Costa Rica cuenta con las herramientas jurídicas para la defensa en un eventual arbitraje internacional por el caso Crucitas, según coincidieron abogados ambientalistas durante un foro organizado por el Centro de Estudios Generales.
En un eventual arbitraje internacional, el país cuenta con argumentos sólidos para defender la anulación del contrato con la empresa canadiense Industrias Infinito para el desarrollo del proyecto Crucitas, según coincidieron abogados ambientalistas durante un foro organizado por el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional (UNA).
El abogado ambientalista Álvaro Sagot recordó que los jueces encontraron transgresiones a leyes nacionales protectoras del ambiente, así como irregularidades en los permisos otorgados, según consta en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló el contrato a finales de 2010.
Además, se comprobó el daño ambiental causado por la empresa como producto de la tala realizada en Cutris de San Carlos, con miras a iniciar la extracción minera.
Para el especialista, Costa Rica debe ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ya que el convenio bilateral con Canadá obliga al país y el artículo 7 de la Constitución Política establece que los acuerdos internacionales ratificados por la nación tienen autoridad superior a las leyes nacionales.
“Las herramientas de defensa están, pero preocupa el cómo procederán nuestros representantes”, advirtió Sagot al referirse a su temor de que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) “entregue al país” en una conciliación, una vez iniciado el arbitraje.
El experto en derecho internacional, Juan José Obando, resaltó que la empresa canadiense primero impugnó la sentencia del Tribunal Contencioso mediante un recurso de casación ante la Sala Primera, el cual perdió, y más tarde acudió a la Sala Constitucional, instancia que rechazó el recurso por extemporáneo.
Estas gestiones le impedirían a la minera recurrir al arbitraje internacional, de acuerdo con una cláusula del acuerdo bilateral que señala que si los inversionistas escogen la vía nacional para resolver las disputas, tendrían prohibido reclamar por la vía del arbitraje.
Para el especialista, si el proceso termina en la fase preliminar por falta de competencia del tribunal arbitral, Costa Rica podría ahorrarse una cantidad millonaria de dinero, representada por los costos del proceso.
Obando también considera que el país tiene grandes posibilidades de ganar el proceso, con lo que se respetarían el derecho internacional y los compromisos asumidos, a la vez que se consolidaría la seguridad jurídica.
En el foro “Análisis jurídico de las implicaciones de un eventual arbitraje internacional caso Crucitas” participaron Francisco San Lee, ambientalista y profesor de Estudios Generales; Arturo Carballo, de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Álvaro Sagot, abogado ambientalista, y Juan José Obando, experto en derecho internacional.
