Cerca de un 90% de los 14 mil nacimientos anuales de adolescentes madres en Costa Rica son producto de relaciones impropias, cifras consideradas alarmantes por la psicóloga social Mariana Alpízar, quien impartió un taller sobre el tema en la UNA.

Un 88% de los 14 mil nacimientos anuales de adolescentes madres en Costa Rica, es producto de relaciones impropias; o sea, relaciones desiguales y de poder con hombres mayores, que en muchos casos, les duplica o triplica la edad.

“Las cifras son bastante alarmantes”, destacó la psicóloga social Mariana Alpízar, especialista en géneros y feminismos, quien impartió el 27 de agosto de 2019 en la Universidad Nacional (UNA), el taller “Embarazo adolescente y relaciones impropias en Costa Rica: Implicaciones económicas y sociales en la vida de las adolescentes”, organizado por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia (Ineina).

Alpízar explicó que generalmente este tipo de relaciones se da con mujeres que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.

Así lo confirma la abogada Auxiliadora Montoya, directora de la Escuela Ecuménica y coordinadora del proyecto “Construyendo fortalezas y esperanzas”, en Upala, quien asegura que el problema de las relaciones impropias es muy serio en las zonas rurales en vulnerabilidad socioeconómica.

Estas relaciones son hoy sancionadas por la Ley 9406, vigente desde enero de 2017, la cual reformó el Código de Familia y el Código Penal para prohibir el matrimonio con personas menores de 18 años y sancionar con pena de prisión “a quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal con una persona menor de edad, siempre que no constituya delito de violación”.

La Ley establece específicamente pena de cárcel de 3 a 6 años cuando la víctima sea mayor de 13 y menor de 15 años y el autor sea 5 o más años mayor; de 2 a 3 años, cuando la víctima sea mayor de 15 y menor de 18 años y el autor sea 7 o más años mayor; y de 4 a 10 años, siempre que el autor tenga en relación con la víctima la condición de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consanguinidad o afinidad, sea tutor o guardador o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respecto de la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco. 


Precisamente, dar a conocer esta legislación para contribuir a que se haga valer en la práctica es el objetivo del taller, dirigido a personas vinculadas al trabajo con niñez y adolescencia en instituciones públicas y privadas.

“Lo principal que tiene la legislación vigente es que viene a cambiar la idea de que esa es una relación de noviazgo normal, cuando en realidad es una relación de poder porque la persona menor de edad no está en capacidad de dar su consentimiento como lo haría un adulto”, subrayó Montoya.

La psicóloga social Mariana Alpízar reconoció que la ley es un avance, aunque recalcó que es desconocida en las zonas rurales, donde la gente todavía no sabe que estas relaciones entre un hombre mayor y una mujer menor de edad son ilegales.

Alpízar considera fundamental que también socialmente se empiece a romper con esta cultura que normaliza este tipo de violencia. “Empezar a denunciar es muy importante; de poco sirve la ley, si no empezamos a denunciar”. 

Múltiples consecuencias 

Estas relaciones impropias entre un adulto y una menor tienen múltiples consecuencias psicosociales, principalmente porque suelen vincularse con otros tipos de violencia, entre ellas la física, la sexual, la psicológica y la patrimonial, según manifestó la psicóloga social.

En el caso de la violencia patrimonial, la especialista  explicó que es usual que estos hombres mayores empiecen dando dinero a las menores que se encuentran en pobreza o pobreza extrema.

El ciclo de violencia continua con comportamientos de control, dirigidos a sacar a las menores de sus círculos de familiares y amigos. Es así como la violencia asciende hasta que puede llegar a niveles donde se pone en peligro la vida de estas niñas o adolescentes.

Otra consecuencias que las relaciones de abuso de poder tiene para las menores podría ser el embarazo adolescente, que las enfrenta a las implicaciones de la gestación y la maternidad, en una edad en la que no están preparadas física, mental ni psicológicamente.

Es usual, además, que las menores abandonen o retrasen sus estudios, lo que les cercena su posibilidad de formarse académicamente, con miras a tener una mejor calidad de vida.

También, hay un daño a la autoestima de las menores, que se refleja en sentimientos de inseguridad, tristeza, impotencia y miedo.

¿Qué hacer? 

A quienes trabajan con niñez y adolescencia, así como a las personas que conozcan de un caso de una menor de edad involucrada en una relación impropia, la psicóloga comunitaria Mariana Alpízar recomendó, en primer lugar, empezar a denunciar, llamando a la línea 911, habilitada las 24 horas al día.

Además, es preciso escuchar atentamente a la menor, sin juzgarle ni externar una visión moralista del asunto; sino más bien, acompañándola en todo momento.

Asimismo, recalcó que por más que no estemos de acuerdo con esta relación, es importante que nunca perdamos el contacto con la chica.

También destacó la importancia de un abordaje comunitario porque más allá de trabajar individualmente, es necesario crear redes comunitarias, de manera que las menores se puedan sentir realmente acompañadas para salir de la relación de abuso.