Proteger el conocimiento evitaría que un tercero, fuera o incluso dentro de la institución, se apropie del conocimiento que la Universidad puede transferir a la sociedad.
Hemos venido escuchando con mayor insistencia en los últimos años la máxima de que vivimos en la sociedad del conocimiento, y que quien posee el conocimiento tiene el poder. Al mismo tiempo, en las universidades públicas hemos sido defensores y promotores del libre acceso al conocimiento. ¿Resulta contradictorio entonces para la Universidad Nacional (UNA) promueva la protección de los derechos de propiedad intelectual?, ¿por qué debe hacerlo?
Estas preguntas sirvieron de motivación para que la experta cubana Beatriz García Delgado, quien tiene una vasta experiencia en el estudio y gestión de patentes de su país, ofreciera el ciclo de capacitaciones “Por una cultura social de propiedad intelectual”.
En su presentación dejó claras las razones por las cuales las universidades deben proteger el conocimiento. En primer lugar, destacó que dado que las formas de protección de resultados (científicos) son muy disímiles se debe saber el momento adecuado en que la información se debe publicar, para que la institución pueda cumplir su misión social de compartir el conocimiento. “Sería muy triste que un resultado de la universidad se lo lleve un tercero y lo explote o que la Universidad tenga que resarcir (a ese tercero) por no haber protegido ella sus propios resultados y sí lo haya protegido el otro”.
Si bien la UNA aprobó, en el 2006, las Políticas de fomento y protección de la PI, este todavía sigue siendo un tema “novedoso” o “sin importancia” para algunos. Lo ilustra el hecho, de que a la convocatoria que se hizo a los investigadores, creadores, directores y decanos, para recibir la capacitación con García Delgado, no asistió ni la mitad de quienes incluso habían confirmado su presencia.
Lo que sí es claro, según el abogado David Argüello, de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa (OTTVE), es que de las políticas institucionales al menos existen tres líneas importantes:
1. La titularidad de los derechos de PI que se generen en la institución le pertenecen a esta, la cual tendrá la potestad de decidir cómo transferir ese conocimiento a la sociedad.
2. Se autoriza a establecer un sistema de incentivos mediante el cual los creadores que estén inmersos en ese proceso de innovación, de creación sean beneficiados por la participación que tuvieron por esa creación.
3. La instancia técnica en el fomento de la protección de la PI es la OTTVE.
Arguello agregó que hace falta crear un reglamento más claro de PI “que marque la cancha sobre el tema”, así como capacitaciones más específicas, pues en la UNA existe una gran diversidad de generación de conocimiento, desde escuelas que trabajan con derechos de autor hasta aquellas que están más enfocadas en la producción de la propiedad industrial.
