Consejo Universitario apoya “Gran pacto por la educación pública”

Mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-210-2023 de 22 junio de 2023, los concejales de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, en el cual brindan su total apoyo al “Gran pacto por la educación pública” y a la vez expresan el rechazo categórico a los recortes presupuestarios realizados a la educación pública integral del país.

En relación con el pacto los concejales expresaron: “Se apoya y respalda el “Gran Pacto por la Educación Pública” presentado el martes 20 de mayo por los rectores representados. Además, se llama a la comunidad universitaria para que, desde las facultades, los centros y las  escuelas, brinden todos los aportes posibles y necesario para atender la crisis educativa que atraviesa el país y garantizar la  universalidad,  pertinencia,  gratuidad  y  calidad  de  los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y de nuestra libertad política”.

Por otra parte, el Consejo Universitario de la UNA manifiesta a los costarricenses el rechazo categórico a los recortes presupuestarios realizados a la educación pública integral del país, para la inversión en niñez y adolescencia en los ámbitos de cuido, educativo y cultural, puesto que  representan un grave menoscabo no sólo a los derechos de esta población, sino también del desarrollo nacional cuya base son las personas menores de edad.

Agregan en el texto que: “Al 22 de junio de 2023, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles no ha planteado a la sociedad costarricense una estrategia real y clara para combatir la crisis educativa que el país lleva años arrastrando y se agudizó tras la pandemia de la COVID-19; esto a pesar de las evidencias presentadas en el último Informe del Estado de la Educación [2021]: “Un apagón educativo”, el cual es el resultado de rezagos y problemas históricos no resueltos antes de la pandemia, a los cuales se les suman los efectos de la emergencia sanitaria y las rigideces institucionales para responder con eficiencia”.

ACUERDO COMPLETO:

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO

UNA-SCU-ACUE-210-2023

22 de junio de 2023

Señores

Comunidad Nacional y Universitaria

Estimadas señoras y estimada comunidad:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 6, inciso 6.1 de la sesión ordinaria celebrada el  22 de junio de 2023, acta n^o  31-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

APOYO AL PACTO PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

“Una inversión en conocimiento paga el mejor interés”., Benjamin Franklin.

CONSIDERANDO:

