Un desempleo que cae de manera persistente frente una salida considerable de personas del mercado laboral. Un sector manufacturero y de comercio que ocupa a más personas, frente a otros, como el del agro, que baja su participación, y un crecimiento de los ingresos promedio por empleo, pero que abre brechas importantes entre lo que ganan hombres y mujeres, en labores de media calificación.
Así de paradójico es el mercado laboral en Costa Rica, en una comparación que abarca del II trimestre de 2019 (prepandemia) al II trimestre de 2025, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La presentación la hicieron Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, junto con el académico Fernando Rodríguez de la misma instancia. El estudio lleva por nombre Dinámicas laborales pospandemia en Costa Rica (2019-2025).
En términos generales, el estudio hace referencia a una serie de indicadores que cayeron desde 2020, se intensificaron con la pandemia y que, año con año, han mostrado una recuperación, sin llegar a recuperar el avance obtenido antes de la aparición de la covid-19.
La excepción es el desempleo (personas que no tienen un trabajo, pero lo buscan), que en el 2019 representaba a un 11.9% de la población; luego se duplicó hasta el 24% en el 2020 y ahora se ubica en un 7.4%. Pero los desempleados son uno de los dos componentes de la fuerza de trabajo del país; el otro es el de los ocupados (quienes tienen un trabajo). Al hacer una aproximación sobre la fuerza de trabajo global, el estudio determinó que en los últimos seis años el porcentaje de ocupados se redujo en un 6.2%, lo que significa que 152.697 personas salieron del mercado laboral.
Otro factor que llama la atención es la relación de dependencia, que es de 1.48 al II trimestre de este año. Eso significa que por cada persona ocupada existen más que carecen de un ingreso por empleo. Ese factor se ubicaba en 1.31 en el 2019.
Población fuera de la fuerza de trabajo
Además, la población fuera de la fuerza de trabajo (quienes no tienen interés en trabajar o tienen alguna limitación o se sienten desalentados) también se incrementó en un 32% en ese periodo de seis años; es decir, 467.032 personas.
De este grupo, un 75% corresponde a personas que tienen 60 años o más (75%). Son más las mujeres (1.205.069) quienes están fuera de la fuerza de trabajo en el 2025, frente a los hombres que suman a 719.892.
Sobre las principales razones que llevan a una persona a estar fuera de la fuerza de trabajo, un 29% cita por ser “muy anciana” y un 26% “por obligaciones familiares como atender la casa, niños u otras personas”.
“En los últimos seis años la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares creció un 54%, mientras que aquellas que dejaron de trabajar por razones asociadas con la edad avanzada aumentaron un 179%. Esta tendencia refleja cambios demográficos y sociales significativos, con impacto directo en la participación laboral y en la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social”, señala el estudio.
Existe una razón de peso, cuando se analiza lo anterior desde una perspectiva de género. Del total de mujeres fuera de la fuerza de trabajo, se cita en un 40% las obligaciones familiares como la razón principal, frente a los hombres que mencionan este factor solo en un 3%.
El informe destaca que la reducción en la cantidad de personas ocupadas en el país durante los últimos seis años se explica, en gran medida, por la disminución de empleos en ocupaciones que requieren bajos niveles educativos.
De esta manera, actividades como agricultura, ganadería y pesca perdieron hasta 67 mil puestos laborales en el periodo analizado, mientras que la construcción redujo casi 46 mil plazas. El sector de la industria manufacturero creció en 5.833 puestos, el de transporte y almacenamiento en 9.866 y el de actividades administrativas en más de 43 mil.
“Tras la pandemia, la generación de empleo se ha concentrado principalmente en ocupaciones de alta calificación; es decir, aquellas que requieren un nivel educativo avanzado, ya sea técnico o universitario. En paralelo, durante este mismo periodo se ha observado una disminución en el número de trabajadores en ocupaciones de calificación baja y media”, determinaron los investigadores del Observatorio.
Un aspecto positivo es que la participación femenina, tanto en la educación superior como en el mercado laboral ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Entre la población ocupada que cuenta con estudios superiores las mujeres representan un 52.5%.
En términos de formalización, el país muestra avances en los seis años de análisis. La informalidad se redujo en 10.5 puntos porcentuales, lo que representa a 123.558 personas que cotizan al sistema de seguridad social. En cuanto al subempleo (ocupados que trabajan menos de 40 horas por semana) también registró una disminución significativa al pasar de un 10%, en el 2019, a un 3.1% en el 2025.
Sin embargo, la situación no luce alentadora para la población joven y las mujeres. Quienes tienen entre 15 y 24 años representan el 36% del total de desempleados. La situación más crítica en este rango de edad lo tienen las mujeres con un 29.6%. “Estas cifras reflejan la necesidad urgente de políticas públicas diferenciadas por edad, género y territorio, que promuevan la inserción laboral juvenil y reduzcan las brechas de acceso al empleo”, indica el informe.
Otra luz roja se encienda al analizar la población joven que no estudia ni trabaja. Un 20.7% en el rango de 15 a 24 años está en esa condición, y representa 146.258 personas.
Finalmente, en el análisis de los ingresos, hubo un incremento de 18.6% de lo que perciben las personas ocupadas, motivado por la reducción del subempleo, la creación de puestos de trabajo de alta calificación y la eliminación de puestos de baja remuneración. Y aunque, en promedio, las mujeres ganan más en cargos de dirección y gerencia, en labores menos especializadas reciben hasta un 18% menos de salario en comparación con los hombres.
En virtud del análisis y sus resultados, los investigadores plantean su tesis con respecto al proyecto de ley de jornadas excepcionales, conocido como 4x3, que se discute en la Asamblea Legislativa. “Su implementación podría afectar negativamente la participación laboral de las mujeres, al profundizar las barreras estructurales vinculadas con las responsabilidades de cuidado”.
La extensión de la jornada diaria restringe las posibilidades de acceso y permanencia en el empleo en condiciones de equidad, sobre todo en un contexto de envejecimiento poblacional que incrementa la demanda de cuidados y agrava las desigualdades de género en el ámbito laboral, concluye el estudio.
