La negociación del FEES se tensó tras la ruptura del diálogo por parte del Ejecutivo, mientras las universidades públicas defienden un aumento basado en criterios técnicos y constitucionales, y advierten sobre riesgos para el financiamiento, la equidad y el desarrollo del país.
Las universidades públicas defendieron la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que, según sostienen, fue interrumpida este martes 21 de marzo de manera precipitada y sin voluntad real de diálogo por parte del Poder Ejecutivo. Desde su perspectiva, la discusión no puede darse bajo la lógica de congelar los recursos de la educación superior ni mucho menos bajo amenazas de recorte o presiones para modificar de forma abrupta la redistribución interna del fondo, particularmente en perjuicio de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Jorge Herrera Murillo, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), y rector de la UNA, insistió en que la propuesta universitaria no solo era razonable, sino constitucionalmente sustentada, y lamentó que el Ejecutivo desestimara tanto el planteamiento financiero como una serie de proyectos concretos que las instituciones pusieron sobre la mesa para atender necesidades nacionales.
Herrera explicó que ofrecieron al Gobierno la posibilidad de ampliar oportunidades de formación técnica en áreas STEM en distintas regiones del país, contribuir a la construcción de un sistema nacional de empleabilidad, desarrollar un sistema de microcredenciales para personas que no han podido acceder a la educación superior, impulsar iniciativas de emprendimiento e innovación regional, y fortalecer la capacitación y actualización de docentes de primaria y secundaria. Sin embargo, “simple y sencillamente al gobierno no le interesó los proyectos que les presentamos”.
En la parte económica, Herrera defendió que la propuesta universitaria de un aumento de 2,94% para el FEES 2027 no podía calificarse de exagerada ni desproporcionada. Destacó que ese porcentaje no surgió de forma arbitraria, sino de un promedio basado en proyecciones de inflación provenientes del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y los informes macroeconómicos del Banco Central de Costa Rica.
El jerarca sostuvo además, que lo solicitado por las universidades responde al artículo 85 de la Constitución Política, el cual, según su interpretación, obliga a resguardar como mínimo el poder adquisitivo del financiamiento universitario. En esa línea, rechazó la idea de negociar el FEES 2027 sobre la base de una inflación negativa pues afirma que el financiamiento debe considerar que los indicadores económicos ya muestran una inflación positiva y una tendencia de crecimiento en los meses siguientes”. También añadió que las universidades enfrentan costos en reactivos químicos, equipos científicos y tecnología que no siempre se reflejan en la inflación general de consumo.
Herrera también fue enfático en denunciar que durante la sesión las rectorías se sintieron presionadas y amedrentadas, pues en medio de la discusión, se les advirtió sobre la posibilidad de obtener algún porcentaje de aumento únicamente si aceptaban una redistribución fuerte del FEES, especialmente afectando a la UNA y a la UCR. Para las instituciones, la redistribución del FEES, aunque reconocen que debe discutirse, corresponde al ámbito de negociación entre las propias universidades, dentro del CONARE, y debe hacerse bajo criterios de gradualidad, previsibilidad y sostenibilidad institucional.
Herrera insistió en que el proceso no puede darse por cerrado. Recordó que en el convenio firmado para la negociación del FEES 2026 quedó establecido que en junio de este año debía realizarse una revisión del comportamiento de la inflación, de modo que, si esta superaba el 1%, las universidades pudieran recibir la diferencia hasta un 1,5%. Según explicó, ese eventual 0,5% adicional pasaría a formar parte de la base presupuestaria del FEES 2027. Por eso cuestionó “la forma tan precipitada” en que el Gobierno quiso clausurar la negociación antes de julio, pues hacerlo impediría consolidar esa base y, en criterio universitario, no garantizaría el cumplimiento del marco constitucional. Además, recordó que históricamente estas negociaciones se realizan con el gobierno entrante y no con el saliente, lo que refuerza la percepción de que el Ejecutivo decidió cortar el proceso antes de tiempo.
Herrera sostuvo que lo ocurrido refleja una falta de voluntad para construir acuerdos y una negativa a reconocer la magnitud de la infraestructura y de las capacidades que poseen las universidades públicas a lo largo del país. Mencionó que las instituciones presentaron “proyectos estructurales” para atender necesidades nacionales, pero el Ejecutivo prefirió ignorarlos, inclinándose, según dijo, por favorecer iniciativas privadas antes que aprovechar una de las inversiones públicas más robustas del Estado costarricense.