1. La educación es un derecho humano fundamental, medio para mejorar la condición de bienestar social así como un pilar determinante que genera movilidad social y conlleva a sacar de la pobreza a las poblaciones con mayor vulnerabilidad socioeconómica, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible para el país.
2. La educación es una de las herramientas más potentes para garantizar que un pueblo luche por sus derechos humanos fundamentales con una actitud cívica y democrática, y ejerza sus obligaciones con la sociedad costarricense, en un marco de respeto hacia la dignidad humana, desde una conciencia crítica y propositiva.
3. La inversión más sostenible para el desarrollo, crecimiento y prosperidad de un país es la educación.
4. Costa Rica se comprometió al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Asamblea Legislativa desde 1990, cuyo artículo 4 establece que los estados que la conforman: “adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan”.
5. Al 22 de junio de 2023, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles no ha planteado a la sociedad costarricense una estrategia real y clara para combatir la crisis educativa que el país lleva años arrastrando y se agudizó tras la pandemia de la COVID-19; esto a pesar de las evidencias presentadas en el último Informe del Estado de la Educación [2021]: “Un apagón educativo”, el cual es el resultado de rezagos y problemas históricos no resueltos antes de la pandemia a los cuales se les suman los efectos de la emergencia sanitaria y las rigideces institucionales para responder con eficiencia.
6. La política de asignación presupuestaria que han venido desarrollando los gobiernos de turno en materia de educación pública, desde el mismo presupuesto nacional, no responde a las necesidades e intereses de un pueblo culto y democrático como el costarricense.
7. Al sistema educativo nacional, caracterizado por los serios problemas estructurales, le urgen políticas formuladas con sustento técnico y científico-académico, las cuales son necesarias para asegurar las mejores prácticas pedagógicas.
8. La ministra Ana Catalina Müller Castro, jerarca responsable de la educación pública costarricense, permitió el recorte de 3.200 millones de colones del Ministerio de Educación Pública (MEP) para trasladarlos al Ministerio de Seguridad Pública y así financiar parte del programa “Costa Rica Segura”, a pesar de conocer las múltiples necesidades y rezagos en todo el país, que requieren inversión de recursos para mejorar las condiciones educativas.
9. Se apoya y respalda el “Gran Pacto por la Educación Pública” presentado el martes 20 de mayo por los rectores representados. Además, se llama a la comunidad universitaria para que, desde las facultades, los centros y las  escuelas, brinden todos los aportes posibles y necesario para atender la crisis educativa que atraviesa el país y garantizar la  universalidad,  pertinencia,  gratuidad  y  calidad  de  los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y de nuestra libertad política.
10. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional aprobó, el 10 de junio de 2021, su propia Política Institucional de Niñez y Adolescencia, en la cual se compromete, entre otras acciones, a promover “en la comunidad universitaria y nacional una cultura, conciencia y práctica de garantía de los derechos de niños, niñas y personas adolescentes, que contribuyan a asegurar el desarrollo integral de esta población”; por tanto, la educación es un derecho fundamental basado en la formación integral del individuo desde sus etapas de niñez hasta la adultez.
11. Los estudios del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional han documentado de diferentes formas el alto valor que tiene la inversión pertinente y oportuna en niñez y adolescencia para el desarrollo humano integral, así como el grave daño que implica el dejar de hacerlo.
12. El derecho a una formación universitaria de calidad para el pueblo costarricense depende del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), dinero que el Estado debe distribuir cada año, por mandato constitucional, entre las universidades públicas: Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), universidad Técnica Nacional (UTN).
13. Estamos enfrentando un momento histórico que exige un análisis profundo de la agenda educativa y los objetivos que como país queremos alcanzar para asegurar el desarrollo social anhelado.
14. Los modelos educativos han perdido legitimidad por su falta de pertinencia ante las demandas de significancia que retan a la sociedad del conocimiento de forma integral.
15. Las ofertas educativas del sector público y en todos sus niveles de formación requieren de los recursos necesarios para  asegurar calidad, pertinencia, competitividad y sostenibilidad.
16. La visión de educación superior a la cual siempre hemos aspirado como nación, es un elemento estratégico que no debe girar en torno al mercado laboral donde se concibe el empleo como una mercancía únicamente, sino a la transformación del pensar y actuar como producto del desarrollo de un amplio rango de competencias y habilidades integrales que permitan contribuir a la resolución de los problemas sociales en beneficio de la colectividad y la competitividad como país en mundo globalizado.
17. La marcha: “Pacto por la Educación Pública”, del 20 de junio de 2023, convocada por universidades públicas, federaciones estudiantiles y sindicatos del sector educación, donde estos sectores representativos de la sociedad costarricense exigen al Gobierno de la República de Costa Rica que garantice, en el próximo presupuesto nacional, el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública del país: Ministerio de Educación Pública e instituciones de educación superior, según lo ordena la Constitución Política, pues la educación nacional se concibe como un proceso transversal, sistemático y concatenado que amerita una visión integral, y no así como ha motivado la ministra de educación en hacerle creer a la sociedad costarricense que la educación debe de verse de forma fraccionada y de competencia entre los distintos niveles educativos que componen nuestro sistema de educación público.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional manifiesta a la sociedad costarricense:

1. Su rechazo categórico a los recortes presupuestarios realizados a la educación pública integral del país, para la inversión en niñez y adolescencia en los ámbitos de cuido, educativo y cultural, puesto que representan un grave menoscabo no solo a los derechos de esta población, sino también del desarrollo nacional cuya base son las personas menores de edad.
2. Su oposición a que al Gobierno de la República considere la educación como gasto y no como inversión y que deje de lado la evidencia científica para fundamentar y basar la toma de decisiones en materia de política pública; por lo tanto, se exige un cumplimiento de los compromisos jurídicos irrenunciables del Estado costarricense en su accionar en el marco del respeto a la Constitución Política.
3. La postura de nuestra institución como rol estratégico del Estado, el cual está definido por su capacidad para organizar la concertación nacional, promover la discusión estratégica, evaluar resultados y actuar allí donde su presencia sea necesaria para garantizar el respeto a las decisiones del pueblo.
4. Su deber como casa de estudios a nivel superior público de manifestar su preocupación con respecto a varias situaciones relacionadas con las últimas decisiones de la presidencia de la República, así como la jerarca del Ministerio de Educación Pública, la Sra. Ana Catalina Müller, quien ha promovido grandes recortes y reducciones presupuestarios que está realizando el gobierno de la República de Costa Rica, a las becas educativas del Programa Avancemos, a los cupos de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), al presupuesto de la educación (llevándolo por debajo del mandato Constitucional del 8% del Producto Interno Bruto) y al presupuesto en cultura.

“La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma”. Jhon Dewey

Atentamente,

Dra. Jeannette Valverde Chaves

Presidenta del  Consejo Universitario-UNA