Cuando a una mujer se le priva de las posibilidades de reales de acceder a un trabajo remunerado, administrar sus propios bienes y recursos y se le discrimina en la autodeterminación de su patrimonio se afecta sus condiciones psicosociales y económicas, incitando condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Así quedó plasmado en la presentación que hizo la académica Marlen Rodríguez durante la conferencia Violencia patrimonial: la cara oculta de la desigualdad económica, por parte de Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
Durante su investigación, Rodríguez hizo énfasis en una de las manifestaciones de violencia contra las mujeres menos visibilizadas, comparó datos y analizó la situación de pobreza en hogares donde las mujeres son jefas de hogar con y sin pareja.
Esa falta de visibilización “nos debe interpelar a todos a renovar nuestro compromiso con las desigualdades que persisten, porque, en este caso, se trata de justicia económica, en un entono nacional donde el país se enfrenta a una serie de políticas neoliberales que nos han llevado al recorte de programas sociales”, advirtió la académica Fannella Giusti, directora del IEM.
Marlen Rodríguez señaló que la violencia contra las mujeres se manifiesta de dos formas: la personal, que se presenta cuando se ataca al cuerpo de la mujer, en casos de agresión física o sexual, por ejemplo, y la estructural, que es más indirecta, y cuyos efectos se replican más hacia el sistema con situaciones de pobreza y desigualdad. En esta última entra la violencia patrimonial.
Sin embargo, las actuaciones a nivel policial se centran más en la atención de casos de violencia física. Datos comparativos del anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que las intervenciones en este ámbito rondaron los 3.000 casos en el año pasado y llegaron casi a los 3.500 en el 2023.
Mientras que, en la atención de situaciones de violencia patrimonial, en los dos años analizados, los casos ni siquiera llegaron a las 250 actuaciones.
Las denuncias presentadas al amparo de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres siguen el mismo patrón. El 2024 cerró con 10 mil denuncias presentadas aproximadamente, mientras que las clasificadas como “daño patrimonial” no alcanzan ni siquiera los 1.000 casos. A pesar de ello, si se compara el 2023 con el año recién concluido, la cantidad de denuncias aumentó en 66 casos.
Factores
Existen factores culturales y coyunturales que hacen de la violencia patrimonial un problema en ascenso a lo interno de los hogares, más allá de las bajas estadísticas de intervención policial y denuncia.
Marlen Rodríguez explicó que el auge del narcotráfico y la delincuencia organizada, el desempleo femenino y el enraizamiento de patrones culturales (como el que las mujeres deben hacerse cargo de las labores del hogar sin ningún tipo de remuneración), alimentan este fenómeno.
También la discriminación racial y de género, sumado a la evolución de las distintas formas de violencia atizan el problema. Este conjunto de factores lleva hacia un fenómeno llamado la “feminización de la pobreza”, concepto instaurado por la docente británica Diana Pearce en 1978, el cual establece cómo se genera una desigualdad económica con afectaciones en ámbito de la salud mental y física en aquellas mujeres víctimas.
En su investigación, Rodríguez demostró cómo la pobreza (medida por la línea de pobreza o del Índice de Pobreza Multidimensional) afecta a las mujeres que son jefas de hogar.
Mientras que, a nivel nacional, la pobreza se situó en 15.2%, de acuerdo con la última medición del INEC, el porcentaje sube hasta un 32.8% si se trata de “hogares con jefatura femenina sin pareja” y se incrementa a un 43.6% en “hogares con jefatura femenina”, con base en registros de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
De acuerdo con la experta, la diferencia entre ambos porcentajes entre hogares donde la mujer es jefa de hogar con y sin pareja, es puede justificar a partir de dinámicas de dominación donde ellas no tienen libertad plena para disponer de sus recursos. “Ellas saben cómo distribuir mejor los ingresos disponibles en prioridades como salud y educación cuando son jefas de hogar sin pareja”, analizó Rodríguez.
Otro factor que puede marcar diferencia es que cuando son jefas de hogar sin pareja podrían tener más oportunidades de acceso a programas de asistencia social o subvenciones, que podrían mejorar su situación patrimonial y evitar así que ingresen en categoría de pobreza.
Sin embargo, el reto es recurrente. La inequidad en el mercado laboral es una constante que retrató un reciente estudio del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA. En dicho análisis se determinó que de la población que está fuera de la fuerza de trabajo, un 37.4% son hombres y un 62.6% son mujeres.
Uno de los ámbitos relacionados con el patrimonio es el referente al acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres, de acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario. Las desigualdades emergen al reconocerse que, de los títulos de propiedad con fines agropecuarios, solo un 8.1% está en manos de mujeres.
Además, solo un 16.6% de mujeres son productoras y un 4.4% lideran fincas dedicadas a la actividad productiva del total de hectárea registradas en el país.
Hacia el final de su presentación, Marlen Rodríguez enfatizó en la necesidad de avanzar en un esquema de cuidados hacia las personas desde una perspectiva comunitaria, mejorar el apoyo y el empoderamiento de las mujeres en zonas rurales, promover legislación de género transformadora y cerrar las brechas en el acceso de la tierra, con mayor inclusión económica y capacitación.
Puede ver la conferencia completa en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=bctbC2fmBe4
