La comunidad de la Universidad Nacional está a punto de lograr su objetivo de elaborar un Estatuto Orgánico práctico, flexible, ágil y con regulaciones más claras en favor de la desconcentración, al llegar el IV Congreso Universitario a su recta final.
La comunidad de la Universidad Nacional (UNA) está a punto de lograr su objetivo de elaborar un Estatuto Orgánico práctico, flexible, ágil y con regulaciones más claras en favor de la desconcentración, tal y como se lo había propuesto cuando convocó al IV Congreso Universitario.
A partir de este lunes 23 y hasta el miércoles 25 de junio los congresistas se reunirán en la IV fase, con el propósito de discutir los pocos artículos pendientes, así como las ponencias y mociones que se han presentado sobre tales artículos y otros temas.
En la elaboración de la presente propuesta de Estatuto Orgánico han participado integrantes de los estamentos estudiantil, administrativo y académico, quienes a lo largo de los 18 días en que se han realizado las sesiones plenarias, le han introducido modificaciones a la propuesta inicial que se sometió a discusión.
Con la nueva propuesta, que se aprobaría en esta cuarta fase, los congresistas estarían heredando a la Universidad una normativa más acorde con las demandadas del presente. Se ha logrado reducir en más de un 50% el actual estatuto, tras haber sintetizado algunas normas y eliminado otras, por no considerarse materia estatutaria. Pero más importante aún, se ha logrado otro de los principales objetivos: desconcentrar el ejercicio de la gestión universitaria, el cuál ahora estaría acentuado en las facultades, centros, sedes y unidades académicas, con la consecuente flexibilidad para la organización.
Entre los cambios sustantivos del nuevo estatuto, se aprobó una redefinición y ampliación de artículos sobre principios, valores y fines de la Universidad y dentro de ellos se profundizó en el principio de autonomía universitaria.
También se han replanteados ejes estratégicos para la institución. Por ejemplo, a las sedes regionales se les ha otorgado mayor desconcentración de los procesos institucionales, se les abrió la posibilidad de desarrollar la acción sustantiva en sus propias unidades académicas y de administrar su propio patrimonio y se les aprobó un representante en el Consejo Universitario.
Otro cambio trascendental será que en adelante el personal interino con al menos cinco años de nombramiento continuo y a tiempo completo podrá participar en las decisiones institucionales. Además, se acordaron los requisitos para ser electo como autoridad universitaria y se avalaron adiciones o modificaciones a los artículos relacionados con las diferentes asambleas (plebiscitaria, resolutiva y académica).
En la estructura institucional se aprobó una figura que conjunta los modelos de gobierno, gestión académica y administrativo. Y dentro de la estructura se creó la Rectoría adjunta (sustituye a la Vicerrectoría Académica), se mantuvo la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, se cambió la Vicerrectoría Desarrollo a Vicerrectoría de Administración y se crearon las vicerrectorías de Docencia, Investigación y Extensión (hoy direcciones de área).
Además, se adscribió el Área de Planificación Económica a la Rectoría, se creó la Procuraduría de la Ética, dentro de un nuevo capítulo: la rendición de cuentas, se aprobó el régimen de organización desconcentrada (TEUNA y TUA) y se simplificó la regulación sobre el régimen de impugnación, entre otros cambios.
