Un llamado al diálogo, la tolerancia entre pueblos hermanos y el respeto al derecho internacional hace el Consejo Universitario de la UNA ante el diferendo entre Costa Rica y Nicaragua.
Rechazar cualquier tipo de violación al derecho internacional, que ponga en peligro la paz y la seguridad regional y abogar por el cumplimiento de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales competentes por parte de los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, acordó el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), ante la tensión generada por el diferendo entre ambos países.
Tomado en sesión ordinaria del 25 de noviembre, el acuerdo apoya las acciones emprendidas, dentro del marco del derecho internacional, en defensa de la soberanía costarricense y los ecosistemas. A la vez, solicita a los gobiernos, dirigentes políticos, medios de comunicación y población de ambos países, que prevalezca el diálogo transparente, respetuoso y prudente.
Asimismo, se hace un hace un llamado vehemente a los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua para realicen acciones bilaterales y regionales conjuntas, que propicien un desarrollo local de las zonas fronterizas, con el fin de otorgar calidad de vida a sus pobladores, permitir un desarrollo económico social y cultural digno y garantizar la preservación del medio ambiente. Para lograr este fin, el Consejo Universitario pone a disposición las experiencias académicas de la UNA.
El acuerdo expresa la disposición de la UNA de facilitar procesos de diálogo, discusión, análisis y reflexión sobre el actual conflicto, que contribuya a alcanzar una solución acorde a nuestra forma de vida, que garanticen a ambos pueblos una convivencia de paz y armonía.
El Consejo Universitario también instó al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) a pronunciarse a favor de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, establecidos por el derecho internacional.
Con fundamento en el Tratado Cañas-Jerez (1858), el Laudo Cleveland (1888), la Convención de Límites Matus-Pacheco (1896) y las Actas Alexander (1897-1900, así como la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana (1916) y la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (2009), el Consejo Universitario reconoce que el territorio en conflicto pertenece a Costa Rica, por lo que la acción ejecutada por el gobierno nicaragüense constituye una violación a la soberanía nacional.
Además, señala que las acciones contra los ecosistemas y la ocupación realizada por el ejército nicaragüense han agravado los daños ambientales en el cauce del Río San Juan y su entorno, situación que incide negativamente en las interdependencias de las comunidades de la zona con los recursos naturales.
“Es urgente concluir el conflicto y continuar con la generación de acciones y proyectos conjuntos, para un desarrollo local de las zonas fronterizas, subraya el pronunciamiento.
Subraya, además, que Costa Rica y Nicaragua somos pueblos hermanos y vecinos, que hemos compartido y compartiremos valores, intereses y una historia común, por ende, el conflicto actual no debe exacerbar odios o violencia. “Debemos evitar reclamos y acusaciones entre las partes, y campañas en medios de comunicación y corrientes de opinión que hagan más difícil una solución pacífica y apegada al Derecho Internacional”, señala el acuerdo del Consejo Universitario.
