La falta de respuesta adecuada a demandas sociales destaca entre las decisiones inapropiadas que impiden que la crisis gubernamental ceda, según balance político realizado por el sociólogo Carlos Carranza, del proyecto Análisis de Coyuntura.
“Partimos de que la administración Chinchilla Miranda es un gobierno sin decisiones apropiadas”, afirmó Carlos Carranza, del proyecto Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), al hacer un balance político de la actual administración.
Reconocido –incluso por el informe Estado de la Nación- como el periodo de más movimientos sociales, que van desde la lucha contra el maíz transgénico y el conflicto entre taxistas y porteadores hasta protestas contra el salario único y el masivo rechazo a la concesión de la carretera San José-San Ramón, el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla Miranda se ha caracterizado –según el analista- por el escaso análisis político de problemas complejos, lo que ha permitido que éstos degeneren en “situaciones límite” como paros o toma de calles y en enfrentamiento permanente con diferentes grupos.
Aunque a un año de terminar funciones hay señales de un cambio de tono hacia el diálogo, que arranca con reuniones entre la presidenta de la República y los jefes de las distintas fracciones parlamentarias, lo cierto es que hasta ahora dos elementos han marcado la tónica del gobierno: silencios o pausas e indefinición de los voceros y de la Presidencia en diferentes situaciones.
“Cuando uno espera que haya un pronunciamiento más claro, más oportuno, lo que uno encuentra son cortes pequeños sobre temas importantes. De hecho, en el tema de la concesión de la carretera San José-San Ramón quedó muy clara esta situación”, subrayó Carranza.
Agregó el sociólogo que también en temas como la llamada “trocha fronteriza”, que requerían un mejor trabajo debido a su relación con la ética pública, el gobierno no mostró una definición adecuada.
Igualmente pertenece a lo que Carranza llama “el círculo de las decisiones no tomadas”, la falta de definición clara del Poder Ejecutivo en la crisis que hubo en su momento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
El tema del conflicto entre porteadores y taxistas no es la excepción. En esta situación –según el analista- no hubo una decisión clara del gobierno, más bien algunas medidas a muy corto plazo sin planificación alguna.
No por casualidad hay una creciente presencia de movimientos sociales diversos que presionan al estado, mientras éste no muestra capacidad de respuesta, tal como destaca el investigador de la Escuela de Sociología.
Carranza considera que la falta de definición también alcanza las políticas públicas en áreas estratégicas, donde no hay una agenda clara que contemple medidas oportunas y precisas con planificación a cierto plazo.
El caso de la infraestructura, que se convirtió en un detonante de la crisis política gubernamental, es el más ilustrativo. “La infraestructura sigue siendo el tema sin resolver que va desde la platina, pasa por la trocha y llega a su auge con la concesión de la carretera San Ramón-San José”, resalta el analista.
