A pesar de las múltiples acciones que hemos impulsado desde CONARE en coordinación directa con el Consejo de Rectoría, el Consejo Universitario, el Consaca, el Situn y la Feuna, que incluyen reiteradas reuniones con personas diputadas, integrantes del poder ejecutivo, articulación con distintos sectores sociales, manifestaciones sociales y campañas de comunicación, entre otras iniciativas; muy a mi pesar debo comunicarles que la escalada contra el Estado Social de Derecho y la Autonomía Universitaria, sigue su lamentable curso en la Asamblea Legislativa, en cuanto al proyecto de ley sobre Empleo Público, que representa una violación al orden constitucional establecido por nuestros constituyentes, vaciando de contenido y propósito los artículos 84, 85 y 87 de nuestra Constitución Política.
El plenario legislativo aprobó la moción 279 reiterada por la Sra. Diputada Yorleny León Marchena (PLN), que anula de este proyecto cualquier vestigio de respeto a la Autonomía Universitaria en términos administrativos, políticos y organizativos. En caso de convertirse en ley de la República, automáticamente la universidad pública pierde la potestad de administrarse, organizarse y auto estructurarse, definir sus políticas, regular todas sus competencias y decidir libremente sobre su propio personal, en ejercicio de su potestad de autogobierno.
Durante este proceso de reiteración de mociones, ayer miércoles 7 de abril, por ejemplo, se aprobaron aspectos como la adición de un nuevo párrafo al artículo 17, sobre nombramiento y periodo de prueba de la alta dirección pública, para que, tratándose de las Universidades Públicas, se respeten los plazos y periodos determinados en sus estatutos orgánicos y reglamentos. No obstante, estas no pasan de pequeñas concesiones que en nada remedian la lesión de carácter constitucional que se comete contra el Estado Social de Derecho, las cual hemos denunciado y objetado.
Sirva este nuevo tropiezo para ratificar el llamado que venimos haciendo hace meses, sobre la peligrosidad de esta ley y la antesala que representa para una reforma constitucional que destierre a las universidades públicas de la propia Carta Magna. Sirva este nuevo traspié para convencernos de que la coyuntura impone gran determinación de parte de la comunidad universitaria, en todos los estratos, para continuar desarrollando acciones y visibilizando el aporte de la Universidad Pública a la sociedad.
Actualmente, tal y como habíamos anunciado, con apoyo de las personas diputadas que se han comprometido a favor de la Autonomía Universitaria, coordinamos desde CONARE lo relativo a la consulta sobre constitucionalidad según el procedimiento legislativo y, además, la acción de inconstitucionalidad de aprobarse finalmente el proyecto. Agotaremos cualquier portillo político que aún nos favorezca y emprendemos un nuevo frente de carácter jurídico, para lo cual seguimos apelando al apoyo y unidad de nuestra comunidad. Para finalizar, les invitamos a conocer cómo votaron las señoras y señores diputados la moción 279, que con 39 votos a favor y 10 en contra, elimina toda posibilidad de que las universidades se autorregulen con su propia normativa.
Hoy, más que nunca, debemos de fortalecer la importancia de educación superior y no desfallecer ante estas acciones que hemos rechazado desde el principio, confiando que la Sala IV sea luz en medio de tanta oscuridad y que, por principio de seguridad jurídica, salga al paso de esta violación al orden constitucional y al Estado Social de Derecho.
