Incluir a las universidades en esta ley no le genera ningún ahorro al Estado ni una reducción del déficit fiscal, a menos que se continúe violentando la Constitución Política.
Por: Roxana Morales Ramos Economista y Vicerrectora de Administración UNA.
¿Incluir a las universidades públicas en la Ley marco de empleo público contribuye con la reducción del déficit fiscal? ¿Esta ley genera un ahorro para las universidades?
La Ley marco de empleo público (expediente 21.336) NO le genera ningún ahorro al Estado y menos una reducción del déficit fiscal.
Pretender incluir a las universidades en la ley marco de empleo público con el objetivo de reducir el déficit fiscal es totalmente equivocado. La Constitución Política establece:
Artículo 85. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.
El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
Por su parte, la Constitución Política establece en su art 78, reformado en el 2011, que el Gasto Público en Educación, incluida la Superior, no podrá ser inferior al 8% del PIB. Y más bien, con la reciente actualización del año base (2017) del PIB que realizó el BCCR se determinó que el PIB resultó mayor, en cerca de un 3.5%, al que se había estimado con la metodología anterior, por lo que el presupuesto asignado a la Educación más bien debería aumentar para cumplir con lo establecido constitucionalmente.
¿Pretende el gobierno también incumplir este artículo de la Constitución? ¿Incluye el Gobierno en sus cálculos para reducir el déficit fiscal la reducción de la inversión en educación?
En el 2011, la Ley N° 8954 modificó el artículo 78 de la Constitución Política y actualmente dice: “La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación. En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% anual del producto interno bruto […]”
¿Genera un ahorro para las universidades?
Esto no es posible determinarlo, más bien en el corto plazo podría generar un aumento en el gasto debido a que no se conoce el nivel de salarios que se establecería para cada tipo de puesto, y si estos resultan superiores a los establecidos actualmente -lo que probablemente suceda en algunas categorías-, las nuevas contrataciones y muchas personas funcionarias actuales que podrían voluntariamente acogerse al salario único, presionarían más bien hacia el alza el costo de la planilla.
Este mayor costo sería difícil de cubrir, sin afectar la acción sustantiva de las universidades, debido a las restricciones impuestas por el Título IV de la ley 9635 (Regla Fiscal), que pone límites al gasto corriente este año y, a partir de 2022, al gasto total de las instituciones públicas.
Por ende, al no tenerse definidos los montos de los salarios que se establezcan en el nuevo esquema de remuneraciones, es imposible determinar eventuales ahorros o eventuales incrementos en el gasto de las universidades producto en el corto plazo.
En resumen, incluir a las universidades en esta ley no le genera ningún ahorro al Estado ni una reducción del déficit fiscal, a menos que se continúe violentando la Constitución Política.
Finalmente, es importante aclarar que esta lucha no es para defender privilegios ni altos salarios, somos conscientes de que a lo interno debemos realizar muchos cambios que aseguren la calidad de la educación y la sostenibilidad financiera.
Esta lucha es para defender la Constitución Política, el Estado Social de Derecho, la Autonomía Universitaria y evitar que la clase política de turno sea la que defina, con sus intereses particulares, el accionar de las universidades, afectando la libertad de cátedra, principio fundamental de la enseñanza universitaria.
Foto: Roxana Morales, economista y vicerrectora de Administración Universidad Nacional (UNA).
