El Consejo Universitario de la Universidad Nacional, emitió un pronunciamiento donde hace un llamado al fortalecimiento de las políticas públicas para la prevención de la violencia en los centros educativos, e insta al Ministerio de Educación Públicas e instituciones educativas, incluyendo el Conare, a trabajar en una agenda común que reconozca que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que trasciende modelos educativos o administrativos.
Transcripción de acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, en la sesión ordinaria 43-2025, celebrada el 27 de noviembre de 2025.
CONSIDERANDO:
El Programa Estado de la Nación 2025 concluye que Costa Rica vive una crisis de seguridad ciudadana prolongada que incrementa la desintegración social y la violencia generalizada, lo cual se manifiesta en altas tasas delictivas, especialmente en homicidios, violencia intrafamiliar, mercado ilícito de drogas y crimen organizado, entre otras.
La violencia en nuestro país debe ser analizada en un contexto amplio donde se puedan identificar causalidades como el deterioro del sistema social, la falta de oportunidades para amplios sectores de la población, especialmente, para la juventud y las personas habitantes de zonas marginadas de nuestras ciudades y sectores rurales; así como el debilitamiento del sistema educativo del país, el cual enfrenta una crisis de inversión y atención de políticas públicas certeras para enfrentar la problemática que se vive en este sector.
De la misma forma, debe entenderse que el incremento de la crisis de seguridad está directamente relacionado con el aumento de los discursos violentos que promueven el odio, la misoginia, el sexismo y la descalificación hacia los demás, fundamentalmente, hacia aquellos que opinan diferente, como es el caso de las universidades públicas, baluartes del pensamiento crítico, libre y disidente. Lo anterior se ve agravado cuando las personas llamadas a liderar el país han asumido, en su lugar, un rol que profundiza la exacerbación, la polarización y la división social con sus discursos cargados de violencia.
Las amenazas de ataques armados que recientemente han recibido no solo instituciones hermanas como la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con instituciones de educación secundaria como el Liceo de Santo Domingo de Heredia, y más recientemente la Universidad Nacional, que no solo han provocado su evacuación inmediata; sino aún más grave, el temor entre sus comunidades al percibir que el lugar destinado a su formación profesional y ciudadana deja de ser un lugar seguro.
Estos hechos se inscriben en un contexto nacional más amplio, donde la violencia se ha venido normalizando en los alrededores y dentro de centros educativos, tanto escolares como colegiales, lo cual afecta a comunidades en diversas zonas del país y atenta directamente contra el derecho fundamental a la educación y la seguridad de quienes integran estos espacios.
La persistencia de amenazas armadas que obligan a las universidades públicas a reforzar sus protocolos de seguridad, comunicación interna, sistemas de alerta temprana, controles de acceso, así como a fortalecer los equipos de acompañamiento psicológico y las estrategias de promoción de cultura de paz y valores democráticos entre la población estudiantil y los funcionarios; genera intranquilidad y un aumento en el uso de recursos que deberían ser usados para fines meramente educativos.
Las reiteradas amenazas armadas contra las universidades públicas, independientemente de su ejecución material, no solo generan temor inmediato en las comunidades universitarias, sino que también contribuyen a erosionar la confianza social en la educación superior pública al debilitar la percepción de seguridad en los campus y afectar el ejercicio pleno del derecho a la educación en entornos protegidos, libres de violencia y adecuados para el desarrollo académico.
Esta problemática trasciende a las instituciones de educación superior de manera aislada y requiere de la participación articulada del Consejo Nacional de Rectores (Conare), los consejos universitarios y las federaciones estudiantiles como actores fundamentales de la vida académica del país.
El sistema de las Naciones Unidas establece que el derecho a la educación solo puede ejercerse plenamente en entornos seguros, protectores y libres de violencia, conforme a lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13) y su Observación General n.° 13, en la cual el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que la educación debe impartirse en condiciones de aceptabilidad y seguridad para garantizar la integridad física, psicológica y emocional de toda la comunidad educativa.
La Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 19, 28 y 29), ratificada por Costa Rica, obliga a los Estados a adoptar medidas adecuadas de prevención y protección para resguardar a personas menores de edad contra cualquier forma de violencia, abuso o amenaza dentro y en los alrededores de los centros educativos, lo cual debe garantizar entornos propicios para el aprendizaje, el desarrollo y la convivencia pacífica.
Las Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030, insta a los Estados a garantizar “entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces” (Meta 4.a); de esta manera se compromete a los sistemas educativos a adoptar infraestructura resiliente, protocolos de prevención, mecanismos de protección y medidas de apoyo psicosocial que salvaguarden la vida y la integridad de la población estudiantil y del personal académico y administrativo.
