Un llamado vehemente al gobierno de la República y a la comunidad costarricense a asumir su compromiso con la educación superior estatal y el desarrollo del país durante la celebración del V Congreso de la Universidad Nacional.
En su pronunciamiento, los asambleístas de dicho congreso se declararon en declaramos en pie de lucha “ante los recientes embates en contra de la educación pública y superior del país y del Estado Social Democrático de Derecho”. De ahí su llamado a las juventudes estudiantiles, a la comunidad universitaria, el movimiento sindical, a los sectores productivos y al pueblo costarricense en favor de la educación pública y superior.
El acuerdo, que se tomó durante la sesión del pasado viernes 24 de abril, establece:
Pronunciamiento del V Congreso de la Universidad Nacional
Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas presentes señalamos que el V Congreso Universitario evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el Estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente.
Hacemos un llamado vehemente al gobierno de la República y a la comunidad costarricense a asumir su compromiso con la educación superior estatal y el desarrollo del país a partir de la unidad, la claridad y la transparencia en la importancia y pertinencia de las universidades públicas.
I. El Congreso Universitario de la Universidad Nacional, órgano de reflexión y orientación que impulsa el desarrollo institucional, en su convicción democrática, reflexiva y en plenas capacidades, en esta fecha histórica del 24 de abril en la que se conmemora las luchas estudiantiles por la dignidad y soberanía costarricenses, nos declaramos en pie de lucha ante los recientes embates en contra de la educación pública y superior del país y del Estado Social Democrático de Derecho y hacemos llamado urgente a las juventudes estudiantiles, a la comunidad universitaria, el movimiento sindical, a los sectores productivos y al pueblo costarricense.
II. Este Congreso, cuya razón de ser es analizar y definir la ruta institucional a largo plazo en un contexto de constantes transformaciones sociales, como espacio de diálogo universitario, busca actualizar el marco axiológico de la Universidad Nacional, revisando sus fines y principios históricos para construir, desde el presente, una "universidad del futuro" que responda con excelencia a los desafíos locales, regionales y globales.
III. Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí, constituyen una red viva que expresa una identidad compartida como país. La Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo forman profesionales; forman ciudadanía. En las aulas convergen personas de distintos territorios y realidades que aprenden más allá de conocimientos académicos también a convivir, debatir y construir colectivamente un proyecto de país. Estas desempeñan un papel central, estratégico y no sustituible, porque son las principales instituciones encargadas de co-producir, custodiar, democratizar y orientar el conocimiento en función del interés público y más allá de intereses privados, comerciales o externos.
IV. Cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia compartida: familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa una oportunidad real de movilidad social y de generación de nuevas oportunidades. Lo que se aprende en la universidad trasciende el aula y se traduce en desarrollo local e internacional, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.
V. Las universidades públicas costarricenses cumplen un papel único y estratégico en la formación de ciudadanía, talento humano y para el desarrollo general del país. Ellas aportan la preparación académica de alto nivel de las juventudes y la formación de una ciudadanía comprometida, resiliente, visionaria y humanista. Su compromiso con los sectores más vulnerabilizados del país, permite la movilidad social. Más del 78% de la investigación del país la realizan las universidades públicas en áreas decisivas en la soberanía alimentaria, los estudios clínicos, la salud pública, preservación y defensa de las culturas e identidades, la contribución democrática, los planteamientos éticos y críticos de los avances científicos y tecnológicos con impacto social, el arte y la creatividad. La universidad es por tanto un ente vivo que en su labor cotidiana acompaña y co-crea nuevos entornos para el mejoramiento de vida de las personas. En la sociedad del conocimiento, en la que estamos inmersos, la universidad pública es imprescindible, necesaria, pertinente para las presentes y futuras generaciones.
VI. Las universidades públicas de Costa Rica constituyen una red en el territorio al servicio del país que más allá de formar profesionales, contribuye a la formación de ciudadanía crítica y comprometida; y que, mediante la docencia, la investigación y la extensión, promueven la movilidad social, el desarrollo de las comunidades y la construcción de un proyecto común de nación basado en el bien público, derecho humano y responsabilidad del Estado.
