¿Cómo promover el éxito académico en las nuevas generaciones?, ¿qué hacer para reducir la drogadicción y la delincuencia en la población costarricense a futuro?, ¿cómo contribuir a que los niños, niñas y adolescentes de hoy puedan procurarse un mejor nivel de vida en su adultez?...
Una de las respuestas más efectivas a estas y otras preguntas está en la inversión en la infancia. Así lo ha entendido la Universidad Nacional (UNA) y por eso el Consejo Universitario aprobó, el pasado 10 de junio, la Política Institucional de Niñez y Adolescencia que “permite fortalecer el compromiso social con la población menor de edad, la realización de propuestas de acción y la profundización de las ya existentes, con la intención de contribuir en la promoción y el alcance de mayores niveles de bienestar, protección, garantía de derechos y desarrollo integral de esta población”.
“Las políticas públicas que mejores resultados logran si se hacen bien y oportunamente son las políticas de niñez y adolescencia. Entre más temprano se hace esa inversión en la vida de las personas, mejores tienden a ser los resultados a largo plazo”, afirmó Pablo Chaverri, académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina-UNA) y coordinador de la Comisión UNA Política de Niñez y Adolescencia, encargada de elaborar esta nueva normativa institucional.
Abundante evidencia científica respalda lo anterior. Por ejemplo, un estudio realizado por Paul Gertler en Jamaica, que monitoreó durante 20 años a un grupo de niños de escasos recursos cuyas madres recibieron una capacitación de bajo costo en estimulación psicosocial temprana, mostró importantes resultados en el desarrollo de estos menores, en comparación con otro grupo de personas menores de edad que no recibió esta intervención: lograron mayores niveles de permanencia en el sistema educativo, ingresos cerca de un 25% más altos, lo cual se asocia con menores niveles de problemáticas sociales relacionadas con desempleo, problemas familiares, consumo de drogas y problemas criminológicos, entre otros. “Es decir, se pagó por mucho una inversión de bajo costo como la que se hizo”, subrayó el especialista.
Es sabido -agregó- que hay acciones que atienden la violencia eficazmente, como es el caso de los programas de educación para la crianza positiva, tal como se confirma en el Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI, realizado por el Ineina.
No obstante, Costa Rica no ha logrado consolidar este tipo de programas porque la intervención que se hace es sobre todo reactiva, en lugar de actuarse preventiva, educativa y estratégicamente con base en la evidencia.
“Es ahí, en materia de producción de conocimiento, donde creemos que la Universidad Nacional, a través de todo su bagaje, experiencia y capacidad puede hacer un aporte muy valioso para cambiar las cosas”, recalca.
“Es muy valiosa esta Política porque lo que buscamos es fortalecer el compromiso social de la Universidad Nacional con el conjunto de unidades académicas para integrar, orientar y potenciar todo el quehacer universitario en torno a la defensa de los derechos de los niños, de las niñas y de las personas adolescentes, por cuanto la inversión que hagamos en esta población va a ser una de las estrategias que desencadenará mayores beneficios”, resaltó Idalia Alpízar, académica del Centro de Estudios Generales, gerontóloga e integrante de la comisión.
La idea es que esta política institucional a favor de los derechos de la población menor de edad complemente las políticas nacionales en esta materia, de manera que se logre una articulación estratégica entre las instituciones ejecutivas del Estado y las universidades. “De esta forma, el país estaría en mucho mejores condiciones de tomar mejores decisiones”, recalcó Pablo Chaverri.
De la actitud “recortista” a la inversión estratégica
Y es que, si bien es cierto Costa Rica tiene un marco jurídico considerado de avanzada en materia de derechos de las personas menores de edad, la concreción de estos derechos no es tan efectiva porque no siempre se tienen los recursos, como destaca Alberto Rojas, académico y director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión.
Más bien –considera Pablo Chaverri, del Ineina- el país viene tomando decisiones regresivas en lo que tiene que ver con la inversión en niñez y adolescencia. Algunos ejemplos: en la administración 2014-2018 la Asamblea Legislativa decidió quitarle una de sus fuentes de recursos al Patronato Nacional de la Infancia (Pani); en noviembre de 2016, la Comisión de Asuntos Hacendarios recortó 48 mil millones de colones a la inversión en niñez y adolescencia, y en el contexto de la pandemia, las y los diputados también reprobaron plazas nuevas para el Ministerio de Salud destinadas a la atención de la primera infancia, y recortaron fondos para el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem), que ofrece formación musical a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos.
“Estas son decisiones abiertamente equivocadas, precisamente porque contamos con abundante evidencia que señala que la inversión en niñez y adolescencia se paga sola”, reiteró el especialista.
Insistió en que la idea es que el país privilegie acciones respaldadas por la evidencia científica -como lo ha destacado la reciente investigación Políticas públicas basadas en evidencia: Una revisión del concepto y sus características, del Ineina-, lo cual implica una mayor colaboración entre quienes diseñan e implementan las políticas públicas en el Poder Ejecutivo y quienes investigan especializadamente sobre sus fundamentos y eficacia. “Esta Política representa una gran oportunidad, pues implica basar la toma de decisiones de política pública en evidencia, un reto impostergable para Costa Rica”, recalcó Chaverri.
En esa dirección, Alberto Rojas subrayó la importancia de una política y de que una universidad pública, como la Universidad Nacional, se dedique a estudiar estos procesos y crear conocimiento, como parte de un trabajo articulado con la sociedad civil, con la institucionalidad pública, con personas legisladoras y diversos tomadores de decisión de políticas públicas, orientado a impulsar acciones que permitan cumplir a cabalidad los derechos de los niños, las niñas y las personas adolescentes, y promover, así, que puedan desarrollarse a plenitud.
Compromiso con las personas menores de edad
La Política Institucional de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional, aprobada por el Consejo Universitario el pasado 10 de junio, se compone de los siguientes siete ejes:
La Universidad Nacional:
- Integra, bajo una perspectiva estratégica, toda su acción sustantiva relacionada con niñez y adolescencia, fundamentada en los enfoques de Derechos Humanos, Desarrollo Humano Integral y Cultura de Paz.
- Promueve en la comunidad universitaria y nacional una cultura, conciencia y práctica de garantía de los derechos de niños, niñas y personas adolescentes, que contribuyan a asegurar el desarrollo integral de esta población.
- Estimula la producción, difusión y divulgación de conocimientos en materia de niñez y adolescencia, desde una perspectiva multi-, inter- y transdisciplinaria.
- Incentiva la vinculación, la cooperación y la articulación interinstitucional e internacional, en beneficio de niños, niñas y personas adolescentes.
- Incide en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas hacia niños, niñas y personas adolescentes.
- Fomenta el servicio comunal de sus estudiantes hacia las personas menores de edad, especialmente las más vulnerabilizadas.
- Rinde cuentas periódicamente sobre el desarrollo y concreción de esta política, a través de un órgano específico.
Esta Política fue formulada y presentada al Consejo Universitario por parte de una comisión especializada, conformada por las siguientes unidades académicas: Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA), Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión (EECR), Centro de Estudios Generales (CEG) y Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida (CIEMHCAVI).
