La Universidad Nacional se solidariza con Cuba, especialmente con las personas en condición de mayor vulnerabilidad, y hace un llamado al Consejo Nacional de Rectores, a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República para que promuevan iniciativas orientadas a priorizar la protección de las personas por encima de las disputas geopolíticas.
Transcripción del acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.2, de la sesión ordinaria 8-2026, celebrada el 26 de febrero de 2026, que dice:
La Universidad Nacional reafirma su compromiso con los derechos humanos y expresa su preocupación por el impacto humanitario del incremento del bloqueo contra el pueblo cubano
La Universidad Nacional (UNA) como institución de educación superior pública latinoamericana es portadora de los más altos valores de solidaridad y de pensamiento crítico, la cual, según su norma estatutaria, “honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana”; teniendo como base de acción el principio del humanismo, por medio del cual “promueve la justicia, el bien común, el respeto irrestricto a la dignidad humana y a los derechos de las personas y de la naturaleza”.
En ese sentido y congruente con su histórica tradición de compromiso y denuncia de toda acción contraria al derecho internacional, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la justicia es solidaria con los pueblos hermanos y soberanos. Por ello, la Universidad Nacional no puede guardar silencio ante una realidad que trasciende las diferencias políticas o ideológicas y se convierte en un posicionamiento profundamente humano. El bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra la República de Cuba, vigente desde hace más de seis décadas y recientemente reforzado mediante alrededor de 250 nuevas sanciones, no es una discusión abstracta ni exclusivamente diplomática. Sus efectos se sienten en la vida cotidiana de las personas cuando se restringe el acceso a combustible, insumos médicos, alimentos y servicios esenciales. Cuando el acceso a la energía que sostiene hospitales, sistemas de transporte y cadenas de abastecimiento es seriamente limitado, las consecuencias recaen directamente sobre la población. Estas son afectaciones que no golpean primero a las estructuras de poder, sino a quienes dependen de atención médica continua, a mujeres que sostienen hogares, a niñas y niños, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad y a personas hospitalizadas y enfermas.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha votado en más de treinta ocasiones, de manera ampliamente mayoritaria, exigiendo el fin de esta política de embargo económico y de bloqueo comercial contra Cuba y su población, al considerar que esta política resulta contraria a los principios del derecho internacional, especialmente violatorio de los derechos humanos del pueblo cubano. Asimismo, informes presentados ante el sistema de Naciones Unidas han señalado que las pérdidas económicas acumuladas para Cuba superan los 170 mil millones de dólares, con profundos efectos estructurales presentes y futuros que, en lo inmediato, inciden en el acceso a bienes y servicios esenciales.
En el ámbito del derecho internacional, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) establece, en su artículo II, la siguiente definición: “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: […] c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”. Si bien la calificación jurídica de estas medidas corresponde a las instancias internacionales competentes, la Universidad Nacional considera necesario advertir que toda política que, en la práctica, derive en la imposición prolongada de condiciones que comprometan la salud, la alimentación, la subsistencia y la dignidad de una población debe ser examinada con la máxima seriedad desde el marco del derecho internacional humanitario y del compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Por lo tanto, la Universidad Nacional expresa de manera clara y firme su rechazo a las medidas que han profundizado el impacto del bloqueo económico y comercial contra Cuba, y su más reciente recrudecimiento. En coherencia con su identidad humanista de compromiso con la justicia social y la dignidad humana propios del pensamiento y praxis universitaria, la UNA considera que ninguna política internacional debe generar condiciones que comprometan el acceso de una población a la salud, la alimentación, la energía y los servicios básicos indispensables para la vida y la dignidad de las poblaciones.
Asimismo, la Universidad estima necesario señalar que las posiciones asumidas por Costa Rica en los foros multilaterales deben ser consistentes con su histórica tradición pacifista, de defensa de los derechos humanos y del multilateralismo. Cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas una mayoría amplia de Estados ha instado reiteradamente al fin de estas medidas, resulta legítimo abrir una reflexión nacional sobre el impacto humanitario que estas generan y sobre el papel que nuestro país puede desempeñar en la promoción del diálogo y la cooperación internacional.
La Universidad Nacional manifiesta su solidaridad con el pueblo cubano, particularmente con las personas en condición de mayor vulnerabilidad, y hace un llamado al Consejo Nacional de Rectores, a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República para que, en el marco de sus competencias, promuevan en los espacios internacionales en los que participan iniciativas orientadas a priorizar la protección de las personas por encima de las disputas geopolíticas.
La Universidad Nacional reafirma que su voz se levanta siempre en defensa de la dignidad humana, los derechos humanos, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Cordialmente,
Dr. Braulio Sánchez Ureña
Presidente
Consejo Universitario
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