Representantes de federaciones estudiantiles y colectivas feministas de universidades públicas se declararon en emergencia, el pasado 27 de mayo, ante la violencia sexual persistente e histórica que enfrentan las mujeres en los diferentes campus del país.

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) e Tecnológico de Costa Rica (TEC) informaron a la comunidad nacional y universitaria, el pasado 27 de mayo en conferencia de prensa, que a partir de ese momento se declaran en emergencia, como consecuencia de la violencia persiste e histórica contra las mujeres en los diferentes campus de las instituciones de educación superior públicas.

En una declaratoria conjunta, las universitarias exigen que se aplique el Decreto Na 41240-MP-MCM que enfatiza claramente en “declarar de interés prioritario la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres”, al igual que la Directriz Na 018-MP-MCM “Necesidad actual de priorizar acciones para la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres”, ambas publicadas en La Gaceta Na 177 del miércoles 26 de setiembre de 2018.

Asimismo, se amparan en el marco legal que sostiene tanto el Decreto como la Directriz mencionada, enfatizando en los artículos 33 y 55 de la Constitución Política que apelan por la dignidad humana y la obligación del Estado de proteger nuestro desarrollo en ambientes libres de violencia, “situación que las Universidades Públicas nos están negando en este momento, al exponernos a recibir lecciones con profesores acusados de acoso sexual, hostigamiento y violación”, señala el documento suscrito por las estudiantes.

En el caso de la UNA, integrantes de la colectiva Me Pasó En La UNA, hicieron eco de la declaración de emergencia ante los repetidos casos de violencia de género y hostigamiento sexual que se han presentado en las universidades públicas. Por eso, como estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) hicieron un llamado urgente a las autoridades administrativas ante las reiteradas acciones de violencia contra las mujeres, las cuales han sido históricamente persistentes en los diferentes contextos universitarios.

Las estudiantes de la UNA reconocieron que la Universidad asumió un compromiso con la Ley N. 7476, contra el hostigamiento sexual en empleo y la docencia, aprobada en 1995 la cual, entre otros puntos, establece que el hostigamiento sexual es una forma de discriminación en razón de sexo y una expresión de violencia de género. 


Asimismo, recordaron que a partir de este compromiso, la UNA aprobó en 1996 la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual (La Gaceta No.17-2009) normativa interna que regula y sanciona la violencia de género, a raíz de la cual se crea una fiscalía contra el hostigamiento sexual, conformada por una persona fiscal, una persona fiscal adjunta y una persona psicóloga. 


• Las estudiantes de la UNA aportan datos sobre prevalencia del hostigamiento sexual en la población estudiantil de la institución, que es del 35,8%, lo cual –afirman- refleja que una persona estudiante de cada tres, ha sido objeta de al menos una de las manifestaciones de acoso. 
Además, del total de personas que han afirmado experimentar hostigamiento sexual, solamente el 14% interpusieron una denuncia, frente al 86% que mantuvieron su testimonio en el ámbito privado . 


Exigencias

“A raíz de la creciente ola en violaciones de derechos humanos por cuestiones de género en los espacio universitarios, y en el año de la UNA por la igualdad, equidad y no violencia de género, el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) junto a la colectiva feminista autónoma Me Paso en la UNA, en representación de las mujeres de la Universidad Nacional de Costa Rica, extendemos las siguientes exigencias a nuestra universidad con el propósito de que sean atendidas con prioridad ante las autoridades correspondientes: 


1. En orden al lema “UNA por la igualdad, la equidad y la no violencia de género”, que se asuman activamente soluciones a esta problemática como eje transversal en todo ámbito dentro de la universidad. 

2. Un pronunciamiento por parte del Consejo Universitario y Consejo Académico en respuesta a la problemática de acoso y hostigamiento en la universidad, de la misma forma haciendo prioridad este punto de agenda en la próxima sesión. 

3. Que se den a conocer los nombres y cargos de las personas que hayan sido sancionadas con el fin de que sea información de la cual la comunidad estudiantil esté enterada. 

4. Que las sedes, las facultades y las unidades académicas se pronuncien sobre la situación y ejecuten acciones en contra de cualquier actitud o manifestación de hostigamiento sexual y violencia de género, y de igual forma hagan promoción y capacitaciones de las políticas contra el hostigamiento sexual que posee la institución al personal docente, administrativos y estudiantes. 

5. Mejorar la divulgación de las políticas contra el hostigamiento sexual que posee la universidad, así como promover la creación de espacios seguros para la formación de estudiantes en la identificación, prevención y denuncia de esta materia. 

6. Ofrecer espacios legítimos a las colectivas feministas universitarias para la incidencia y toma de decisión en reformas universitarias en materia de género y derechos humanos. 

7. Agilizar los procesos de revisión de denuncias y determinación de sentencias en tanto, actualmente estos procesos se están tardando hasta cuatro meses en resolverse. 

8. Otorgar más recursos y personas funcionarias a la fiscalía contra el hostigamiento sexual, así como al menos dos plazas para estudiantes asistentes para apoyar las labores que en esta oficina se desarrollan. 

9. Extender las jornadas laborales de las personas funcionarias en la fiscalía con el fin de dar un mejor servicio y seguimiento a las denuncias interpuestas. 

10. Extender la oficina de la fiscalía contra el hostigamiento sexual, así como las campañas de denuncia y prevención, a las sedes regionales en tanto las personas estudiantes de estos recintos dependen de las funcionarias ubicadas en la sede central. 

11. Establecer sanciones más severas para las personas denunciadas y/o culpables de acoso u hostigamiento.”