesa de llevar a cabo elecciones presidenciales libres y justas, que contaran con una adecuada observación internacional, participación democrática y un registro electoral actualizado.
“Pareciera que el acuerdo de Barbados es letra muerta escrita sobre piedra. Me parece que se trató de un intento de la comunidad internacional por tratar de crear las condiciones para regresar a una ruta democrática a cambio de que, por ejemplo, se relajen algunas sanciones económicas, principalmente de parte de Estados Unidos”, reflexionó Barahona.
Sin embargo, las últimas acciones judiciales contra Machado han generado molestia en Estados Unidos, que replantearía de nuevo la imposición de sanciones económicas, incluyendo la compra de hidrocarburos, en contra de una nación que solo en el 2023 registró una inflación del 193%, una de las más altas del mundo.
Un nuevo golpe a una, ya fracturada, economía venezolana, afectaría principalmente a las clases más desposeías. Datos emitidos ayer por el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos a la Alimentación, Michael Fakhri, revelan que un 82% de los habitantes de Venezuela viven en condiciones de pobreza, mientras que un 53% están en la indigencia.
Estos datos justifican a plenitud la necesidad de millones de venezolanos de abandonar su país y aspirar a mejores condiciones políticas, sociales y económicas para ellos y sus familias. Se calcula que entre 7,5 y 8,5 millones de venezolanos han migrado a nuevos destinos, una cifra que supera las poblaciones de hasta 140 países.
Escenarios
“Divide y vencerás” es la frase que aplica Alejandro Barahona para explicar uno de los posibles escenarios, en caso de que aplique la inhabilitación de María Corina Machado y la oposición deba buscar otra figura de consenso a lo interno de la oposición política.
En este panorama, existe el riesgo de que, si la figura política logra descollar, representaría una nueva amenaza para el chavismo, por lo que no se puede garantizar tampoco una eventual manipulación de las autoridades electorales.
Otro escenario se desarrollaría en el contexto en el que el pueblo venezolano, en un acto de rebeldía, se lance a las calles como una forma de protesta para exigir garantías electorales. Sin embargo, esto es poco probable que ocurra, considerando que, durante una manifestación multitudinaria y sostenida en el tiempo, podrían afectarse aún más los suministros y la alimentación, factores que ya de por sí son críticos.
Si finalmente Machado logra participar—y eventualmente ganar—también su situación política se vería comprometida, en vista de que los poderes de la República y las instituciones estatales han sido cooptadas por el régimen en estos últimos años, e incluso una posible asunción del poder podría verse en peligro luego de lo visto en Guatemala, tras las presiones políticas y judiciales que enfrentó el mandatario Bernardo Arévalo, luego de su triunfo electoral.
Mucho está en juego para el régimen de Maduro, para la oposición, para la democracia de Venezuela y para el bienestar de sus 28.2 millones habitantes. La moneda está en el aire y la incertidumbre rodea la situación sobre las personas que finalmente aspirarán a ocupar el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.
