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CONARE demanda un análisis integral y responsable de la educación pública

 

25 de febrero del 2022.  El Consejo Nacional de Rectores ante declaraciones de carácter político-proselitista que se han manifestado y difundido en algunos medios de comunicación, las cuáles afirman que “le quitaron el presupuesto al Ministerio de Educación para darlos a las universidades públicas”, el CONARE rechaza está afirmación, la cual es falsa y utiliza el tema de educación pública con fines politiqueros, en un momento en que el país debe hacer un abordaje integral y responsable de la educación pública como el instrumento principal para la movilidad social y la mejora de la calidad de vida de la población en todas las regiones del país.

Al respecto de estas declaraciones CONARE señala que:

  1. Es importante aclarar que el porcentaje que se ha dado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del presupuesto que se otorga a la educación pública ha oscilado entre un 18,66% (2017) y un 20,39% (2022), comparativamente el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha correspondido a un 81,34% (2017) y un 79,61% (2022). Además, desde que se aprobó la reforma constitucional para asignar a la educación pública un 8% del PIB, cifra a la que no se ha llegado nunca en ningún presupuesto, la meta considerada tanto por el Gobierno como por el CONARE para la relación del FEES/PIB Nominal ha sido un 1,5%, sin embargo, en los últimos años y considerando la situación económica y fiscal del país, la relación ha fluctuado entre un 1,39% (2017) y un 1,22% (2022).
  2. En estos años de crisis económica y sanitaria, además de los aportes en investigación, en los proyectos de extensión y acción social, particularmente en las regiones menos desarrolladas y más vulnerables, las universidades han realizado aportes económicos importantes, los cuales a la fecha han alcanzado la suma de ¢75 590,25 millones de colones.
  3. El presupuesto del FEES para el año 2022 se calculó con base en el monto acordado para el 2021 y respetando la inflación interanual a mayo de 2021, equivalente a 1.34%. A diferencia de los dos años anteriores (2020 y 2021), en los que se negoció una posposición por la crisis sanitaria y económica de un porcentaje de la cifra pactada, en esta ocasión la totalidad del monto acordado fue incluida en el presupuesto nacional, por lo que hacer una comparación con el año previo es incorrecto.
  4. Como lo indica el Octavo Informe del Estado de la Educación 2021 durante la pandemia causada por la COVID-19, la matrícula de estudiantes en universidades públicas se mantuvo durante el año 2020 y aumentó en el primer semestre del 2021, alcanzando más de 125.000 personas matriculadas.
  5. En el contexto 2021 se registró un aumento de la matrícula en todas las casas de estudio, situación que condujo a reforzar de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes por un monto que en el 2022 asciende a los 64 mil millones de colones.
  6. Adicionalmente, las universidades han fortalecido otros servicios de ayuda a estudiantes, por ejemplo: equipo tecnológico, conectividad, apoyo emocional, psicológico y de salud en general. 
  7. En el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni siquiera el reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.
  8. Es imprudente emitir criterios sin fundamento que alteran la información sobre la educación pública y en particular de las universidades estatales, ninguna etapa de la educación estatal coexiste en detrimento de la otra, el sistema de educación debe verse en su conjunto, para su abordaje y análisis. La institucionalidad pública no es un obstáculo para el avance y el progreso del país, al contrario, es un actor activo que impulsa su desarrollo.

La actual situación social, económica, educativa y sanitaria, entre otros aspectos relevantes y urgentes demandan generar con responsabilidad y seriedad el análisis del debate público-político donde surjan las propuestas de solución de los temas prioritarios, entre ellos la educación estatal, como un pilar fundamental para avanzar en el desarrollo humano sostenible, la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población nacional.  Así lo ha hecho el CONARE, con seriedad y responsabilidad, en los documentos Desafíos de la Educación Pública en Costa Rica (2019) y en La Costa Rica del Bicentenario y los desafíos del desarrollo humano nacional (2021).

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