Trabajo infantil y adolescente aumenta los riesgos en salud ocupacional y ambiental para esta población vulnerable.
Cubrir gastos personales, aprender un oficio o ayudar con los gastos económicos del hogar, son las principales razones por las que trabajan cerca de 47.400 niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Este dato, obtenido de la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2011), pone en evidencia que si bien la cifra disminuyó con respecto a los datos anteriores (2002), todavía existe un buen sector de la población, que está expuesto a riesgos laborales y ambientales que podrían afectar su salud.
La Escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental del Tecnológico de Costa Rica, adscrita al Centro Nacional del Programa Salud, Trabajo y Ambiente (SALTRA-Costa Rica) del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Atención al Trabajo Infantil, realizaron el pasado 19 de febrero en las instalaciones del ITCR en Zapote, el foro: “Trabajo infantil y adolescente”, donde se discutió sobre el contexto social, la legislación y los riesgos ocupacionales que corre esta población vulnerable.
De acuerdo con la legislación nacional, todo trabajo realizado por personas menores de 15 años está prohibido, y solo pueden realizar trabajos aquellos menores de entre 15 y 18 años que estén bajo un Régimen Especial de Protección, que les garantiza plena igualdad de oportunidades, de remuneración y de trato en materia de empleo y ocupación; sin embargo, queda prohibido aquel que por su naturaleza o condición, sea considerado peligroso. Aún así, de acuerdo con la ENAHO 16.000 niños y niñas y 25.000 adolescentes trabajan en labores peligrosas.
“Cerca del 70 por ciento del trabajo infantil y adolescente es desarrollado por hombres, principalmente en las zonas rurales, donde se desempeñan en actividades agrícolas y ganaderas como chapear, fumigar o el cuido de animales. Aquí están expuestos a sustancias tóxicas, herramientas peligrosas y aislamiento que les pueden provocar efectos psicológicos, emocionales y secuelas permanentes por algún accidente”, explicó Esmirna Sánchez, directora de la Dirección Nacional de Seguridad.
Para Víctor Aguilar, el jefe Regional de Inspección de Trabajo de la Región Pacífico Central, los casos más representativos se presentan en la zona de Quepos y Jacó. “Mucho adolescentes trabajan con sus familias en actividades pesqueras, es una cuestión cultural, pero se exponen a condiciones riesgosas. En estos casos hablamos con los padres y de inmediato desisten de esta práctica, pero hay situaciones de adolescentes que trabajan en centros nocturnos donde se notifica al patrono, pero en dos o tres días incurren de nuevo en el delito”, comenta Aguilar.
“La familia es pobre, así que el niño o niña debe trabajar. Debido a que trabaja no puede estudiar o tiene bajo rendimiento; sin educación completa, en la edad adulta, sus ingresos son bajos, por sus bajo ingresos deben enviar a sus hijos a estudiar”, este círculo vicioso, citado por Jorge Chaves académico de ITCR especialista en riesgos laborales, se repite desde a lo largo de la historia y el desarrollo tecnológico y social, lejos de detener este patrón lo perpetua.
“En muchas ocasiones se presenta que los padres trabajan en una finca y como no tienen con quién dejar a los hijos se los llevan. Eso imposibilita que el menor realice sus tareas, o disfrute de la recreación necesaria para su desarrollo educativo, y poco a poco se incorpora de lleno a las actividades productivas”, detalla Chaves.
