*Ph.D. Mary Luz Moreno Díaz. Ph.D. CINPE
Costa Rica cuenta con una gran riqueza en recursos naturales y servicios ecosistémicos que le generan riqueza económica y social, no solamente a escala local sino regional, nacional e incluso internacional.
Algunos datos importantes al respecto, obtenidos con procesos de valoración económica, se reflejan en los estudios realizados por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional.
Por ejemplo, en el 2018 encontramos que las contribuciones de los parques nacionales y reservas biológicas a la economía nacional fue de 1.900 millones de dólares, cerca del 3.13% del Producto Interno Bruto (PIB) de este año.
De este monto global, la contribución al turismo fue la más alta con el 81,74%, seguida por la protección el recurso hídrico con un 13,75%. Es importante también destacar que solo cerca del 1% fue por concepto de ingresos de entradas a las Áreas Silvestres Protegidas.
En las áreas específicas se determinó que en 2019 la existencia del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC) y el Área Marina de Manejo del Bicentenario (AMMB), ambas localizadas en el Área de Conservación Marina Cocos, generaron 54 millones de dólares a diferentes actividades socioeconómicas locales, nacionales, regionales e internacionales desarrolladas gracias a su existencia.
En el 2023 el monto asociado con beneficios generados por la existencia del Corredor Biológico Pará-Toyopán, en la zona central del país, fue de cerca de 20 mil millones de colones, lo que correspondió al 1,5% del PIB de la suma de los cantones donde se encuentra (Moravia, Vásquez de Coronado, Santo Domingo, San Rafael y San Isidro).
Para el mismo año, una zona de amortiguamiento de 2.559 hectáreas, contigua al Parque Nacional Braulio Carrillo y la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, generó un monto de beneficios de cerca de 22 mil millones de colones, lo que correspondió al 3,5% de la suma del PIB de los cantones donde se encuentra (Santa Bárbara, Barva, San Rafael y Alajuela).
Estos estudios tienen gran relevancia debido a que destaca la importancia del servicio de provisión de agua, no solamente para las comunidades de las zonas analizadas sino también de otras ubicadas en la GAM.
Estudios como estos permiten concientizar a la población y a los tomadores de política pública, de la importancia de los servicios ecosistémicos y de su valoración económica. Esto es importante para las diferentes actividades sociales y económicas que se desarrollan en nuestro país, que emplean estos servicios y que además cobijan a actividades que se llevan a cabo fuera de sus límites.
Los marcos teóricos metodológicos de la valoración económica que permiten diferentes enfoques y vías deben ser consistentes, lógicos y adecuados a los casos que se desean valorar. No todos sirven para lo mismo y dada la diversidad es un reto emplearlos en el cumplimiento de lineamientos de política ambiental.
En este sentido, el país cuenta con políticas ambientales enmarcadas en un modelo de desarrollo socioeconómico, en el cual la riqueza generada por los recursos naturales y servicios ecosistémicos no es parte central y no ha podido ser incluida debidamente. En algunas políticas existen lineamientos para la valoración económica, pero en general los avances son lentos por el reto teórico-metodológico y de aproximación de valores mencionado.
A nivel nacional existen políticas y estrategias relacionadas con la valoración económica de servicios ecosistémicos, como la Política Nacional de Biodiversidad. Dicha política incluye los factores que causan la pérdida de biodiversidad: una es la falta de integración de la valoración e importancia de este tema en el modelo de desarrollo (planificación, finanzas públicas) y que además no haya sido concertada entre sectores sociales y productivos.
Al respecto, se proponen dos ejes en los que se especifican medidas para contribuir a la educación ambiental y al fortalecimiento de la gestión.
La Política Nacional para el Pago por Servicios Ambientales 2016-2021 especifica, en la política 4, lineamiento estratégico "d. Desarrollar y actualizar, en forma coordinada entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, una metodología que permita evaluar los impactos del Programa de Pago por Servicios Ambientales". Se deben incluir metodologías de valoración de los servicios ecosistémicos y este lineamiento se encuentra en proceso.
Por otra parte, en la Política Nacional de Humedales 2017-2030, el componente de valoración económica se plasma como un lineamiento estratégico en el cual se plantea establecer instrumentalización estandarizada para la valoración del daño ambiental producido por actividades y establecer mecanismos de compensación, que se encuentran en proceso de implementación.
Uno de los últimos instrumentos oficializados fue la Estrategia de Carbono Azul, más relacionada con ecosistemas marino-costeros, en donde se especifica un objetivo estratégico de valoración económica y mecanismos de financiamiento. Por ser reciente está en las primeras fases de implementación.
Uno de los principales retos del empleo de las metodologías de valoración económica, en la política pública es que muchos procesos de valoración son únicos porque los recursos naturales y sus servicios también lo son, entonces en las políticas deben especificarse adecuadamente los recursos tanto financieros como humanos e institucionales para desarrollar estos procesos, y esto es un gran desafío para nuestro sistema actual.
*La autora es académica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