VII. Enfatizamos que en este cuatrienio el gobierno ha generado y mantenido el conflicto, condicionando el diálogo y ha cambiado de manera arbitraria los parámetros de la negociación del FEES. Por tanto, rechazamos absolutamente la retórica, el daño a la educación integral y los ataques infundados de los últimos cuatro años.
VIII. Desde los principios del derecho público, el financiamiento previsible y plurianual de las universidades se justifica en la seguridad jurídica institucional y de manera fundamental, en la razonabilidad, la continuidad del servicio público y la planificación; garantizando constitucionalmente los criterios de oportunidad, suficiencia, no condicionamiento político y planificación prospectiva. Todo lo anterior en el marco de la autonomía constitucional.
IX. La educación superior estatal es un servicio público esencial cuyas funciones académicas, científicas y sociales son de naturaleza estructuralmente permanente, de mediano y largo plazo, por lo que no pueden supeditarse a esquemas presupuestarios anuales inciertos sin afectar su eficacia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Esta exigencia encuentra su base en la Constitución Política, expresamente en los artículos 84 y 85, que consagran la autonomía universitaria y el deber del Estado de dotar a las universidades estatales de patrimonio propio y de financiamiento. La previsibilidad y la plurianualidad del financiamiento son condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de su autonomía. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, justificando que se garantice que las universidades puedan planificar y desarrollar sus funciones sin una injerencia financiera que responda al vaivén político que vacíe de contenido su autonomía y su responsabilidad social.
X. De manera clara, vehemente y acorde con las responsabilidades que le fueron asignadas a la educación superior estatal de forma sistemática, científica y respaldada por los datos generados desde Conare, las universidades públicas hemos respondido al proceso de rendición de cuentas que permitió demostrar el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Comisión de Enlace en su debido momento, por lo que consideramos totalmente inaceptable e inadmisible la posición del poder ejecutivo respecto a la asignación del FEES.
XI. Frente a los desafíos marcados por crisis globales, desigualdades y tensiones que afectan la convivencia democrática, es urgente fortalecer a las universidades públicas como espacios de pensamiento crítico, de producción y de formación de personas comprometidas con la justicia social, la democracia y el bienestar colectivo. Esto conlleva aportar de manera propositiva a la crisis de ingobernabilidad característica de este periodo.
Petitoria
Al Poder Ejecutivo
1. Es fundamental que se revise y comparta con la comunidad nacional los alcances y aportes de las universidades públicas, según indicadores acordados con el gobierno y sus representantes en la Comisión de Enlace, entre ellos la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.
2. Hacemos un llamado al gobierno para que respete la trayectoria, el aporte significativo, la autonomía y la dignidad de las universidades públicas, para que la asignación del presupuesto sea asignado con criterios técnicos financieros objetivos y acordes con la naturaleza de las universidades, que respondan a un proyecto país acorde con las necesidades del pueblo, evitando los juicios de valor que solo entorpecen el proceso de negociación. Las universidades no hacemos “listas de supermercados”, damos resultados, aportamos, hacemos academia, generamos conocimiento.
3. Rechazamos las acciones recortistas de este gobierno, exigimos descongelar los fondos de las universidades públicas y negociar el FEES, respetando los parámetros constitucionales, técnicos y normativos que le dan sustento y garantía de la sostenibilidad del sistema universitario estatal; esto con las condiciones requeridas para el desarrollo pleno de las acciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y acción social al servicio del país.
Al Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
1. Recordamos que como responsables de un sistema único e integrado, la planificación y la gestión presupuestaria deben concebirse como un proceso común y articulado. En este contexto, no resulta oportuno ni ético para el mandato que se ejerce, promover la división ni la administración de los recursos basada en intereses particulares. Por el contrario, corresponde actuar con una visión colectiva, responsable y solidaria en el resguardo y uso de los recursos.
2. Urgimos al diálogo interno y la transparencia en el proceso de negociación del FEES. Esa es la prioridad. Esto es esencial para que mantengamos unidad y compromiso por parte de las cinco universidades públicas.
3. Llamamos a reivindicar la dignidad universitaria, a no permitir la instrumentalización de nuestras instituciones como respuesta a los cambios constantes de opinión política del gobierno. La rendición de cuentas y la divulgación debe ser de todo el quehacer universitario y no limitados a sugerencias antojadizas.