Opuestos
El Ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez Hernández, dijo en conferencia de prensa que el Ejecutivo rompió la negociación en la Comisión de Enlace al considerar que la solicitud universitaria era “abusiva”, “irracional” y financieramente inaceptable. Mencionó que la propuesta universitaria implicaría un incremento cercano a los 30 mil millones de colones, en un contexto de restricción fiscal, y se cuestiona además que las universidades no atendieran temas estructurales como la redistribución interna del FEES, las anualidades en el marco de la Ley de Empleo Público, el crecimiento de carreras STEM y la matrícula. Desde esa perspectiva, el Ejecutivo defiende un crecimiento de 0%, es decir, mantener para 2027 el mismo monto aprobado para 2026.
En ese contexto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, mostró una posición de confrontación directa con las universidades. “Yo lo que estoy diciendo es que el FEES, desde mi punto de vista, se queda en cero si no hay una reducción significativa en la UNA y la Universidad de Costa Rica para la UNED, para la UTN y para el TEC”, afirmó. Estas declaraciones evidencian que que para el Ejecutivo el aumento presupuestario estaba condicionado a una redistribución entre universidades.
La presidenta electa, Laura Fernández, no solo respaldó esa línea, sino que anunció continuidad. “Ya que don Rodrigo les está diciendo cuál es su posición hasta el 8 de mayo al mediodía, yo aprovecho para comunicarles que la posición después del 8 de mayo al mediodía, cuando yo sea presidente, va a ser exactamente la misma”, dijo.
Pese a la ruptura, las universidades públicas insisten en que el proceso no ha concluido. “Nosotros nos mantenemos en la mesa de negociación, nosotros estamos dispuestos a seguir negociando”, dijo Herrera, y dejó claro que las instituciones continuarán tendiendo puentes de diálogo, defendiendo la educación superior pública y asumiendo las responsabilidades que la Constitución les confiere.
Plantón sin respuestas
Mientras la Comisión de Enlace mantenía la negociación, las federaciones estudiantiles y sindicatos de las cinco universidades públicas se concentraron en las afueras de Casa Presidencial en un plantón convocado como un frente común en defensa del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de la educación pública costarricense.
La movilización, tuvo como eje central el rechazo a los recortes presupuestarios y a la propuesta de incremento del 0% planteada por el Gobierno en el marco de la negociación del FEES.
“El llamado primero es a la unidad”, expresó Belkis Ugalde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn), quien advirtió sobre los riesgos de fragmentación del sistema universitario. “El gobierno lo que busca es hacer una división, divide y vencerá. El llamado nuestro es a la unión, a venir a defender el FEES, que es un derecho constitucional y que cada vez ha sido atropellado y recortado”, afirmó.
Desde el ámbito académico, José Pablo Solís, decano del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (Cidea-UNA), calificó el momento como crítico para el país y para el desarrollo cultural. “Hoy es sumamente importante el pensamiento crítico ante este gobierno, es un momento histórico porque los recortes han sido muchos”, indicó.
Solís defendió el impacto de las universidades públicas en la construcción cultural del país: “Este país solfea gracias a las universidades públicas”, dijo, al referirse a la formación artística y al aporte sostenido en áreas como la música, el teatro y la danza.
Por su parte, el representante estudiantil Marco Víquez, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), hizo un llamado directo a la comunidad estudiantil a mantenerse activa en la defensa del modelo educativo. “Sin educación no hay progreso”, afirmó, al recordar que la inversión en educación ha sido clave en la historia del país.
Víquez también cuestionó la postura del Ejecutivo en la negociación presupuestaria: “Tenemos una propuesta del 0% de incremento que rechazamos rotundamente. esperamos que se respete la propuesta construida desde el sistema de educación pública universitaria”.
En esa misma línea, Susana Jiménez, vicedecana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA), mencionó la importancia de que la comunidad universitaria comprenda y defienda el FEES desde distintos espacios. “Es muy importante que comprendamos qué es el Fondo de Educación Superior y que aprendamos a defenderlo con argumentos”, indicó.
Jiménez enfatizó además el impacto territorial de las universidades públicas, especialmente en comunidades rurales y costeras: “Se da acceso a educación superior a personas que tienen una familia constituida, y eso no solo aporta a sus comunidades, sino también a sus familias”, explicó.
Equipo periodístico: Johnny Núñez Zúñiga, Guillermo Solano Gutiérrez, Roberta Hernández Quesada, Randall Hernández Wright y Laura Ortiz Cubero.