En la Declaración sobre Escuelas Seguras, 2015, de la cual Costa Rica es Estado adherente, la comunidad internacional reafirma la obligación ética y política de proteger a las instituciones educativas en cualquier contexto de riesgo, de fortalecer la preparación institucional ante amenazas, y de promover una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.
La educación superior pública constituye un bien estratégico para el desarrollo nacional y un pilar esencial para la cohesión social, motivo por el cual debe ser defendida de toda amenaza que ponga en riesgo la vida y la integridad física, emocional y académica de sus comunidades.
Resulta pertinente que las universidades públicas promuevan posicionamientos firmes y acciones de incidencia ante los poderes del Estado, para garantizar medidas de seguridad efectivas y sostenidas, lo cual evita que se produzcan hechos irreparables que lamentar; pero, sobre todo, para atender esta normalización de la violencia, la inseguridad y las amenazas contra las instituciones educativas, en especial, contra las universidades públicas. En este sentido, la Universidad Nacional, por su rol histórico como la Universidad Necesaria y Humanista, debe rechazar y condenar estos actos violentos y solidarizarse con las instituciones que han sido amenazadas, en especial, con sus homólogas y hermanas: Universidad de Costa Rica e Instituto Tecnológico de Costa Rica, tal y como le ha sucedido recientemente.
POR TANTO, SE ACUERDA:
- RECHAZAR DE FORMA CATEGÓRICA LAS ACCIONES VIOLENTAS QUE SE HAN VENIDO EJERCIENDO CONTRA INSTITUCIONES HERMANAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, CENTROS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA Y, MÁS RECIENTEMENTE, CONTRA NUESTRA INSTITUCIÓN, LO CUAL CONSTITUYE UN ATAQUE AL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DEL PAÍS Y UN INTENTO DE CONTINUAR POLARIZANDO Y DIVIDIENDO A LA SOCIEDAD COSTARRICENSE.
- EXPRESAR TOTAL SOLIDARIDAD, APOYO INSTITUCIONAL Y RESPALDO A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA, AL LICEO DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA Y A SUS COMUNIDADES CON EL PROPÓSITO DE REAFIRMAR EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CON LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.
SOLICITAR A LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON LA FINALIDAD DE RECONOCER QUE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A APRENDER EN PAZ ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y UN PILAR DEL DESARROLLODEMOCRÁTICO CONSAGRADO POR LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.- HACER UN LLAMADO URGENTE AL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE ASUMAN UN LIDERAZGO MÁS DECIDIDO, ARTICULADO Y CONTUNDENTE FRENTE A LA CRECIENTE OLA DE AMENAZAS Y RIESGOS A LA SEGURIDAD EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS, CENTROS EDUCATIVOS Y ZONAS CIRCUNDANTES.
- INSTAR AL CONARE Y AL MEP A ESTABLECER UNA AGENDA COMÚN PARA FORTALECER LOS PROTOCOLOS INTERINSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD INTEGRAL, COMUNICACIÓN, CULTURA DE PAZ Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL.
- CONVOCAR A LAS FEDERACIONES DE ESTUDIANTES A EJERCER EL ROL PROTAGÓNICO QUE HISTÓRICAMENTE HAN DESEMPEÑADO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ESTUDIANTILES PARA PROMOVER ACCIONES FORMATIVAS, PREVENTIVAS Y DE MOVILIZACIÓN SOCIAL EN FAVOR DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS SEGUROS.
- INVITAR A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A INTEGRARSE A ESTE ESFUERZO NACIONAL, EN RECONOCIMIENTO DE QUE LA SEGURIDAD DE LA JUVENTUD COSTARRICENSE ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y UN VALOR DEMOCRÁTICO QUE TRASCIENDE MODELOS EDUCATIVOS O ADMINISTRATIVOS.
- SOLICITAR A LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE SOCIALICE CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y DESARROLLE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS PROTOCOLOS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD Y APOYO PSICOLÓGICO EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN; ADEMÁS QUE IMPULSE LA AMPLIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE PAZ, LA CONVIVENCIA, LOS VALORES DEMOCRÁTICOS Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
- COMUNICAR ESTE ACUERDO AL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, A LA SEÑORA RECTORA Y SEÑORES RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, A LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS, A LAS FEDERACIONES ESTUDIANTILES Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA PRENSA NACIONAL.
ACUERDO FIRME.
Atentamente,
Dr. Braulio Sánchez Ureña
Presidente