Llamamos a la comunidad universitaria:
1. A atender esta lucha, a no admitir la indiferencia, la desinformación ni las narrativas construidas desde la mala fe o discursos de odio que incitan a la violencia. La universidad está conformada por un grupo de personas con sensibilidad, con pensamiento crítico y con vocación de contribuir al bienestar general.
2. Al ejercicio activo de informarse, reflexionar y tomar conciencia del momento histórico que nos permita realizar las acciones necesarias en la defensa del Sistema de Educación Superior y el Estado Social de Derecho. Es responsabilidad de toda la comunidad universitaria sumarse a cada convocatoria y a cada espacio requerido para hacer valer lo que hacemos y para defender el presupuesto requerido para trabajar.
3. A reconocer y resguardar la educación superior pública como un derecho y un bien público, asegurando el acceso equitativo, la permanencia estudiantil y las oportunidades de formación para personas de todos los territorios y contextos sociales.
4. A fortalecer y validar el vínculo entre las universidades y la sociedad, promoviendo la investigación, la generación de conocimiento, el pensamiento crítico y la extensión universitaria de manera integral para poder enfrentar los desafíos nacionales y la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria.
A las comunidades y actores sociales comprometidos con el país
1. Hacemos un llamado respetuoso y vehemente a las comunidades y diversos actores sociales, para que se sumen activamente a la defensa de la universidad pública como un bien social indispensable que sostiene nuestros territorios, evitando la fragilización del pacto social que nos cohesiona como país. A su vez instamos a establecer el diálogo permanente que permita una construcción conjunta, responsable y cuidadosa de la educación superior, garantizando que el quehacer institucional siga siendo un pilar de movilidad social, justicia y desarrollo para todos los sectores de la población.
2. La preocupación de la sociedad costarricense ante el incremento de los problemas sociales, ambientales y económicos debe canalizarse en un esfuerzo conjunto de lucha y defensa de las garantías sociales y de la seguridad social históricamente construida con el esfuerzo de generaciones de personas trabajadoras y valientes. Por esto, les llamamos a fortalecer los vínculos de cooperación participativa para que decidamos, en conjunto, los procesos de transformación social del país. Una unión que consideramos fundamental para que el trabajo de las universidades sea reflejo fiel de las aspiraciones y necesidades de los territorios y de los sectores a los que nos debemos.
3. Hacemos un llamado a las personas estudiantes de segunda enseñanza a informarse, exigir y resistir, porque el futuro de la educación superior depende del compromiso conjunto de los distintos actores sociales. Asimismo, llamamos a los padres y madres de familia a acompañar y respaldar esta causa, pues de esta lucha depende también el futuro de la educación superior de sus hijos e hijas.
Es fundamental fortalecer a las universidades en tanto son las que aportan en la formación de profesionales de alto nivel, sostienen el quehacer científico y tecnológico, realizan un trabajo integral y constante en comunidades y con los sectores productivos para atender la situación social, económica y particularmente de la salud y la seguridad social.
La defensa del territorio, de la seguridad social, de la educación pública, de los servicios de salud, de la banca estatal y de la democracia, es una sola. Estamos llamados a organizar, participar y llevar una lucha intersectorial a todos los rincones del país, recordando que los grandes logros se han dado gracias a la unión de miles de personas, que hicieron valer los intereses del pueblo y la soberanía nacional.
Sigue siendo el momento de que nos integremos en la lucha por un presupuesto justo y equitativo para la educación pública. Somos parte de ese gran número de costarricenses que defiende a Costa Rica, sus principios y valores, reivindicando el papel histórico que han desempeñado las universidades públicas en el crecimiento de nuestro país.
Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026
MED. Francisco González Alvarado
Presidente del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional
MBA. Dinia Fonseca Oconor
Secretaria del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional
“Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos."
Pablo Freire, Pedagogía de la autonomía: saberes esenciales para la práctica educativa, 1996.
56 Aniversario Lucha ALCOA,
24 abril 1970, Costa Rica
Celebración del décimo aniversario de la lucha contra ALCOA, en 1980.
Foto cortesía de la Fototeca Histórica UCR. Colección de fotografías del Semanario Universidad
