Roberta Hernández / UNA COMUNICA
Esta semana en el programa de opinión UNA Mirada, se explicó el potencial sísmico del Gran Área Metropolítana. Según los invitados, el GAM está compuesto por muchas fallas, la gran mayoría desconocidas. Esto hace que el territorio tenga capacidad para generar sismos que provoquen daños.
En esta ocasión participaron como panelistas: el sismólogo del OVSICORI UNA, Marino Protti Quesada; el geógrafo de la Escuela de Geografía de la UNA, Francisco Rodríguez Soto, y la directora Gestión del Riesgo Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Lorena Romero Vargas.
El sismólogo Marino Protti explicó que la población costarricense es muy educada en temas de sismos, comprende los procesos tectónicos y entiende que son procesos continuos. Agregó que una ventaja del Valle Central es que las fallas son pequeñas o cortas, por lo tanto, no tiene potencial para terremotos, pero los sismos pueden causar daños debido a la cantidad de construcciones y población lo componen.
Gustavo Barrantes, académico-investigador de la Escuela de Ciencias Geográficas de la UNA, comentó que es muy importante tomar en cuenta en la planificación urbana que Costa Rica es un territorio multiamenaza, pues un temblor puede tener como consecuencia un deslizamiento que cause más daños que el mismo sismo.
Para Romero la prioridad para del CNE es la prevención. De esta manera toda la información técnica que se recopila se materializa en acciones concretas para informar y educar a la población, así como en la creación de normativas que permita reducir el riesgo y salvaguardar la vida humana.
La especialista Alice Brenes trabaja en el programa institucional de Gestión de Riesgo de la Universidad Nacional. Ella considera que los gobiernos locales deben estar preparados para atender las pérdidas que conllevan las emergencias sísmicas en sus cantones y explicó el trabajo que desarrolla la UNA junto a las comunidades en este sentido.
El geógrafo Francisco Rodríguez Soto confirmó que hay un trabajo con la comunidad que desemboca en planes para el ordenamiento territorial con un plazo de 5 a 15 años plazo. En la GAM hay 174 asentamientos informales y de ellos la mayoría requieren traslado total de la comunidad pues están en riesgo de inundación o deslizamiento. En este proceso participa la UNA junto a las comunidades y la institucionalidad. Romero aportó que los gobiernos locales incluyen el riesgo del entorno en los planes de desarrollo municipal, instrumento que contiene el plan regulador. Esto permite a las municipalidades presupuestar la inversión en prevención y no solamente la atención de una emergencia.
El director del OVSICORI UNA, Carlos Montero, asegura que el país tiene 30 años de trabajar en el tema de prevención y gestión de riesgos desde la educación. Esto ha preparado a la población para reaccionar ante una emergencia. Romero confirmó que los esfuerzos en prevención y educación permiten a ciudadanos y entidades a reaccionar de manera conjunta ante un evento.
