Especialistas de la UNA realizaron un análisis crítico de la propuesta de gobierno en las áreas de economía, política social y educación, durante un foro en la Asamblea Legislativa.
El foro “Análisis crítico de la propuesta de gobierno: Economía, política social y educación”, organizado con el apoyo del Programa UNA Vinculación de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional (UNA), reunió a especialistas de la Institución, el pasado 29 de octubre, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
La economista Roxana Morales, coordinadora del Observatorio de la Coyuntura de la Escuela de Economía, basó su análisis en las propuestas presentadas en el Plan Rescate, planteado en campaña política por el Partido Acción Ciudadana, tomando en cuenta que aún no está disponible el Plan Nacional de Desarrollo.
Los tres pilares del Plan Rescate son la lucha contra la corrupción, el impulso del crecimiento económico mediante más y mejores empleos, y la reducción de la desigualdad y la eliminación de la pobreza extrema.
Uno de los 10 compromisos planteados en este plan es la gestión responsable de las finanzas públicas. En este campo, Morales destacó que –de acuerdo con el Informe de los 100 días- se han impulsado las siguientes medidas administrativas para mejorar la recaudación de impuestos y llevar la carga tributaria al 14% del PIB: cambio metodológico de fiscalización de las grandes contribuyentes, implementación de programas informáticos que permiten hacer cruces entre bases de datos, Proyecto de ley contra la evasión fiscal, acciones para combatir el contrabando y poner tope a pensiones millonarias.
Sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer para mejorar las finanzas públicas y que esta meta debe ser un compromiso tanto del gobierno como de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Planteó la necesidad de una construcción conjunta en la que el país debe enfocarse lo antes posible; “urge una reforma fiscal, por el lado del ingreso y del gasto”, subrayó. Y es que la economista resaltó que si bien es cierto hay que mejorar la calidad y eficiencia del gasto, es indudable que la carga tributaria que tiene el país no es suficiente para generar los ingresos necesarios para los programas sociales que se proponen. “¿Cómo se logra erradicar la pobreza extrema si el país no tiene los ingresos suficientes?”, cuestionó la coordinadora del Observatorio de la Coyuntura.
En el campo de la política social, el académico José Carlos Chinchilla, de la Escuela de Sociología, reflexionó sobre la viabilidad política que existe en la actualidad para cumplir con las propuestas de campaña. “Los recursos financieros que permiten la operación del estado resultan indispensables para poder ejecutar el compromiso partidario del presidente Solís y la coyuntura política en la actualidad, más que los problemas fiscales, afectan negativamente la acción estatal y particularmente la política social”, advirtió el sociólogo.
Consideró que hay consistencia entre las propuestas originales del PAC y las propuestas de gobierno, pero las inconsistencias aparecen cuando desde la Asamblea Legislativa, los perdedores del proceso electoral están definiendo, por medio del presupuesto nacional, una restricción a la viabilidad de concretar los compromisos de campaña.
Insistió en que el estado no va a poder pagarle a la CCSS ni cumplir con la política social de asistencia a los sectores más vulnerables, si no cuenta con los recursos financieros para lograrlo.
Chinchilla abogó por un nuevo pacto social. “Hay que ponerse de acuerdo para mantener lo que ha sido diferenciador de este país; la desigualdad social creciente hay que detenerla”.
En el ámbito educativo, el académico Marco Méndez, del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) manifestó que los compromisos en el Plan Rescate tienen amplios obstáculos.
En el caso de la asignación del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación considera que es una meta difícil de alcanzar, tomando en cuenta que esta se relaciona con la posibilidad de allegar más recursos a las arcas del estado por medio de una reforma tributaria, que el gobierno se comprometió a no impulsar antes de 2016.
Para 2015, la asignación presupuestaria para la educación sería de 7.4% del PIB, lo que implica que el país está lejos de alcanzar el 10% del PIB que recomienda la UNESCO.
El especialista, quien recordó que la educación es un derecho humano “habilitante”, ya abre las posibilidades de disfrutar de los otros derechos, estima que es preciso discutir algunos aspectos del desempeño de Costa Rica en materia de garantizar el derechos la educación de sus habitantes.
Por ejemplo, resaltó el hecho de que aún cuando el Código de la Niñez establece que el Ministerio de Educación Pública debe garantizar la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo, la mitad de la población en edad de asistir a la educación diversificada no lo está haciendo, lo cual limita sus posibilidades de procurarse una mejor calidad de vida.
El foro “Análisis crítico de la propuesta de gobierno: Economía, política social y educación” fue moderado por Carlos Morera, director de Investigación de la UNA.
